POR KIMBERLY LÓPEZ
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Una serie de críticas y rechazos ha recibido el proyecto presupuestario presentado por el Organismo Ejecutivo. Mientras las autoridades de Finanzas apuestan por un aumento drástico en los ingresos para el Estado, analistas y diputados cuestionan el uso que las autoridades darían a los recursos públicos, así como los medios que utilizarían para obtenerlos.
El presupuesto es la estimación de los ingresos y gastos del Estado para financiar las necesidades básicas de la población. Para las autoridades de turno, parte de esas necesidades podrían suplirse en el 2017 con Q79 mil 830 millones. Todos estos recursos provendrían de la recaudación tributaria, ingresos propios, donaciones y una criticada cantidad de préstamos y emisión de bonos.
En los últimos tres años, el presupuesto anual del Estado no había tenido mayores variaciones; sin embargo, esta vez el Ministerio de Finanzas planteó un aumento del 12 por ciento con respecto al presupuesto vigente. La pregunta que surgió entre tanques de pensamiento y diputados es cómo financiar un presupuesto de esa magnitud y cómo fiscalizarlo para asegurar que los recursos lleguen a donde se debe.
¿CÓMO FINANCIAR EL PRESUPUESTO?
El presupuesto se podría financiar con recursos públicos, por ejemplo: la recaudación tributaria e ingresos no tributarios; sin embargo, en vista de la poca capacidad de recaudación del Estado, se hacen necesarias otras fuentes de financiamiento que permitan dar cumplimiento al gasto y atender las demandas de la población. Con ese argumento, el Minfin incluyó un porcentaje importante en Bonos del Tesoro y préstamos.
Según la propuesta presentada por el Minfin, el presupuesto se desglosaría de la siguiente forma:
Los ingresos tributarios (Q57 mil 994.8 millones) financiarán el 72.6 por ciento del presupuesto.
De esos ingresos, los más representativos son el Impuesto Sobre la Renta (ISR), de Solidaridad (ISO) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en conjunto conforman el 77.5 por ciento del total de los ingresos tributarios.
Los ingresos no tributarios (Q4 mil 390.5 millones) serán equivalentes al 5.5 por ciento del total del presupuesto.
Entre los principales organismos donantes se encuentran el Gobierno de la República de China con el 27.1 por ciento; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un 22.2 por ciento; la Comunidad Europea (UE) y el Banco Alemán Gubernamental Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KWF) con el 17 y el 13.9 por ciento, respectivamente.
Además, se incluyen préstamos externos por Q3 mil 530.7 millones, equivalentes al 4.4 por ciento del Presupuesto de Ingresos.
Entre los principales organismos financiadores se encuentran el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que representa el 46.6 por ciento del total de préstamos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el 27.5 por ciento, el Banco de Desenvolvimiento Económico que representa el 9.1 por ciento y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional con 5 por ciento.
Los préstamos se destinarán para financiar programas y proyectos de salud pública, educación, sector justicia, infraestructura vial, competitividad y desarrollo rural.
También se contemplan Q13 mil 73.4 millones por la colocación de Bonos del Tesoro, que representa el 16.4 por ciento del presupuesto de ingresos.
Los bonos se utilizarían para financiar el programa de Aporte Economice del Adulto Mayor, Plan de Reparación de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, equipamiento del Ministerio Público, programas de reforestación, subsidio de transporte urbano, clases pasivas de civiles del Estado, seguridad ciudadana, infraestructura vial, aporte al Instituto de Previsión Militar, Bomberos Voluntarios, Organismo Judicial, Universidad de San Carlos y pago de servicios de la deuda pública.
Los saldos de caja ascienden a Q835 millones, el 1 por ciento del presupuesto de ingresos.
LAS CARTERAS MÁS BENEFICIADAS
En cuanto a los gastos públicos, la propuesta es destinar el 83.8 por ciento de los recursos en funcionamiento e inversión, es decir, Q66 mil 881 millones. Y para la deuda pública Q12 mil 949 millones, es decir, el 16.2 por ciento
Cuando el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, presentó los detalles del presupuesto aseguró que en la forma en que se planificó el destino de los recursos quedaron claras las prioridades de la gestión: salud, educación, seguridad y justicia.
Para el próximo año, uno de los ministerios con mayor diferencia con respecto al presupuesto aprobado para 2016 y el recomendado para el próximo año es el Ministerio de Comunicaciones, que recibiría Q1 mil 878 millones más.
El segundo puesto en ese orden de prioridades lo ocuparía el Ministerio de Salud, con un aumento presupuestario de Q1 mil 287 millones. El Ministerio de Educación recibiría Q969 millones más.
El próximo ministerio en esa lista es el de Gobernación, con Q892 millones adicionales a lo presupuestado en 2016.
Para el Ministerio Público (MP) también se proyectó un aumento. Dicha entidad ha presentado problemas para costear sus gastos administrativos y dificultades mayores para pensar en ampliar su cobertura a nivel nacional y hacer inversión.
Para el próximo año, el MP recibiría solo Q292 millones adicionales, puesto que se pretende un presupuesto de Q1 mil 792 millones, mientras que para este año le fueron asignados Q1 mil 500 millones.
LAS CARTERAS MENOS BENEFICIADAS
En cambio, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Energía y Minas, Trabajo y Previsión Social, Finanzas y Defensa Nacional serían las menos beneficiadas.
