POR GRECIA ORTÍZ
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El director del Centro de Estudios Urbanos (Ceur) José Florentín Martínez, expresó en una entrevista a La Hora que en el país no existe un manejo adecuado de situaciones de riesgo pues no existe prevención, por lo que destacó la importancia de reformar el papel de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
¿En qué consiste el plan de ordenamiento territorial?
En el país realmente muy pocas municipalidades han implementado su plan de ordenamiento territorial. El decreto 12-2012, que es el código municipal que después tuvo reformas, faculta a las municipalidades para implementar sus planes de ordenamiento territorial de acuerdo a las propiedades del suelo.
Nosotros sabemos que sobre el territorio se realizan actividades económicas y de población, entonces el gobierno local, que es el que está más cerca de la población, a través de los instrumentos jurídicos, debe hacer prevalecer y asignar los usos más adecuados para el territorio.
La ocupación del suelo se puede hacer en diferentes vías: La tradicional es que se ve el mercado de oferta de viviendas, el mercado mobiliario, es decir, el que provee casas y lo está haciendo pero están dedicadas a las personas que tienen recursos. ¿Pero qué pasa con la población que no alcanza esos niveles de ingresos? Ellos se dedican a buscar una alternativa porque tienen que buscar en donde vivir y entonces muchas veces encuentran ofertas de terrenos que no tienen las condiciones.
La práctica del ordenamiento territorial no es frecuente en Guatemala, se hace necesaria una ley de ordenamiento territorial, una ley general para que las municipalidades establezcan planes de ordenamiento.
¿Qué aspectos deberían indicar inestabilidad en suelos?
Podría ser que las pendientes no sean demasiado altas, por ejemplo, visitamos un lugar que está a la par del puente El Incienso, por allí hay un asentamiento cercano a las torres de transmisión eléctrica, entonces ese terreno en la parte alta no tenía tanta pendiente, como algunas familias se corrieron se produjeron algunos derrumbes que cubrió algunas viviendas. Esas características se deben tomar en cuenta, porque no hay que elegir una pendiente alta.
Hay que recordar que nuestro país es altamente sísmico, y varias áreas son atravesadas por fallas geológicas, hay que mencionar que muchas veces también no se recurre a un profesional para elaborar la construcción, sino que se autoconstruye y eso provoca más riesgos ante una lluvia intensa o temblor.
¿Qué lugares son considerados como de riesgo para construir una vivienda?
Por ejemplo las altas pendientes, los lechos, lugares cercanos a ríos, a océanos. Muchas personas acceden a terrenos que no poseen las condiciones, esas son las condiciones propias de las personas. Pero hay fenómenos de carácter extraordinario como los meteorológicos, como lluvias intensas o prolongadas que muchas veces rebasan la capacidad del suelo.
¿Quién debería ser el responsable de controlar que las construcciones no sigan en lugares considerados de riesgo?
Aquí tenemos un problema, en primer lugar son las municipalidades las que están facultadas para autorizar las construcciones y generalmente todas emiten una licencia de parte de la municipalidad, y para eso están los reglamentos de construcción y también la Conred que está para prevenir riesgos. Pero hace falta modificar unas normas porque pueden emitir un dictamen que declare inhabitable un lugar, pero eso no tiene carácter vinculante porque no está facultado para desalojar a las personas, solo llegan a hacer una sugerencia.
¿Se debe reformar el papel de Conred, a partir de los incidentes que han ocurrido?
Es necesario promover cambios a la Ley de Conred para una acción conjunta, para que puedan efectuar acciones de prevención de riesgo. Ellos se quedan en la asistencia o en algunas acciones de prevención de riesgos y ese es el problema. Es necesario hacer una reforma, y desde aquí de la Universidad se hará los planteamientos necesarios. El año pasado, a raíz de lo ocurrido en el Cambray II, se prometió que se trabajaría en hacer una propuesta a la Ley de Conred para que las funciones sean complementarias.
¿A cuáles riesgos se enfrentan quienes viven en lugares que son declarados de riesgo?
Ellos están ocupando terrenos, que probablemente no tienen dueño, o puede ser el Estado o la municipalidad. Naturalmente aumentan la probabilidad de que durante los eventos mencionados ocurran situaciones, y que de hecho han ocurrido, pero cuando uno pregunta que si tienen conocimiento de habitar estos lugares y muchos conocen el riesgo, responden que no tienen otras alternativas. En otros países el Estado es promotor de modelos habitacionales para determinado grupo de población, en otros lugares hay proyectos de vivienda de carácter social, pero aquí dejó de estar activo el Banvi y dio paso al Fondo Guatemalteco de la Vivienda que lo único que daba era un terreno para la vivienda.
¿Han logrado las autoridades dar una correcta atención al tema de la prevención?
Es un déficit que se tiene actualmente, las instituciones son reactivas, porque actúan después de los hechos porque se habla de que existen alrededor de 200 a 300 asentamientos precarios urbanos y muchos de ellos viviendo con familias en situaciones de alto riesgo. Lo que se necesitaría es una reubicación y una disponibilidad de áreas, así también para viviendas mínimas y esas son limitaciones.
“La práctica del ordenamiento territorial no es frecuente en Guatemala, se hace necesaria una ley de ordenamiento territorial, una ley general para que las municipalidades establezcan planes de ordenamiento”.
“Es necesario promover cambios a la Ley de Conred para una acción conjunta, para que puedan efectuar acciones de prevención de riesgo. Ellos se quedan en la asistencia o en algunas acciones de prevención de riesgos y ese es el problema”.
JOSÉ FLORENTÍN MARTÍNEZ –CEUR-
