POR MARIELA CASTAÑÓN
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De acuerdo con la Secretaría de Bienestar Social (SBS), el 73 por ciento de los jóvenes en conflicto con la Ley Penal, que equivale a 793 adolescentes de mil 87 que están privados de libertad, provienen del departamento de Guatemala y los delitos en los que más incurren son: asesinato, extorsión y portación ilegal de arma de fuego.
La SBS, que administra los cuatro correccionales del país, explica que actualmente hay mil 87 adolescentes recluidos en el Centro Juvenil de Detención Provisional (Las Gaviotas); Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II (Etapa II), Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II (Anexo) y Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres (Gorriones).
De la estadística, 932 corresponden a hombres y 155 a mujeres, según los datos oficiales.
La información también detalla que los adolescentes provienen de diferentes regiones, que están clasificadas en: área metropolitana, que comprende el departamento de Guatemala; área norte que aglutina los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz; nororiente, que comprende Chiquimula, El Progreso, Izabal y Zacapa.
También suroriente que integra a los departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa; el área central que está constituida por Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez; en el suroccidente se encuentran los departamentos de Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez y Totonicapán.
Mientras que en el noroccidente está Quiché y Huehuetenango; el único departamento que no está regionalizado es Petén.
Los datos oficiales reflejan que de mil 87 adolescentes privados de libertad, el 73 por ciento, es decir 793, provienen del área metropolitana. Le sigue la región suroccidente con el 8 por ciento y que equivale a 87 jóvenes; en tanto, el área central cuenta con 76 adolescentes, que representan el 7 por ciento.
Por otro lado, en las regiones nororiente y suroriente hay un porcentaje del 3 por ciento en cada área, esto representa 66 personas, 33 en cada área en mención.
En el noroccidente únicamente hay un 2 por ciento, es decir 22 jóvenes; en tanto las regiones con menos adolescentes en conflicto con la Ley Penal detenidos son el área norte con un 0.6 por ciento, que representa a 7 de estos, mientras que Petén únicamente tiene 4 jóvenes recluidos en un correccional. El otro 3 por ciento, que equivale a 32 personas, está clasificado por la SBS, como “otros lugares”. (Lea el recuadro ¿De dónde provienen los jóvenes privados de libertad?)
La información también detalla que los delitos en los que más incurre este sector de la población son: asesinato, extorsión y portación ilegal de arma de fuego. (Lea el recuadro Piloto desafió a extorsionistas tres meses antes de su asesinato).
¿POR QUÉ?
De acuerdo con Zoel Franco, coordinador del Programa de Personas Privadas de Libertad y Derechos Humanos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), los factores que inciden para que la mayoría de jóvenes privados de libertad provengan del área metropolitana o del departamento de Guatemala, se debe a la cantidad de habitantes, ya que en ese sector vive un número considerable de población joven, y por la ausencia de políticas por parte del Estado.
“Las variables pueden ser por la cantidad de población que es mucho mayor en el departamento de Guatemala que en otros departamentos. También hay algunas zonas como la 18, 6, y algunos municipios como Mixco y Villa Nueva, que tienen gran cantidad de jóvenes que viven en la periferia, aunado a que el Estado no llega para atenderlos con políticas de desarrollo básicas”, explicó Franco.
José María Lemus, experto en Desarrollo Urbano, señaló que la concentración de población en la capital se debe a la acumulación de bienes y servicios en la ciudad. “Entonces, el sistema debe cambiar y el cambio debe ser radical, por lo que deberían generarse ciudades intermedias de desarrollo”, explicó.
Según el citado, los polos intermedios de las ciudades podrían generar su desarrollo urbano, con el fin de que no se concentren todos los bienes y servicios en la capital.
A criterio de Franco, tampoco existen políticas de prevención de la violencia, a pesar de que existe un proyecto impulsado por el Viceministerio de Prevención del Delito y la Violencia del Ministerio de Gobernación (Mingob).
Por otro lado, el entrevistado reconoció que el delito más recurrente en la juventud privada de libertad es la extorsión, pero esto, según él, responde a la falta de inversión por parte del Estado.
“El mayor delito que se está cometiendo es la extorsión, pero hay que dejar claro el tema de la estigmatización, porque detrás de ese escudo se refleja que el Estado no invierte en estas poblaciones”, indicó.
El representante del ICCPG lamentó la facilidad con la que un joven obtiene un arma de fuego y no libros o insumos que le permitan estar alejado de las estructuras del crimen organizado.
“Hay que empezar a revisar ¿Quién facilita las armas a un adolescente? Ahí vamos a entrar a una serie de mercados criminales que son parte del trasiego de armas, precisamente por la facilidad de entregar un arma y no un libro o una pelota a un niño y adolescente. Otro tema es la desigualdad, porque mientras más desigualdad exista más oportunidad hay para que una persona se involucre con estos delitos”, argumentó.
ACCIONES
Áxel Romero, viceministro de Prevención del Delito y la Violencia del Mingob, fue consultado por las políticas que impulsan a favor de la juventud y niñez en riesgo social; explicó que existen varias estrategias en las que trabajan.
