POR MARIELA CASTAÑÓN
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Una banda denominada Regiones e integrada por seis personas, entre ellas un guardia de seguridad privada de la empresa Servicios Profesionales de Vigilancia, S.A., fueron capturados en la 6ª. calle y 5ª. avenida de la zona 9 por intentar secuestrar al gerente de una empresa de comida rápida. Según la Policía Nacional Civil (PNC), la estructura usaba trabajadores de seguridad privada para obtener información de empresas y propietarios.
La Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la PNC, denominó a la banda con el nombre de Regiones, debido a que sus integrantes eran de diferentes áreas del país.
Las personas capturadas ayer fueron identificadas como: el guardia Carlos Xo Cuc, de 35 años, Abel Antonio Contreras Lucas, 37; Sergio Iván Herrera Enríquez, 31; Juan José Gabriel Monroy, 29 y los hermanos Alexander y Abel de apellidos Castrillo González, de 23 y 31 años respectivamente.
Según las autoridades, Alexander Castrillo era quien fungía como el líder de la estructura delictiva.
Por otro lado, Stu Velasco, titular de la SGIC, explicó que evitaron el secuestro y asalto de la empresa a través de la investigación técnica científica realizada por los expertos policiales, aunado al trabajo de inteligencia.
“La investigación permitió vincularlos, individualizarlos, establecer un monitoreo de sus acciones criminales y capturarlos”, explicó Velasco.
SIN CERTIFICACIÓN
En tanto, la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), informó que el guardia detenido no estaba certificado o acreditado, es decir no se había sometido a las pruebas: metodológicas, humanísticas, jurídicas, de seguridad industrial y primeros auxilios que se requiere.
América Estrada, directora de Digessp, explicó que continúan trabajando para que las empresas se adecúen a la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, se realizan las supervisiones y verificaciones respectivas y trabajan con el Ministerio Público (MP), la PNC y la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) para contrarrestar los vínculos que puedan existir entre las empresas de seguridad privada y los grupos del crimen organizado.
