POR REDACCIÓN LA HORA
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Aunque el Ministerio Público (MP) y/o la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han dado grandes golpes en contra de la impunidad con la investigación de casos de corrupción al más alto nivel, pero en el Organismo Judicial los casos se estancan por diversas razones, provocando retardos en las justicia.
Corrupción, litigio malicioso, complicación de los expedientes por el uso de recursos legales, mora judicial, etcétera. Los motivos que mantienen en impunidad a los siguientes casos de alto impacto son diversos, pero tienen en común que hasta hoy el sistema de justicia no ha podido dar una solución para que puedan agilizarse.
CASO BANCAFÉ: 10 AÑOS ESPERANDO JUSTICIA
Este año, tras varias apelaciones de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por fin ordenó trasladar el caso por la estafa del Banco del Café (Bancafé) al Juzgado B de Mayor Riesgo.
Una parte del expediente, en contra de los exdirectivos del Grupo Financiero El País: Ariel Camargo Fernández, Celeste Aída Desirée Soto Vetorazzi y Jorge Alfredo González Castillo, ya se encuentra en etapa de juicio en el Tribunal Undécimo del Ramo Penal.
En tanto, el proceso contra el resto de sindicados continúa estancado en la etapa intermedia, debido a varias acciones legales interpuestas por el MP y los abogados defensores.
Según la acusación de la Fiscalía, los exdirectivos del banco transfirieron ilegalmente 200 millones de dólares hacia la offshore Bancafe International Bank, entre los años 1997 a 2006.
El ente investigador estima que las víctimas de la estafa ascienden a 3 mil 336 personas, entre cuentahabientes e inversionistas.
CASO BANCOMERCIO: 9 AÑOS ESPERANDO JUSTICIA
Las investigaciones del MP indican que los exdirectivos del Banco del Comercio trasladaron ilegalmente los fondos hacia instituciones que no son fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, forzando así al cierre de la empresa y estafando a unas 6 mil personas por aproximadamente Q1 mil 680 millones.
Los querellantes adhesivos en el caso han solicitado en varias ocasiones a la fiscal general, Thelma Aldana, que agilice los procesos de captura en contra de los directivos de la entidad bancaria, quienes se fugaron hace más de ocho años.
Señalaron que, pese a lo expuesto en las audiencias, los fiscales aún no han realizado ninguna pesquisa para dar con el paradero de los implicados: Carlos Enrique Lowental Arceyuz, Jorge Ibarra Rivera Iglesias, Claudia María Robles Morales y Berta Mireya Fuentes Putzeys.
El caso ha sido olvidado, al punto que el exsuperintendente de bancos, Willy Waldemar Zapata Sagastume, sindicado en 2008, ni siquiera ha enfrentado audiencia de primera declaración por varios recursos interpuestos por su defensa. En tanto, Jorge Alfredo Sactic Estrada, exmandatario del Banco, sigue sin enfrentar juicio.
CASO MDF: 8 AÑOS ESPERANDO JUSTICIA
La audiencia de apertura a juicio en contra de tres personas señaladas por el Ministerio Público de integrar una estructura de corrupción que desvió Q82.8 millones de quetzales del Congreso, tiene casi un año de retraso debido a “una gran cantidad de apelaciones de la defensa de los sindicados”, señaló el fiscal del caso, Gerson Alegría.
En esta audiencia, el Ministerio Público (MP) solicitaría que los sindicados José Benvenuto Conde, exdirector financiero del Organismo Legislativo; Byron Sánchez Corzo, exsecretario de la Presidencia del Congreso, y Gianni Giuseppe Fuentes, ejecutivo de Banco Uno, fueran enviados a juicio por el desfalco millonario.
Según los fiscales del caso, Banco Uno, permitió la creación de cuentas monetarias a nombre de Sánchez Corzo, quien dio la autorización de trasladar los fondos del Congreso hacia la cuenta de la casa de bolsa Mercados de Futuro S.A. (MDF), sin autorización de autoridades del pleno del Congreso.
El MP señaló que el dinero fue invertido en una cuenta bancaria en Estados Unidos y posteriormente se repartió a otras cuentas en Panamá.
De acuerdo con uno de los fiscales del caso, Banco Uno permitió el traslado de los fondos hacia la bolsa MDF.
CASO DESFALCO DEL MINDEF: 15 AÑOS ESPERANDO JUSTICIA
En fecha reciente, la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó abrir juicio a Enrique Ríos Sosa, hijo del exjefe de Estado José Efraín Ríos Montt, y ocho militares más por el desfalco de Q471 millones del Ministerio de la Defensa Nacional en el 2001, durante el gobierno de Alfonso Portillo, entre ellos Napoleón Rojas y Jacobo Salán Sánchez.