“Tenemos varios procesos: el primero es de organización comunitaria para la prevención del delito que se hace por medio de la Subdirección de Prevención del Delito, por medio del área de Prevención Comunitaria de la Violencia. Ahí hay una cobertura a nivel nacional, tenemos delegados en todo el país, son prácticamente más de 150 municipios donde estamos haciendo planes de prevención municipal y todo esto de la mano de los alcaldes, del gobernador y de los líderes comunitarios”, explicó Romero.
El funcionario agregó que también imparten programas de prevención a través de Escuelas Seguras. Las acciones están orientadas a las charlas, concientización de temas de pandillas, consumo de alcohol y resguardo de la juventud en centros educativos.
“El proceso de Escuelas Seguras está más enfocada en el área metropolitana: en el departamento de Guatemala y los municipios adyacentes que son Mixco, Villa Canales, Villa Nueva, que es donde tenemos más incidencia criminal”, expresó.
Romero argumentó que también buscan retomar el servicio cívico para la juventud de 18 a 24 años, que deseen prestar su servicio en diferentes ministerios; a cambio se les prepara y se les paga un estipendio. La Ley del Servicio Civil que se busca reactivar data del año 2003.
“Estamos tratando de rescatar el servicio cívico, tenemos más de mil 500 jóvenes que están participando en los procesos de servicio cívico social, además de los que están en reservas militares. Está destinado al área metropolitana e interior, dependiendo de la institución que está requiriendo estos servicios”, indicó el Viceministro.
El entrevistado agregó: “Ellos reciben de acuerdo a la Ley del Servicio Cívico, un estipendio de Q8.75 la hora. Tienen que cumplir con 728 horas para ser certificados como servidores. Esas horas las pueden hacer por cuatro u ocho horas los sábados o domingos, dependiendo. Después son certificados como servidores cívicos sociales de acuerdo a lo que establece la Ley del Servicio Cívico y que es un compromiso de los Acuerdos de Paz, es una alternativa social”.
El vicetitular de Prevención concluyó que también articulan esfuerzos con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, pues el tema no corresponde propiamente al Mingob, sino a varias instituciones de Estado.
¿De dónde provienen los jóvenes privados de libertad?
Los datos oficiales reflejan que de mil 87 adolescentes privados de libertad, el 73 por ciento, es decir 793 provienen del área metropolitana, le sigue la región suroccidente con el 8 por ciento y que equivale a 87 jóvenes; en tanto, el área central cuenta con 76 adolescentes, que representan el 7 por ciento.
Por otro lado, en las regiones nororiente y suroriente hay un porcentaje del 3 por ciento; esto representa a unas 33 personas en cada región.
En el noroccidente únicamente hay un 2 por ciento, es decir 22 jóvenes, en tanto las regiones con menos adolescentes en conflicto con la Ley Penal son el área norte con un 0.6 por ciento, que representa a 7 jóvenes, mientras que Petén únicamente tiene 4 muchachos detenidos. El otro 3 por ciento, que equivale a 32 personas, únicamente lo clasifica en “otros lugares”.
Ley del Servicio Cívico
Piloto desafió a extorsionistas tres meses antes de su asesinato
El pasado 7 de julio fue asesinado el piloto de bus de la ruta 70 Mario López García. El conductor advirtió por medio de una carta que no pagaría más dinero a los extorsionistas. El documento fue encontrado el día de su muerte, en el cuarto de alquiler que rentaba.
López escribió literalmente: Quiero dejarte claro: no voy a darte un solo centavo más. El dinero me cuesta demasiado, yo me levanto a las tres de la madrugada para ganar Q50 y a veces Q100 en todo el día. Y es criminal que yo mismo te regale esa cantidad de dinero semanalmente. ¿Y tú a qué hora te levantas? ¿Y qué haces a mi favor para merecer que te regale mi dinero que con tanto sacrificio gano?
El escrito refirió: Te sugiero que te arrepientas, quizás Dios tenga misericordia de ti. Me imagino que ya eres millonario con todo lo que has recibido de todos los choferes que extorsionas. Así que ¿Por qué no te retiras y buscas a Dios? ¿Sabes a cuántas mujeres has dejado viudas y cuántos niños condenados al abandono, el hambre, la desnutrición, el abrigo y la muerte?
El conductor instó a los pandilleros a leer la Biblia y enfatizó en que “Dios es quien manda”.
Tras el crimen, la Policía Nacional Civil, (PNC), capturó a Kimberly Emirsa Ortega Valdez, de 18 años, así como a dos adolescentes de 16 y 13 años.
Según la PNC, estos jóvenes fueron observados en las cámaras de videovigilancia del sector. Aparentemente, el joven de 16 años habría disparado contra el conductor y pretendía entregar el arma de fuego a Ortega quien iba con el niño de 13 años.
Las autoridades decomisaron un revólver con el cual se presume cometieron el asesinato.
Ortega dijo que únicamente cursó segundo básico y le hubiera gustado seguir estudiando. Su madre es salvadoreña y está detenida por traficar droga; fue detenida en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
La joven expresó que vivía con el niño de 13 años y estuvo privada de libertad antes. Fue remitida al centro correccional Los Gorriones en julio del año pasado, por robo. Permaneció ahí dos meses y cinco días, pero no le comprobaron responsabilidad en este hecho, ya que una amiga fue quien cometió el delito y no ella.
