Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
Tras darse a conocer una denuncia de espionaje estatal interpuesta por un miembro de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS), Carmen Aída Ibarra, del movimiento Pro Justicia, explicó en una entrevista para La Hora, que en el país aún existen estas prácticas autoritarias heredadas del pasado, que impiden la construcción de una verdadera democracia.
¿Considera que el espionaje es una práctica común en los gobiernos?
Pues creo que el espionaje siempre ha existido, por lo menos durante todo el conflicto armado interno, en la época de negociación de la paz. Siempre ha prevalecido.
¿Cómo se califica que continúen ese tipo de prácticas?
Lo que sucede es que no abordamos de manera adecuada la pacificación y la democratización del país. Hemos tenido un posconflicto imperfecto, hemos tenido un tránsito hacia la democracia totalmente imperfecto, entonces es lógico que vivamos en medio de prácticas autoritarias, prácticas propias del conflicto armado interno y no propias de una situación democrática. Seguimos viviendo en un país en donde conviven todos los días actitudes democráticas y autoritarias, así es como transcurre nuestra vida. Por eso hay tanta insatisfacción en lo que respecta al sistema político, porque está diseñado para recluir, para funcionar no de manera democrática. Sin duda alguna estamos todavía con el pendiente de prácticas democráticas y de combatir con mayor eficiencia todas esas prácticas autoritarias.
¿Deberían de recibir seguridad de parte de las autoridades los defensores de derechos humanos, activistas y periodistas?
El problema es que hay tantos opositores en este país, hay tantas personas consideradas como enemigos que las fuerzas de seguridad son consideradas insuficientes para dar custodia a todas esas personas que están siendo víctimas. Lo que se requiere, más que estar dando protección a quienes están siendo hostigados, amenazados, es ver qué casos ameritan mayor atención y poner en práctica estrategias específicas, además de combatir estructuras, porque aquí no vamos a pasar de una situación de autoritarismo a una era democrática si nos limitamos.
¿Qué puede empujar a que actores decidan emprender persecución en contra de activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y otros?
Todo es parte de una herencia del régimen militar y de las prácticas contra insurgentes en el país, que nos hace ver a todo el mundo como el enemigo. Es decir, si no piensa como yo, si tiene intereses distintos se le considera enemigo. Entonces, eso sigue presente en nuestro diario vivir en el funcionamiento mismo del Estado, por lo que siguen defendiéndose, y los grupos de poder siguen organizándose y de repente no es nada más que, por ejemplo, un periodista, un columnista independiente, un defensor de derechos humanos, un político de oposición, o un académico con ideas novedosas, y lo reprimen, aunque en la práctica sea solo un líder comunitario que está expresándose, o un opositor en términos generales que se opone a algo.
¿Es posible evitar este tipo de prácticas?
Hay leyes y está vigente el acuerdo de Derechos Humanos, está vigente el convenio con CICIG, están las leyes de justicia y seguridad. En dos décadas hemos desarrollado todo el andamiaje normativo, institucional en la materia. Hay mucho camino por recorrer, sí, hay mejores instrumentos, lo que tenemos que hacer es aplicarlos de manera correcta. Eso sí, no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, no es imposible, pero es de hacerlo poco a poco.
¿Cree que lo sucedido el año pasado, en contexto haya sido un detonante para que la vigilancia hacia estos personajes se incrementara?
No creo que sea solo la coyuntura tan interesante que estamos viviendo en materia de justicia, yo creo que esas prácticas nunca han cesado, lo que sucede es que hay repuntes. Pero imagínese que siendo varios del Gabinete del general Otto Pérez Molina muy involucrados en temas de inteligencia, era imposible que no tuvieran sus estructuras, no se trata solo de culparlos a ellos porque tienen carrera militar. Siempre mantienen vigentes esos círculos, ellos donde están lo hacen.
¿Qué consecuencias negativas traería para el gobierno?
Para cualquier gobierno, no solo para este, todas estas actividades constituyen una violación a los derechos humanos, se requiere que luchen contra eso para conservar el grado de observancia.
¿Qué medidas puede tomar alguien que sospecha que está siendo objeto de vigilancia?
Tendría que ir a establecer su denuncia, primero ante el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), para que quede registrada una denuncia en ese ente, y se trasladen sus preocupaciones al Ministerio Público, pues si se confirma todo el espionaje estaríamos enfrentándonos a la existencia, al funcionamiento diario de estructuras clandestinas que tratan a los ciudadanos como enemigos internos y que utilizan contra ese presunto enemigo prácticas de represión. Estas situaciones pueden implicar riesgos para la vida, seguridad de personas, y que evidencia que continúa la perversión de las instituciones de seguridad. Entonces, para luchar contra eso hay que denunciarlo, porque tenemos que cumplir con las leyes vigentes en el país que atacan esos cuerpos clandestinos y tendríamos que cumplir con el espíritu de los Acuerdos de Paz.
“Por eso hay tanta insatisfacción en lo que respecta al sistema político, porque está diseñado para recluir, para funcionar no de manera democrática, sin dudad alguna estamos todavía con el pendiente de prácticas democráticas y de combatir con mayor eficiencia todas esas prácticas autoritarias”.
“El problema es que hay tantos opositores en este país, hay tantas personas consideradas como enemigos que las fuerzas de seguridad son consideradas insuficientes para dar custodia a todas esas personas que están siendo víctima”.
CARMEN AÍDA IBARRA