Esto después de que en 2013, el juez décimo, Walter Villatoro, exculpó a los sindicados aduciendo que las pruebas que la fiscalía presentó en el caso eran las mismas que se utilizaron en el juicio por peculado contra el expresidente Alfonso Portillo, a quien el Tribunal Undécimo Penal absolvió de los cargos.
La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Sala Primera emitir la resolución mencionada en octubre de 2014, pero no fue sino hasta la semana pasada que se cumplió con la orden debido a que varios magistrados, de la Corte de Apelaciones anterior y actual, se excusaron de conocerla.
El MP y la CICIG señalan a los militares de participar en el desvío de Q471.5 millones de los fondos del Ministerio de la Defensa. Las investigaciones indican que el dinero fue trasladado a cuentas de particulares a través de 74 certificaciones financieras emitidas de enero a diciembre de 2001, las cuales fueron calificadas como secreto de Estado para evadir la fiscalización.
En ese entonces Ríos Sosa, hijo del exjefe de facto, Efraín Ríos Montt, fungía como Jefe del departamento de finanzas del Ministerio de la Defensa.
CASO MITZIE SÁNCHEZ Y CASO SIEKAVIZZA: 3 Y 5 AÑOS ESPERANDO JUSTICIA
En noviembre de 2014 el Juzgado Pluripersonal de delitos de Femicidio decidió enviar a juicio a Banny Zambrano Llamas, acusado por el asesinato de su esposa, Mitzie Sánchez Makepeace, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de un vehículo abandonado en la zona 4 capitalina. Casi dos años después, todavía no hay fecha para el inicio del juicio.
De acuerdo con Nery Baten, de la Fundación Sobrevivientes, antes de programar el debate, la Sala de Apelaciones de Femicidio debe resolver una solicitud del acusado para separar a dicha organización como querellante en el proceso.
El hecho ocurrió en de acuerdo con la fiscalía, la pareja tenía antecedentes de violencia intrafamiliar y meses antes del hecho, ambos contrataron un seguro de vida por $375 mil, lo cual podría haber motivado el crimen.
En tanto, el Caso Siekavizza, tras cinco años de espera, irá a juicio en 2017, debido a la saturación de procesos en los tribunales de Mayor Riesgo.
Roberto Barreda, esposo de Cristina Siekavizza, fue detenido en 2013, por el femicidio de su cónyuge y su madre fue capturada dos años antes, en 2011; sin embargo el caso avanzó con lentitud por los recursos interpuestos por la defensa.
Además, la Fundación Sobrevivientes ha denunciado la influencia de la acusada, quien fue magistrada presidenta de la CSJ, en el caso, para procurarse impunidad.
Según la fiscal general, Thelma Aldana, el delito más denunciado en el país es el de violencia contra la mujer, pero solamente un pequeño porcentaje es resuelto.
De los 50 mil 20 casos de violencia contra la mujer registrados por el MP en 2015, solo 1 mil 293 terminaron en una acusación, 246 fueron resueltos por vías alternas y 135 llegaron a sentencia. El sistema de cálculo del MP y la CICIG estima el nivel de impunidad de este tipo de casos en un 99.52 por ciento.
UNA DEUDA ENORME POR SALDAR
Los casos citados no son los únicos que continúan estancados en el Organismo Judicial. Un análisis de procesos realizado por las autoridades del sector reveló que la eficiencia global del sistema de justicia guatemalteco en 2015 fue de apenas 12.6%.
Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad San Carlos, explicó que los altos niveles de impunidad no es un problema que no solo involucra al Organismo Judicial, debido a la escasez de presupuesto y de personal, sino que involucra a toda la cadena de justicia.
“Estamos hablando del Instituto de la Defensoría Pública Penal, que tiene carencia de personal para asistir la demanda de representaciones. Además, el Ministerio Público apenas tiene una cobertura del 10 por ciento del territorio nacional. En cuanto al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, tuvo una sobrecarga de trabajo 70 por ciento en peritajes, es decir, prueba científica, imprescindible para presentar casos ante la justicia. Y el Sistema Penitenciario, que no cumple con su responsabilidad a causa del hacinamiento y descontrol en las cárceles”, Acuña.
Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, agregó que cada caso presenta características peculiares, pero que independientemente de ellas, es evidente el sistema de justicia penal presenta varias dificultades que al final resultan en la mora judicial.
Para la analista, a la falta de recursos y de personal indicado por Acuña, se suma la falta de carreras profesionales que fortalezcan el trabajo de jueces, fiscales y defensores.
