POR KIMBERLY LÓPEZ
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Falta de planes, estructura operativa del Estado y corrupción afectan la lucha contra la pobreza
Cuando Jimmy Morales aspiraba a la Presidencia dijo tener una propuesta para reenfocar los programas sociales hacia una herramienta de productividad. Sin embargo, hasta ahora no existe una discusión planteada en torno a impulsar una política de desarrollo que permita integrar esfuerzos para hacer de estos programas una herramienta de crecimiento y no una plataforma política, de corrupción o de clientelismo, como ha ocurrido en gobiernos anteriores.
Según el registro del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) del Ministerio de Finanzas, hasta el 24 de agosto el Ministerio de Desarrollo (Mides) se colocaba como la segunda cartera con menor porcentaje de ejecución presupuestaria. El primer puesto, desde enero, lo ocupa el Ministerio de Comunicaciones.
El Mides tiene asignado como presupuesto un monto de Q1 mil 35 millones 484 mil 134. De ese total, en los primeros seis meses del año solo ha ejecutado Q219 millones 711 mil 312, que representan el 21.4 por ciento.
En efecto, los niveles de ejecución son bajos, según reconoce el viceministro de Protección Social del Mides, Aldo Pagurut, quien asegura que «la percepción de un ministerio no debe ser evaluada por lo que se ejecuta, sino por lo que se invierte».
Pagurut explica que el Mides se ha visto en problemas porque la forma en que está diseñado el presupuesto de este año no los favorece. «El Congreso dejó candados en el presupuesto, hubo diputados que querían cerrar el Ministerio y dejaron diseñado el presupuesto para que topáramos. Al ministerio lo dejaron muy mal, yo creo que no vamos a terminar mal en la ejecución», indica.
¿QUÉ PROMETIÓ MORALES?
Como candidato presidencial, el ahora presidente Jimmy Morales fue cuestionado en reiteradas ocasiones por la forma en la que se abordaría este tema en su agenda de Gobierno.
«Como se han planteado van a tener que recibirlas de por vida, porque no han sido acompañados de programas sociales de productividad. Nosotros creemos que un año como máximo debiera recibir una familia un programa social», manifestó el mandatario a finales del año pasado, en un debate público contra su oponente y candidata Sandra Torres.
Esa vez, Morales defendió la idea de que los programas deben ir acompañados de un programa productivo que le permita hacer sustentable una forma productiva de vida a las personas que los reciban.
Cuando Morales tomó posesión, en su primer discurso como presidente aseguró que su misión sería: «rescatar nuestra política de solidaridad social, separándola del modelo del clientelismo político partidario y de la corrupción de una vez por todas. Debemos asegurar que la ayuda social sea parte de un camino para que nuestros hermanos salgan de la pobreza y que nunca más sea una manera de mantener pobres a los pobres y hacerlos depender de ayudas a cambio de votos, eso debe parar».
El Presidente planteó aspiraciones altas para estos programas y propuestas de desarrollo más sólidas. No obstante, ahora la cartera que está a cargo de este punto de su promesa de campaña destaca por qué no ha presentado esa política de apoyo sostenible, por sus niveles bajos en ejecución presupuestaria y el mandatario Morales aún no ha hablado de «programas productivos» para hacer sustentable el desarrollo de las personas en pobreza, como lo hizo en su fase de candidato.
«MÁS DE LO MISMO»
Según la analista Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), hasta ahora lo que el Gobierno ha dejado ver, en torno al tema de mejoras y cambios en los programas sociales, es que la gestión es «más de lo mismo».
Flores sostiene la idea de que hasta hoy sigue existiendo mala planificación, mala gestión y mala asignación de recursos, lo que implica que no se podrán obtener resultados positivos a partir de los programas sociales.
«Los principales defectos que presentan es que carecen de un modelo conceptual claro sobre cómo resolver el problema, no tienen ni idea de cómo las intervenciones que se están financiando van a tener un impacto en la vida de las personas, cómo van a cambiar sus condiciones de vida», apunta la analista.
La entrevistada hace mención del papel que juega la corrupción en estos programas. Principalmente, se refiere a la forma en que estos se prestan para favorecer intereses particulares de empresas que se benefician por llevar los insumos que se regalan.
«Siempre son los mismos los que se benefician de ese tipo de insumos, además, de que son aprovechados políticamente en épocas electorales para aumentar la popularidad de la gestión que va realizando el Presidente», asegura.
En esa línea, la sugerencia de Flores es que debería plantear una estrategia para priorizar la ayuda social con objetivos de largo plazo.
Otra de las propuestas de la analista es que se eliminen todos los programas sociales que se «repiten» o que duplican funciones con otras entidades y Secretarías, pues solamente «se duplican las inversiones y no dan resultados».
Por su parte, a la investigadora y analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Alejandra Contreras, le preocupa que durante el primer semestre la ejecución de la cartera haya sido bastante baja y asegura que aún no hay claridad de cómo manejar los programas.
«No se ve claro cómo están articulando una política social. Uno lo que quisiera es que si el Mides está hablando de fortalecer el primer nivel de atención, se piense también en articular programas integrales en territorios en donde se piensa la estrategia de desnutrición crónica», explica.
Contreras considera importante revisar los procesos de gestión de recursos en aras de hacerlos más transparentes, pero asegura que un buen mecanismo no servirá de mucho si no se tiene claro para qué van servir los recursos.
«Se necesita integralidad y la explicación real de cómo se integran los programas y cómo se aplican en los territorios priorizados», sugiere.
