POR KIMBERLY LÓPEZ
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El 20 de abril, aproximadamente a las siete de la noche, tres guatemaltecos caminaban por la zona de adyacencia de Belice. Regresaban de una jornada de trabajo, con linternas en mano y un grito de alto los detuvo. Sobre lo que sucedió después existen dos versiones con un mismo final: Julio René Alvarado, de 14 años, murió tras recibir ocho impactos de arma de fuego.
Carlos Alfredo Alvarado, padre de Julio René, describió a su hijo como un joven alto y delgado, que disfrutaba de asistir a la escuela y que buscaba algo más que trabajar en el campo. Así lo dijo a los investigadores y expertos en criminalística, James Hamby y Patricia Trujillo, designados para indagar sobre la muerte del menor en la zona fronteriza entre Guatemala y Belice.
Según dijo Alvarado, su hijo terminó la escuela en octubre de 2015 y estaba dispuesto a trabajar un año en el campo para financiar la continuación de sus estudios.
El día de su muerte, Julio René no quería acompañar su padre, pero aunque al principio se rehusó, finalmente fue y llevó consigo su linterna y su mochila.
LA INVESTIGACIÓN
La muerte del menor por las Fuerzas de la Defensa de Belice (BDF por sus siglas en inglés) reavivó las tensiones diplomáticas entre ambos países: Guatemala condenó el asesinato y lo calificó como un “cobarde y desmedido” ataque del ejército beliceño. En tanto, el país vecino defendió a sus soldados señalando que se encontraban realizando labores de patrullaje cuando fueron atacados por los guatemaltecos que ingresaron a su territorio.
Días después, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció que ordenaría una investigación independiente por parte de un grupo de expertos, para analizar las circunstancias que rodearon la muerte del menor.
Para la tarea fue designado James Hamby, un científico forense de 75 años, jubilado como Agente Especial del Comando de Investigación del Ejército de los Estados Unidos. Actualmente es director del Laboratorio Internacional de Ciencia Forense y del Centro de Capacitación en Indianápolis, Indiana.
La investigación también se encomendó a la forense Patricia Trujillo Mariel, de 51 años, miembro activo de la Policía Federal de México y Jefa de Criminalística.
DOS VERSIONES, UNA CONCLUSIÓN
El informe de los expertos se presentó la semana pasada. El mismo se redactó a partir de la recolección de numerosos informes, declaraciones, entrevistas y documentos, detallan los investigadores.
Según especifica el informe, el incidente en el que murió Julio René Alvarado Ruano, y resultaron heridos Carlos Alfredo Alvarado Ramírez y Carlos Alberto Alvarado Ruano (12 años) sucedió el 20 de abril de 2016, en el área conocida como “El Sapote” en el Parque Nacional “Chiquibul”, que se encuentra a 562 metros al este de la Línea de Adyacencia de la Zona de Adyacencia de Belice.
Benjamín Cal y Darren Harrys, quienes dispararon, eran miembros de la ONG Friends for Conservation and Development (FCD). También tuvo participación en el hecho el Teniente Erwin Rodríguez, de las BDF.
La versión del padre de los dos menores es que aproximadamente a las 18:15 horas, regresaban de trabajar en territorio beliceño hacia su casa. Julio René estaba detrás de él y de su hermano menor. “Sobre una colina y antes de llegar a un campo con cultivo de maíz, aparecieron tres hombres y les dijeron: No se muevan, y enseguida comenzaron a dispararles”, relata el documento de investigación.
Alvarado dijo que corrió hacia atrás y vio a su hijo Carlos Alberto, de doce años, oculto entre las ramas. Luego vio a su hijo mayor en el suelo, se acercó a él y le dijo: “Vayamos a casa”. No obstante, se percató que este no se movía y que estaba sin vida.
Mientras Carlos Alvarado y su padre resultaron heridos, en el codo y rodilla respectivamente, Julio René Alvarado fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego y falleció en el lugar.
La versión de los involucrados beliceños varía en cuanto a la hora del hecho, pues según los tres hombres eran las 19:00 horas cuando se dio el encuentro.
El teniente Rodríguez indicó que una hora antes la patrulla que dirigía había capturado al ciudadano guatemalteco, José María Antonio Reyes y ordenó a Caal y Harrys que realizaran trabajos de seguridad en el perímetro, mientras él establecía contacto por radio con su base.
