POR KATERIN CHUMIL
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El próximo martes, el juez Víctor Ríos Herrera, titular del Juzgado C de Mayor Riesgo, deberá de resolver si los 15 sindicados por el Caso AMSA deberán enfrentar juicio por presuntamente conformar una estructura criminal que buscaba lucrar la adjudicación de un contrato por Q137.8 millones a la sociedad comercial M. Tarcic Engineering, para la compra de una sustancia líquida que supuestamente limpiaría el lago de Amatitlán.
El proyecto de limpieza era una estafa, ya que, según estudios de laboratorio, la fórmula estaba constituida en un 90% de agua salada. La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan que con la llegada de Roxana Baldetti al poder, desde la Vicepresidencia se ejerció el poder sobre la Autoridad para el Manejo sustentable del Lago de Amatitlán (AMSA), manejada de forma extraoficial por Mario Baldetti.
Además, el juez deberá resolver si las señaladas Marilyn Anabella Sosa Azurdia, Lizbeth María Alonzo Azurdia, Sandra Nineth García España y Clara Mariel Carballo Carballo, continuarán en prisión o serán beneficiadas con arresto domiciliar, mientras concluye el proceso penal en su contra.
