POR VIRGINIA CONTRERAS
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La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) realizó un allanamiento en las oficinas del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA), con el objetivo de obtener documentos que avalen las múltiples denuncias realizadas en contra de la entidad.
De acuerdo con Julia Barrera, portavoz del MP, las acciones iniciaron ayer desde las 2 de la tarde y finalizaron hoy a las 7 de la mañana.
Añadió que el motivo de las mismas se dio en seguimiento a tres denuncias por corrupción: una realizada por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC), otra por la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua) y una tercera hecha por un diputado.
DENUNCIAS CGC
Las denuncias que la Contraloría interpuso hace algunos meses ante el MP se centran en dos temas: El subsidio al transporte y el sistema prepago. En este primer caso la denuncia asciende a un monto de Q18 millones 450 mil 791.68. En tanto, la segunda es por Q102 millones 522 mil 151.11.
Según la CGC, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) consorcio de autobuses que conforman 29 empresas de transporte urbano y que además tiene a su cargo el Transurbano, distribuyó el subsidio en 2 mil 837 unidades, dejando 404 sin cobertura.
Además, se detectó la existencia de un convenio que indica que el Ministerio de Comunicaciones no es responsable del mal uso o distribución que realice la Asociación.
La segunda denuncia del ente fiscalizador gira en torno al inventario realizado en las anteriores oficinas centrales del SIGA, antigua sede de la AEAU, que detectó la existencia de lectores de tarjetas, torniquetes de paso y puertas para discapacitados, entre otros, los cuales nunca fueron instalados y están en proceso de deterioro.
ASOPAGUA
En junio, Asopagua se pronunció tras el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra de la AEAU, el cual ordenaba que esta última realizara el pago de más de Q15 millones como parte del subsidio no entregado en 2013.
El documento señalaba que dentro de los actos reclamados se encuentra la “distribución discriminatoria efectuada por la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, del subsidio al transporte urbano establecido en el artículo 5 del Decreto 30-2012 del Congreso de la República y la delegación de sus funciones como intermediaria de tal beneficio a terceros no autorizados”.
Según los directivos de la entidad, el cálculo del monto a convenir se basó sobre lo presupuestado correspondiente a Q245 millones anuales por una flota de 2 mil 929 buses autorizados que debían recibir subsidio, de los cuales ellos poseen 278 buses.
Para Edgar Guerra, de la Defensoría del usuario del transporte de la Procuraduría de Derechos Humanos, el seguimiento a este tema es fundamental para deducir responsabilidades y sentar un precedente.
