POR KATERIN CHUMIL
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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) comenzará las gestiones para solicitar la extradición del empresario español Ángel Pérez-Maura, quien es señalado de haber participado en la negociación irregular de un contrato de usufructo a favor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Pérez-Maura, quien era vicepresidente del Grupo TCB (Terminal de Contenedores de Barcelona) y director de la filial guatemalteca TCQ, es uno de los principales implicados en la trama de corrupción que permitió la firma de un contrato irregular de usufructo con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

Sobre el empresario pesa una orden de captura internacional desde el pasado 15 de abril, cuando trascendió el caso, por el cual las autoridades capturaron a una decena de exfuncionarios, empresarios y particulares supuestamente envueltos en actos de corrupción.

Las autoridades lo sindican por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y fraude.

El Ministerio Público (MP) detalló que ya se localizó a Pérez-Maura y que trabajan en conjunto con las autoridades españolas para lograr su extradición, la cual se pediría próximamente.

Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC),  indicó que la alerta de Interpol para la captura de Pérez-Maura se lanzó en 192 países, dicha institución en Guatemala trabaja en apoyo al Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

INVESTIGACIONES

El caso de corrupción salió a luz gracias a la CICIG y el MP, que expusieron la participación de los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como de otras 15 personas en la firma de un contrato irregular, a cambio de sobornos, entre TCQ y EPQ.

Según las pesquisas, desde enero de 2012 y hasta al menos abril de 2015, los implicados se aliaron para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución de un contrato a favor de TCQ, destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la EPQ para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.

Para comprar a las autoridades guatemaltecas, TCQ pagó US$ 24.5 millones (aproximadamente Q183.7 millones) en sobornos.

Además de Pérez-Maura, siguen pendientes de captura por este caso Guillermo Lozano Bauer, Allan Herbert Marroquín Castillo, William Schwank López, Mauricio José Garin y Raúl Osoy Penados.

Luego de la revelación del caso, la Unidad de Extinción de Dominio del MP solicitó la intervención de TCQ, para la cual se nombró a Alexander Aizenstatd. En tanto, la PGN presentó una demanda para anular el contrato entre TCQ y EPQ.

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