POR SAIRA RAMOS
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Como un pago de 5 a 12 visacuotas, los trabajadores del Congreso deberán devolver el salario de más que recibieron de enero a junio de 2016, según les notificó la Dirección de Recursos Humanos.
Los supervisores asignados a Recursos Humanos notificaron al personal permanente del Legislativo el monto que deberán reintegrar a ese organismo luego que las autoridades pagaron por error el incremento salarial del diez por ciento anual sobre la totalidad del salario y no sobre la base como lo establece el Pacto Colectivo.
Para hacer dicha devolución, los empleados deberán firmar un convenio de pago de 5 a 12 meses en el Departamento de Nóminas y Contratos hasta el 14 de septiembre. De no hacerlo, la Junta Directiva al frente del diputado Mario Taracena, instruyó a los directivos del Congreso hacer el descuento en los siguientes 5 meses.
La notificación que hizo Recursos Humanos no fue bien recibida por los asalariados quienes se quejaron de las medidas “personales” adoptadas por Taracena.
El mencionado descuento lo deberá aplicar la Subdirección General, Financiera, la Auditoria Interna y de Recursos Humanos después que la Contraloría General de Cuentas (CGC), informó sobre la mala aplicación del incremento salarial a la Junta Directiva que se ha realizado desde años atrás.
Por este caso, el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la Nación se pronunciaron en contra del mal cálculo. Ambas entidades argumentaron de forma separada que el incremento al diez por ciento salarial al personal permanente debe aplicarse únicamente sobre el salario base con que fueron contratados.
MÁS DESPIDOS
La devolución salarial que deberán hacer los trabajadores del Congreso se suma a los despidos que se harán después que finalice el plazo de entrega de la declaración jurada que presentarán los empleados en la primera semana de septiembre a la Dirección de Recursos Humanos donde confirmarán que no tienen ningún parentesco con alguno de sus compañeros y diputados.
Las destituciones se concretarán luego que los diputados aprobaron la nueva Ley de Servicio Civil donde se estableció que ningún empleado del Congreso puede devengar salarios más altos que un congresista –Q29 mil 150- ni tener familiares en ese organismo.
Actualmente, el Legislativo está a la espera que el Juzgado Laboral autorice la remoción de 271 trabajadores que tienen un sueldo mayor al de un diputado. Por esa medida los tres sindicatos del Congreso han emprendido acciones legales en contra de las autoridades del Legislativo.