“Indicó que había redoblado la seguridad porque recientemente se habían encontrado con problemas de drogas y gente armada. Cuando logró ponerse en contacto con la base, oyó que un miembro de su patrulla dio la voz de “Alto” y escuchó disparos de un arma de fuego calibre 22. Abandonó la radio y corrió seis u ocho metros al lugar desde donde se habían escuchado los disparos y donde estaban los dos guardias. Preguntó qué había ocurrido y si estaban bien y luego comenzó a disparar “hacia la amenaza” para despejar el área. El teniente Rodríguez dijo también que él disparó nueve veces en una dirección general con su M4 5.56 y que los disparos duraron pocos segundos”, señala la investigación.
El guardabosques de FCF, Caal, expresó que junto a su compañero estaban ubicados en la entrada del camino, mirando al sur, cuando se percataron que a 5 metros de distancia avanzaba la luz de una linterna intermitente. En consecuencia, prendió su propia linterna que tiene una luz blanca y dio la voz de «ALTO», a lo que asegura, los desconocidos respondieron con disparos.
De acuerdo con Caal, dispararon sus armas porque “temieron por sus vidas y que él se encontraba aún en una posición de descanso; es decir, semisentado”.
Harrys coincidió con Caal al señalar que fueron los ciudadanos guatemaltecos los primeros en disparar. “Temiendo por su vida se echó al suelo y devolvió el fuego con dos disparos de su escopeta MOSBERG CALIBRE 12”, indica el informe.
Sobre este último aspecto, Carlos Alvarado, padre de los dos menores, ha dicho que no portaban armas y que en sus manos solo tenía una especie de vara que lo ayudaba en sus labores del campo.
Una profesora de Julio René, vecina de las víctimas, declaró que sabía que los Alvarado cazaban con trampas y no con armas, pero los investigadores destacan que se encontraron dos orificios de un arma calibre 22 en las ramas de un árbol, cuya posición indica que vinieron del lado de donde se encontraba el padre y sus dos hijos.
De acuerdo con las conclusiones de la investigación, se identificaron 15 orificios de bala en el cuerpo del menor: 8 de entrada y 7 de salida. De las 8 heridas de bala que recibió el cuerpo, 6 tenían una trayectoria de atrás hacia adelante y dos en el hombro izquierdo en dirección tangencial, desde el frente hacia atrás y desde la derecha a la izquierda, lo cual podría indicar que la víctima hizo un movimiento para regresar hacia atrás.
NUEVA POLÉMICA
Tras la revelación del informe, las autoridades guatemaltecas calificaron la investigación como un documento “sin validez”, ya que a su criterio carece del sustento necesario para hacer aseveraciones sobre lo acontecido.
En tanto, el Gobierno de Belice entendió el resultado de las pesquisas como una exculpación de su responsabilidad y pidió a Guatemala que se disculpara por señalar falsamente a sus ciudadanos.
Belice resalta que una de las conclusiones del informe señala que “hay pruebas de que esta no es la primera vez que Julio René Alvarado Ruano había estado en Belice”.
Según autoridades de las FCD, Julio René había sido detenido el 2 de marzo de 2016, por personal de las BDF-FCD a aproximadamente 100 metros dentro de la zona de adyacencia administrada por Belice. D e acuerdo al reporte de arresto de la FCD, este joven y otros dos menores estaban cazando con un rifle cuando el menor fue capturado, en tanto sus acompañantes huyeron con las armas.
Para Guatemala el informe parece más un documento en defensa de Belice, pues pareciera justificar los ocho tiros que recibió Julio René por haber cruzado al territorio beliceño.
UN ANÁLISIS PROPIO
Guatemala “rechaza categóricamente” el informe y las conclusiones presentadas por la OEA, según aseguró el presidente Jimmy Morales.
Cuando las autoridades del país recibieron el documento, por orden presidencial se realizó un análisis de las posibles anomalías en el análisis de lo sucedido. Autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Ministerio Público (MP) revisaron el informe y señalaron algunas inconsistencias al respecto.
