POR VIRGINIA CONTRERAS
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El Movimiento Pro Justicia considera que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha cometido un “desliz” al respaldar el proyecto de reformas al Código Procesal Penal, el cual ha sido promovido tanto por la Comisión como por el Ministerio Público (MP).
En una reciente reunión con la Instancia de Jefes de Bloque, del Congreso de la República, los titulares del MP y CICIG, Thelma Aldana e Iván Velásquez, explicaron que las reformas al mencionado Código permitirán a los acusados de cualquier delito a que acepten los cargos atribuidos por el ente investigador, a cambio de obtener rebajas en las penas, que se aplicaría en única ocasión en el proceso desde que el mismo haya formulado la imputación, hasta antes de recibir las pruebas en la audiencia de debate.
En tanto, en el portal web de la CICIG señala que el proyecto de ley de Aceptación de Cargos pretende descongestionar el sistema de justicia al que ingresan muchas denuncias y evacúa pocos casos, adoptando la tendencia global de la aceptación de cargos que ha demostrado su utilidad y eficiencia en Estados Unidos, Colombia, y otros países para cumplir con el propósito de resolver de la mejor manera los conflictos jurídico-penales.
“La aceptación de cargos se concibe como una decisión libre, consciente, voluntaria, asesorada por la defensa técnica, que beneficia al delincuente con incentivo de rebaja de pena; pero también a las víctimas porque condiciona esas prerrogativas a la indemnización integral de los daños ocasionados con el delito; y a la sociedad en general, porque además de que se resuelven los conflictos sociales de carácter penal, todo incremento patrimonial producido por el delito deberá entregarse a las arcas del Estado”, describe la Comisión.
Iván Velásquez, en la mencionada reunión, afirmó que la iniciativa de reducción de penas es un beneficio al sistema de justicia. Una vez aprobado el proyecto de ley entrará en vigencia dos meses después, indicó.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, por su parte, señaló que con la ley de Aceptación de Cargos se les aplican los beneficios de la Ley del Sistema Penitenciario, lo cual implicaría reducciones adicionales.
Por esta razón detalló que la CICIG cometió un resbalón, ya que a su criterio no cree que el ente internacional esté tratando de favorecer a alguien.
«Ellos sin duda actuaron con la mejor voluntad de desfogar el sistema de aportar un instrumento, una ley que ayude a mejorar el sistema; pero no han medido todas las consecuencias. Además de que hay un problema de coyuntura política», dijo Ibarra.
Añadió que por un lado ha existido ingenuidad y por el otro torpeza política por parte de los ponentes originales de esta iniciativa y refirió que de ser aprobada la ley prontamente, los involucrados en el Caso La Línea podrían acogerse, al igual que los de Cooptación del Estado.
