POR: KATERIN CHUMIL
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El Juez Miguel Ángel Gálvez continuará a cargo del Caso de Cooptación del Estado. Esto, luego de que el titular del Juzgado B de Mayor Riesgo rechazara un recurso planteado por los abogados defensores de los procesados para que se separara de la causa penal.
En su resolución, Gálvez explicó que el Caso Cooptación del Estado y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que también está a su cargo, son una misma causa judicial, porque los hechos investigados están relacionados entre sí.
Por tanto, el togado rechazó el recurso interpuesto el pasado viernes 5 de agosto por Mario Cuevas, defensor de Emilia Ayuso de León, exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC).
A decir de Cuevas, el juez debía separarse porque “los tribunales de competencia ampliada (como lo es el Juzgado B de Mayor Riesgo), tienen una competencia especial” en la que el expediente en cuestión no encuadra.
A la petición se le sumaron los abogados de Adolfo Peña, Jack Irving Cohen, Mario Cano y por lo menos otros nueve defensores de los sindicados.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) se opuso a lo planteado por los abogados debido a que consideraron que existen errores en su requerimiento.
El juez Gálvez inició el pasado miércoles la audiencia del recurso de declinatoria en la que se definió que órgano judicial debe continuar a cargo del proceso penal.
El Caso
El pasado 28 de julio, el juez ordenó abrir una causa judicial en contra de 53 de 57 sindicados en el Caso Cooptación del Estado. El expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti fueron ligados a proceso por los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero.
Asimismo, los exministros Manuel López Ambrosio, Ulises Anzueto y Mauricio López Bonilla fueron ligados a proceso por asociación ilícita y lavado de dinero. A López Bonilla se le agregó también el delito de cohecho activo.
La exasistente de Baldetti, Daniela Beltranena, fue ligada a proceso por asociación ilícita y lavado de dinero.
Todos están en prisión mientras se disuelve su situación judicial.
En tanto, 15 personas señaladas de financiar ilegalmente al Partido Patriota, fueron ligadas a proceso por el delito de financiamiento ilícito electoral. Entre ellos el empresario Gustavo Alejos y el exdirectivo del Banco G&T, Flavio Montenegro.
Todos los señalados enfrentan proceso por presuntamente formar parte de una estructura de corrupción liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