El Ministerio de Ambiente, no obstante, es una de las carteras que más dificultades ha tenido este año por falta de recursos. En declaraciones, el ministro Sydney Samuels ha dicho que en algún momento la cartera dejó de hacer denuncias a empresas que desviaban ríos por la falta de recursos para hacer monitoreo, visitas y evaluaciones en áreas del país, porque este tipo de procesos tenían un costo elevado que la cartera no podía pagar.
NEGATIVA DEL CONGRESO
Pese al optimismo del Ejecutivo, la respuesta del Legislativo no fue la esperada frente a la propuesta presentada.
El presupuesto debería ajustarse a Q75 mil millones, según diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El diputado Carlos Barreda explica su oposición diciendo que como bancada no ven justificable que el Ejecutivo pida un gasto público por arriba de los Q79 mil millones, cuando los niveles de ejecución presupuestaria en el primer año de gobierno del presidente Jimmy Morales no superan el 57 por ciento.
En respuesta a esto, Estrada asegura que la baja ejecución presupuestaria que ha afectado a algunos ministerios es característica del primer año de todos los gobiernos. Los motivos, según el Ministro, son que toma un tiempo que las nuevas autoridades se acoplen al cambio de planes y desarrollen sus equipos de trabajo.
Estrada aseguró que la ejecución de esta administración supera a la del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y a la de la Gran Alianza Nacional (Gana), y es similar a la del Gobierno del Partido Patriota (PP) y a la de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Otra de las críticas expuestas por los diputados es que el presupuesto se planteó con la idea de llegar a la meta de recaudación tributaria sobre la base de intervenciones judiciales, cuando estas son ingresos variables.
El proyecto de presupuesto también debería modificarse porque en este se estima un endeudamiento de Q17 mil millones, de estos, Q13 mil millones son a través de Bonos del Tesoro, y según Barreda, no se puede financiar un gasto público con una carga de deuda tan elevada.
Otra razón de por qué la propuesta del Minfin debe ajustarse, a criterio de la UNE, es porque dentro del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones se incluyó una asignación de Q1 mil 800 millones destinados a proyectos que no pueden ejecutarse, luego de que quedaron paralizados por distintos hechos de corrupción, como es el caso de Conasa y Sigma Constructores. Estos fondos, a decir de Barreda, son un “cheque en blanco”.
Por último, la UNE cree necesario modificar el proyecto de presupuesto porque no existen controles ni normas de transparencia que garanticen el buen uso de los recursos públicos.
El Ministro de Finanzas no descartó que la cartera que dirige haga algún cabildeo con las diferentes bancadas en busca de apoyo al presupuesto.
En tanto, la Comisión de Finanzas hará en los próximos días la invitación a los jefes de bloque para que participen en la discusión del presupuesto. Esa sala analiza la viabilidad de hacer reformas a la Ley de Consejos de Desarrollo con la que se busca eliminar la figura de los Gobernadores en la ejecución de las obras para el próximo año.
SIN MEDIDAS DE TRANSPARENCIA
Otro de los señalamientos que rechazan la propuesta del Ejecutivo tiene que ver con la falta de controles de transparencia y calidad de gasto.
A decir de analistas, esta propuesta se queda corta en cuanto a medidas de transparencia y calidad de gasto. Principalmente, cuando la Contraloría General de Cuentas (CGC) se ha mostrado ineficiente en su papel fiscalizador.
Según el analista y economista de la Universidad Rafael Landívar, Erick Coyoy, el presupuesto no contempla medidas específicas que propicien la transparencia.
“Hay legislación vigente que norma el uso transparente de los recursos, pero no se cumple”, apunta Coyoy. Adicional a esto, explica, la CGC no cumple su papel en controlar y fiscalizar el gasto, de tal forma que resulta incierto el destino de los recursos.
Por otro lado, indica que el presupuesto tampoco aborda medidas contra el derroche de recursos en el rubro de gastos no prioritarios.
“Las entidades disponen de los recursos y no hay medidas para dar seguimiento a qué hacen los funcionarios con los recursos”, explica.
Coyoy asegura que no se incluyeron normas en torno a reformas en los procesos de las compras y contrataciones del Estado, en vista de que la ley que se refiere a eso sigue engavetada en el Congreso.
Por su parte, Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), opina que el hecho de que los recursos que ingresarán a través de los Bonos del Tesoro no tengan un destino específico, es preocupante.
El analista explica que ha quedado en evidencia el hecho de que la CGC no es una entidad eficaz para identificar anomalías en el gasto público y cuando los recursos no tienen un destino claro es alta la probabilidad de que se desvíen los recursos.
FINANZAS RESPONSABILIZA A LA CGC
Estrada sostiene que la propuesta presupuestaria no puede asumir la responsabilidad que debería cumplir la Contraloría.
Según explica, dicha institución debería jugar un rol activo en el proceso de fiscalización, pues el presupuesto no puede tomar ese papel. A modo de sugerencia, el ministro aseguró que deberían hacerse auditorías más concurrentes, revisar los planes de adquisiciones y compras de instituciones a principios de año para acordar procesos y mecanismos.
El titular de las Finanzas Públicas sostiene que se tomaron en cuenta medidas como la ejecución por resultados a nivel de insumos y centros de costo, el código georreferencial del Sistema Nacional de Inversión Pública con seguimiento geoespacial y cámaras, una profundización y rectoría de clasificadores temáticos, normas específicas para fideicomisos y registro de deuda, así como normas especiales para viabilizar el mantenimiento de edificios escolares y centros de salud.
