POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Anabella de León, exregistradora de la Propiedad, deberá guardar prisión preventiva en la Brigada Militar Mariscal Zavala mientras el Ministerio Público (MP) la investiga por los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica. Así lo resolvió la jueza Silvia de León, titular del Juzgado Sexto de Instancia Penal ayer por la noche. Otros 17 implicados en el caso de corrupción en el Registro de la Propiedad también guardarán prisión preventiva.
A consideración de la jueza existe peligro de fuga y de obstaculización de la justicia en el caso de la exregistradora, por lo que resolvió enviarla a prisión preventiva junto con otros 17 implicados en el caso denominado “El Estado como Botín: RGP”.
Las personas ligadas a proceso por peculado por sustracción y falsedad ideológica son: Anabella de León, Gabriela María Caridi Pinzón, Heidi Roxana Pirir Ramos, Blanca Elizabeth Amaya, José Manuel Amaya Morales, Otto Waldemar Flores, Selvin Alexander Aquino, Óscar Alberto Aquino Flores, Blanca Yaneth Chacón Barillas, Patricia Nohemí Chacón Cabrera y Jennifer Alejandra Flores.
Únicamente fueron ligados por el delito de peculado por sustracción: Miriam Estela Hernández Cisneros, Óscar Raúl Alecio del Cid, Donald Joseph Byrne, Edwin Ariel García Alvarado, Joan María Ponce Sánchez y Esperanza Josefina Castellanos Solís.
Durante la audiencia, que se extendió hasta casi la media noche, la exfuncionaria intentó evadir la prisión preventiva asegurando que no tenía los medios para salir de Guatemala.
Además, dijo que había solicitado empleo a Alvaro Arzú, alcalde de la ciudad capital, pero que éste no se lo dio por su situación legal. “Hoy le fui a pedir trabajo a Álvaro Arzú y me dijo que no porque habían situaciones de denuncias. Él sabe mi situación de trabajadora eficiente, eficaz”, expresó.
De acuerdo con las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP, las cuales se originaron a partir de denuncias interpuestas por el Sindicato de Trabajadores del Registro General de la Propiedad y de la Contraloría General de Cuentas (CGC), durante el período en el que Anabella de León fungió como jefa del Registro de la Propiedad (RGP), se autorizaron al menos 16 plazas fantasma, que significaron un desembolso de más de Q3 millones, sin que la institución recibiera a cambio algún servicio.
Las investigaciones dan cuenta de que muchas de las personas que ocupaban las plazas fantasma no se presentaban físicamente a las sedes en las que establecían los contratos ni eran conocidos por sus jefes inmediatos.
Asimismo, se documentaron pagos por eventos que nunca se realizaron. Por esto, el RGP gastó un monto de Q150 mil aproximadamente.
