POR KIMBERLY LÓPEZ
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El comisionado de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, Enrique Godoy, explicó que desde hace seis meses ha trasladado información sobre un aproximado de 35 contratos con anomalías a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Dichas irregularidades fueron encontradas en documentos de concesiones y contratos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), Puerto Santo Tomás y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). No obstante, el análisis de estas anomalías se retrasó cuando María Eugenia Villagrán dejó el cargo de Procuradora, pues su sucesora realizó una nueva revisión de dichos expedientes.
Según el Comisionado Godoy, desde inicios de año se empezaron a identificar anomalías desde administrativas hasta en el uso de figuras legales en los contratos de EPQ, Santo Tomás y la DGAC. Las mismas empezaron a ser trasladadas a la PGN quien sería el ente encargado de hacer una revisión profunda y proceder con medidas penales o legales, según corresponda.
Recientemente, la procuradora Annabella Morfín informó que había identificado anomalías en alrededor de 27 contratos de la Empresa Portuaria. Según Godoy estas irregularidades que anunció Morfín ya habían sido identificadas a inicios de año, incluso, fueron abordadas con la exprocuradora Villagrán. Sin embargo, es parte del proceso de actualización de Morfín al tomar el cargo.
CONTRATOS ANÓMALOS
Godoy especificó que de los 35 contratos anómalos que han identificado y que fueron firmados durante el gobierno del Partido Patriota, 15 tienen una figura legal similar a la del contrato con la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Además de eso, estos fueron firmados por Julio Sandoval, exsubinterventor de la Terminal y fueron avalados por Allan Marroquín, exinterventor.
“Si el contrato original de TCQ tenía anomalías, los otros contratos tenían que estar en la misma categoría”, dijo Godoy.
A raíz de estos hallazgos, desde hace seis meses colocaron denuncias ante la PGN para que dieran seguimiento a estos casos. Lo que correspondería es que la Procuraduría haga un seguimiento en algunos casos de forma penal o medidas administrativas para lograr la nulidad de los mismos.
Allan Marroquín, Sandoval así como exinterventores de la Dirección General de Aeronáutica Civil son las personas que han sido identificadas como implicados en las anomalías de los contratos. El primero tiene una orden de captura vigente por el caso TCQ.