Una de estas consiste en que en el documento no se adjuntó ningún análisis balístico. Según los expertos guatemaltecos, el cadáver de Alvarado tenía 8 heridas de bala de entrada y 7 de salida. Estas fueron provocadas por un arma con anillo de contusión y enjugamiento, distintas a los tipos de arma que registra el informe.
Otra de las anomalías que señaló el MP es que no hubo un debido resguardo de la escena del crimen y esto provocó pérdida de pruebas e indicios. Tampoco se hace referencia al procesamiento de la escena, no se proporciona algún álbum fotográfico, croquis de la escena del crimen y no hay dictamen médico forense para establecer los detalles de los impactos de bala.
“Guatemala de ninguna manera va ofrecer una disculpa a quien ha asesinado a un nacional, son diez los guatemaltecos que han fallecido”, indicó el canciller Carlos Raúl Morales.
Además, agregó que el país solicitará a la OEA que a la comisión independiente de investigación se pueda integrar un tercer miembro, integrante del MP, para ampliar y aclarar la investigación.
Representantes del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) también participarán en colaboración con el Estado guatemalteco. En conferencia de prensa anunciaron que se pusieron a disposición del Estado para aplicar su experiencia en litigios internacionales en caso de que sea necesario. Esto, debido a que ningún Estado puede demandar a otro por este tipo de acontecimientos.
UN PROBLEMA HISTÓRICO SIN RESOLUCIÓN
Desde el siglo pasado, luego de que Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1992, quedó pendiente la resolución del diferendo territorial con ese país. En un principio la postura de ambas naciones fue resolver ese diferendo a través de negociaciones; sin embargo, los avances en este sentido han sido nulos.
En 2009 se firmó el “Acuerdo Especial”, en el que se decidió consultar a cada pueblo si aceptaba la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia como ente encargado de dirimir el conflicto, por lo que se programó una consulta popular, la cual debía celebrarse simultáneamente en Guatemala y Belice.
Dicha consulta se había programado para el 6 de octubre del 2013, pero fue suspendida unilateralmente por las autoridades guatemaltecas, argumentando que no existían condiciones adecuadas para llevarla a cabo y obtener un resultado positivo.
Los beliceños cambiaron su legislación sobre diferendos, requiriendo la participación del 60 por ciento de la población para que el resultado fuera legítimo y aceptable, lo cual no fue bien visto a ojos del Gobierno guatemalteco.
Desde entonces, los avances diplomáticos en ese sentido han quedado varados a la espera de una mejor disposición de Belice para someter el caso a la Corte Internacional de Justicia.
TRES POSTURAS
OEA PIDE OLVIDAR
En una conferencia de prensa, Magdalena Talamás, representante del Secretario General de la OEA, habló de olvidar lo sucedido y seguir adelante.
“No podemos evitar lo que pasó y hay que dar vuelta a la página”, fueron sus palabras respecto a lo acontecido.
En esa conferencia, se le cuestionó a la diplomática sobre cómo hablar de conciliación si aún no se deducen responsabilidades de este y otros ataques. A esto, Talamás respondió que era necesario crear un buen ambiente entre ambos países para luego resolver la situación de los límites fronterizos, que aún no se definen de manera concreta.
BELICE SOLICITA DISCULPAS
Debido a que el informe parece revindicar a Belice en el asesinato del menor, la postura que tomaron autoridades de ese país fue exigir disculpas por supuestamente haber sido señalados de manera injusta.
Dean Barrow, primer ministro de Belice, se manifestó luego de conocer las conclusiones del informe. “Está claro que es reivindicación (…) Espero que sean lo suficientemente maduros como para aceptar que estaban equivocados y que la alegación que hicieron era totalmente injustificada y que le deben una disculpa a Belice”, indicó.
GUATEMALA PIDE ACLARACIÓN
Gabriel Aguilera, embajador de Guatemala ante la OEA, entregó una carta al Secretario General de la OEA, Luis Almagro. En dicho documento se expresa que para el Gobierno el informe en mención es incompleto en varios puntos y genera muchas dudas.
Según Aguilera, el informe no brinda los elementos suficientes para iniciar un proceso que lleve a los responsables para que se deduzcan responsabilidades. “Se queda corto, hay debilidades y falencias”, agrega.
Por ese motivo, la petición realizada por el gobierno guatemalteco a los expertos que realizaron el informe es que amplíen sus consideraciones sobre puntos específicos del mismo.
