POR KIMBERLY LÓPEZ
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La procuradora Annabella Morfín, informó respecto a los detalles del acuerdo al que la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la compañía holandesa APM Terminals llegarían tras la firma del contrato anómalo con la Terminal de Contendedores Quetzal (TCQ).
Según los términos del acuerdo, la empresa holandesa deberá pagar al Estado guatemalteco un total de 43.2 millones de dólares.
De manera desglosada, Morfín explicó que el Estado recibirá 32.7 millones de dólares como una reparación civil. Adicional a ese monto, también deberá recibir 10.5 millones de dólares que la empresa se obligaría a invertir a razón de 500 mil dólares anuales en beneficio de los municipios de Escuintla. Esto, en concepto de responsabilidad social empresarial.
Luego de semanas de analizar la situación del contrato y las opciones para llegar a acuerdos con los personeros de APM, Morfín informó en conferencia de prensa que ya se encuentra listo el documento para desistir de la excepción de incompetencia que se había interpuesto dentro del juicio de nulidad.
COMPROMISOS DE EPQ
El acuerdo en mención compromete a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) a solicitar que por el conducto del presidente del Organismo Ejecutivo se presente una iniciativa para otorgar una concesión directa a favor de TCQ, partiendo de los antecedentes del caso.
La procuradora anunció que la concesión sería hasta por 21 años y dijo que en dicho memorándum también se consigan las obligaciones de APM Terminals para separar y seguir separando a los funcionarios y consultores de la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) que participaron y tenían conocimiento de actividades delictivas destapadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público.
Sin embargo, Morfín aclaró que dicho contrato quedaría sin validez “si en algún momento llegara a demostrarse que APM tenía conocimiento previo de los sobornos señalados por el Ministerio Público”.
