POR KIMBERLY LÓPEZ
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En un mes se cumple el plazo para registrar las terminales móviles en la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). La aplicación del Decreto 8-2013 fue una medida pensada para eliminar el problema de extorsiones tanto dentro como fuera de las cárceles.
A decir de Adolfo Alarcón, analista independiente en temas de seguridad y justicia, a pesar de que esta medida ya se empezó a implementar de parte de compañías telefónicas, el problema es que se sigue extorsionando desde las cárceles.
Alarcón insiste en que el problema está dentro de las cárceles, además de que de una u otra forma las bandas de crimen organizado siempre van a encontrar otros medios para efectuar extorsiones.
«Si no lo hacen a través de celulares lo van a hacer de otra manera, con mensajes, por correo, incluso de teléfonos públicos», indicó.
Según el analista para solventar este tema lo que realmente interesa es que el Estado preste atención al tema de prevención. «El Sistema Penitenciario es un desastre, la extorsión no se va a acabar con esto porque se debe ir combatiendo el problema desde las causas, desde la raíz», aseguró.
Según Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la complejidad está en que esta medida se cumpla en realidad, porque hasta el momento no se ha podido.
«Si no se empiezan a bloquear los números, el problema va seguir», dijo.
Además explicó que para una persona condenada a varios años de cárceles no es un disuasivo el hecho de que su número se vea ligado a extorsiones, para este caso la solución debe ser garantizar que haya mejores mecanismos en el bloqueo de la señal.
