POR: KATERIN CHUMIL
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La Fiscalía solicitó al titular del juzgado Décimo de Instancia del Ramo Penal, Walter Villatoro, que se abra una causa penal en contra de siete personas señaladas por el delito de peculado por sustracción, a quienes se sindica de ser contratadas de forma ilegal por el exdiputado Edgar Romeo Cristiani Calderón para que fueran sus asistentes en el Organismo Legislativo.
Dentro de las personas sindicadas se encuentra María Manola Zarco Escaler esposa del cantante Pablo Cristiani y cuñada del exlegislador.
A decir del MP, Zarco abusó del vínculo familiar para defraudar al Congreso y beneficiarse con un teléfono para su uso personal, además del salario devengado mensualmente de Q10 mil, que en total serían Q69 mil 800 lo devengado durante su contratación.
Por otro lado Saúl Enrique Ténaz González, Jorge Enrique Molina Linares, Luz Morales, Odilia Morales, Juan Barrios Toledo, y Angélica González Hernández también fueron acusados por la fiscalía de haber sido contratados para ser los asistentes de Cristiani, devengando un salario entre Q5 mil y Q20 mil mensuales.
El representante de la Fiscalía indico que los señalados recibían beneficios del Organismo Legislativo, pero algunos de ellos trabajan en empresas privadas y en el caso de Saúl Ténaz trabajó en el Ministerio de Cultura y Deportes durante su contratación.
Por lo tanto no se presentaban a trabajar y solamente cobraban el salario mensualmente en el Congreso. El Fiscal calificó como “lamentable” las acciones de los siete sindicados, por firmar contratos en el Congreso y laborar en otras entidades.
CONTRATACIONES FANTASMA
El pasado 19 de Julio, el juez Walter Villatoro, por orden de una Sala de Apelaciones, revocó el arresto domiciliar y lo envió a prisión a Edgar Cristiani, mientras se resuelve su situación. Por este caso ya enfrentan proceso Alfredo Rabbé Tejeda, Carlos Herrera Quezada y el exdirector general del Congreso, José Luis Mijangos Contreras.
La Fiscalía identificó dos modalidades de contrataciones irregulares: la primera consistía en contratar personal de forma arbitraria, en irrespeto a las normas de contratación y nombramiento del Organismo Legislativo; la segunda modalidad se trata de la creación de plazas fantasma.
Las plazas fantasmas son contrataciones de personal que no se presenta a laborar. Según dijo Aldana, se comprobó que muchos empleados de la Junta Directiva trabajaban a su vez en otras instituciones del Estado o empresas privadas.
Los supuestos empleados de los sindicados llegaban a ganar hasta Q20 mil por servicios de asistencia y consultoría, entre otros, pese a que muchos no tenían el grado educativo necesario para desempeñar tales tareas, indicó Aldana.
De acuerdo con la Fiscalía, enfrentan antejuicio los diputados César Fajardo, Luis Rabbé, Arístides Crespo, Manuel García Chutá, Carlos López Girón, Selvin García Velásquez y Julio López Villatoro de haber efectuado un alto número de contrataciones que evidenciaban una serie de irregularidades