El Viceministro de Protección Social señala que al tomar posesión de la cartera corroboraron que muchos de los programas no pasaban de ser herramientas para el clientelismo, principalmente, la bolsa de alimentos.
«Cuando venimos lo primero que analizamos fue el padrón. Era un registro de 238 mil personas y de esas solo 30 mil fichas estaban llenas y con testimonios de que las fichas habían sido llenadas hasta por el personal», asegura.
En estos meses, explica, el Mides ha estado en el proceso de elaborar nuevos padrones, así como un sistema para que supervisores tengan acceso al detalle de los beneficiarios de programas, personas en pobreza y extrema pobreza de cada municipio.
PROGRAMA SOCIAL «INSIGNIA»
Actualmente, el Mides tiene ocho programas sociales vigentes. Sin embargo, el programa «insignia» por la cantidad de recursos que se invierten en él son las transferencias monetarias condicionadas para Salud y Educación, según el viceministro.
Para estas transferencias hay un padrón de unas 700 mil familias; sin embargo, debido a las sospechas de clientelismo y corrupción en gestiones pasadas, sospechan que el registro no corresponde a las personas que realmente lo necesitan.
«Nuestra proyección es depurar el padrón y entregar un padrón depurado, pues tenemos denuncias de que se paga a quien no corresponde, aunque estos son señalamientos sin pruebas», explica.
El programa consiste en tres entregas anuales de Q250 para familias inscritas como beneficiarios en todos los municipios de la capital. No son incluidos los municipios de otros departamentos.
Pagurut asegura que hay que hacer una depuración al padrón y a partir de ello, se podría aumentar la cantidad de entregas de transferencias al año.
A nivel mundial, explica, las transferencias sí funcionan, pero tienen que ir acompañadas de otras intervenciones.
Otro de los cuestionamientos planteados en torno a las transferencias es si existen formas de verificar que en realidad estén siendo utilizadas para fines de salud y educación. Sobre esto, el entrevistado asegura que tener ese control «es un tema complicado porque las familias tienen diferentes necesidades» y conforme a ello realizan sus gastos.
NECESIDAD DE «MODELOS DE DESARROLLO»
A decir del Viceministro, una ruta viable y necesaria para que los programas sean funcionales es que partan de un esfuerzo integral que incluya la participación de otros ministerios y no solamente el del Mides.
«La pobreza con un programa social no se combate, esto tiene que ser algo integral», dice Pagurut.
En esa línea explica que a partir de que se empiecen a discutir modelos de desarrollo donde se puedan determinar cuáles son las intervenciones correctas que puedan generar un impacto para atacar a las personas en condición de pobreza, se podría visualizar un mejor futuro para el desarrollo social.
«Guatemala es el país de las políticas y hay una gran cantidad de políticas, pero ninguna la aplican. Nosotros como ente rector tenemos que hacer una evaluación de la oferta social», responde al ser consultado por la opción de impulsar alguna reforma o política de desarrollo social en el país.
Pagurut reconoce que por ahora una discusión integral que considere acciones a nivel comunitario para mejorar las condiciones de pobreza, involucre a ministerios y unidades de desarrollo local, no está planteada.
«Ha habido esfuerzos. Sabemos que es complicado, porque los intereses no son los mismos que tiene el Ejecutivo y el poder municipal. Uno de los problemas es que no nos ponemos de acuerdo como país y este tiene que ser un esfuerzo hasta de la sociedad civil», indica.
Consecuencia de que los programas sociales hasta ahora tengan limitaciones y aún estén lejos de cerrar brechas sociales, es que muchos jóvenes optan por dejar el país. Además de que en términos de avances en desnutrición crónica, aún no se habla de avances.
«Estuve en Nahualá y el lugar es un ejemplo de que la falta de oportunidades es motivo de salida del país. La educación implica un costo, no hay oferta de educación y se van para Estados Unidos», relata el viceministro.
«Si no logramos reducir la desnutrición crónica no podemos hablar de desarrollo, de empleos, de microcréditos. El trabajo común de derecho es un términos que hay que manejar, si no atacamos la desnutrición crónica vamos a convertirnos en un país de zombies, por eso es necesario cruzar acciones con el Ministerio de Salud y Agricultura», explica.
EL PAPEL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
Consultado respecto al avance de los programas sociales que maneja el Ministerio de Agricultura, Mario Méndez aseguró: «Lo único que estamos haciendo entrega es de un cupón de subvención de 200 quetzales, que se pueden cambiar en agroservicios del lugar».
La cobertura de este programa, según Méndez, alcanza a todos los departamentos del país y el público beneficiario son agricultores en infrasubsistencia y subsistencia.
Debido a que en su momento todos los programas se prestaron para ser focos de corrupción y espacios de clientelismo, Méndez explicó que, previo a lanzarse, este proyecto fue revisado por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas.
Una de las medidas para transparentar el proceso de entrega de cupones, indica, es que el personal del Ministerio de Ambiente, Agricultura y Alimentación (MAGA) está presente en la entrega de los cupones.
«Han estado verificando que la entrega se haga de forma transparente y no se le ha hecho publicidad para evitar que se politice», dice.
Méndez, al ser consultado por programas a largo plazo para plantear políticas de desarrollo, se refiere al Plan Agropecuario Nacional, que propone líneas de acción para la seguridad alimentaria, riego y estructura productiva, encadenamientos furtivos y extensionismo agrícola.
«Por medio de esto estamos apoyando la reducción de la brecha que existe en el país y podría estar en funcionamiento a partir del próximo año», calcula.
