POR SAIRA RAMOS
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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comenzó el plan piloto de transferencias condicionadas, que se implementará en el departamento de Guatemala en sustitución del programa Mi Bolsa Segura. La Hora se trasladó a Chuarrancho, municipio elegido para el ensayo del proyecto, con el objetivo de verificar la efectividad del mismo y descubrió que, a pesar de las buenas evaluaciones del Ejecutivo, se continúan dando ciertas prácticas irregulares.
Hasta el pasado 11 de agosto el Mides entregó 1 mil 135 tarjetas de débito para igual número de familias en Chuarrancho.
Las tarjetas fueron emitidas por el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) y Visanet Guatemala como operadores de tarjetas.
Para la compra de productos se autorizaron cuatro centros de canje, donde los beneficiarios del programa social pueden adquirir alimentos de una lista limitada.
Los beneficiarios de la transferencia condicionada, sin importar que vivan en cualquiera de las cuatro aldeas o 20 caseríos de Chuarrancho, deben hacer un recorrido hasta el centro del municipio para adquirir los productos de primera necesidad autorizados por el Mides.
Algunos trayectos pueden durar entre dos y tres horas en un picop que cobra alrededor de Q40 por ida y vuelta.
El proyecto social que se implementó inicialmente en Chuarrancho por el Gobierno del presidente Jimmy Morales se publicitó como un avance en materia de transparencia, porque con la tarjeta de débito el Mides dejó de adquirir los productos, un proceso que estuvo salpicado por la corrupción y el nepotismo en administraciones anteriores.
Sin embargo, basta con empezar a verificar el funcionamiento de las transferencias condicionadas para identificar posibles casos de abusos.
Para la elaboración de este reportaje La Hora hizo una visita al municipio de Chuarrancho, que se encuentra a 32 kilómetros de la Ciudad Capital, entre el norte de El Chol y Salamá, municipios de Baja Verapaz; al este de San Raymundo; al oeste de San José del Golfo y al norte de San Pedro Ayampuc y Chinautla, donde el 24.2 por ciento de sus habitantes reporta un grado de desnutrición crónica, según datos de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan).
CENTROS DE CANJE
Entrando al casco urbano del municipio de Chuarrancho está el Mercado Municipal, el principal centro de comercio de la región, inaugurado en febrero del 2009. Ahí se encuentran los primeros dos centros de canje.
El primero está ubicado en el local dos, en el pasillo frontal del mercado y es conocido como Abarrotería El Buen Precio. Su propietario es Marvin Danis Zurdo Vargas.
El segundo centro es la Distribuidora La Bendición, que está a cargo de Estela Román Alvarado, quien además de proveedora es beneficiaria del programa, según indicó.
Saliendo del Mercado Municipal, sobre la calle principal de Chuarrancho, se ubica Distribuidora Guox, el tercer centro de canje, el cual es atendido por su propietario Selvyn Guox Pelicó.
Cincuenta metros más adelante está el Depósito La Bendición, que administra su representante Martha Julia Punay Chic, quien también admitió ser beneficiaria del programa.
En esos lugares, las 1 mil 135 familias de Chuarrancho pueden hacer uso de sus Q250 de la manera que más les convenga, pero siempre que respeten el listado de productos autorizados por el Mides: leche de vaca en polvo, huevos de gallina, pasta enriquecida cruda, frijol negro en grano, arroz blanco, harina de maíz nixtamalizada (Maseca), azúcar blanca granulada, aceite vegetal, bebida nutritiva (Incaparina), y sal de mesa.
SOBREPRECIOS
Los beneficiarios de la transferencia condicionada de Chuarrancho que ya recibieron dos acreditaciones de Q250 manifestaron su aprobación al nuevo plan. Sin embargo, algunos usuarios se quejaron por el sobreprecio que tienen algunos artículos.
La justificación de los tenderos para subir los precios es que con el incremento de las ventas, sus comercios tienen que declarar impuestos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), como pequeños contribuyentes.
La propietaria de Distribuidora La Bendición, Román Alvarado, tomó esa medida y explicó que su decisión se debe a que “sola no puede pagar todos los impuestos”. Antes, dijo, declaraba el dos por ciento de impuestos a la SAT, pero ahora declara el cinco.
Además, Banrural y Visanet Guatemala les cobran el Q2.25 de comisión por prestar el servicio a los beneficiarios por cada cien quetzales gastados, el cual debe absorber el propietario de cada establecimiento. Sin embargo, eso no debe ser razón para que se incremente el valor de los alimentos dijo el ministro del Mides, José Guillermo Moreno.
El funcionario afirmó que en caso de cualquier sobreprecio, los beneficiarios pueden denunciarlo ante la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).
A la fecha, esa institución no ha recibido ningún reclamo por sobrevaloración, informó el Departamento de Comunicación.
¿POR QUÉ BANRURAL?
Para el programa de transferencias condicionadas se eligió a Banrural porque es la entidad bancaria con más agencias y mejor cobertura a nivel nacional, dijo Moreno.
Ese acuerdo se alcanzó, según el ministro, después de que Banrural y el Banco Industrial S.A., fueron los únicos bancos que mostraron interés de participar en la implementación del nuevo proyecto social.
Se eligió a Banrural por su responsabilidad social empresarial, aseguró el funcionario. “Este banco está devolviendo el Q0.75 de la comisión de Q2.25 a los comercios. Por parte de Visanet se abrió la propuesta a todos los bancos, donde solo tres mostraron su interés, y finalmente solo dos: Industrial y Banrural. Fue a este último que se eligió por su cobertura a nivel nacional”, explicó.
Sin embargo, Moreno indicó que existe la posibilidad de que otros bancos se involucren en este u otros proyectos similares. “La idea es que todos los bancos sean beneficiados”, dijo.
Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explicó que el procedimiento utilizado por el Mides para elegir al banco emisor de las tarjetas solidarias es adecuado, pero evidencia una “movida” de la cartera para desligar de cualquier responsabilidad a las autoridades en el proceso de adquisición del servicio.
“Entregaron el programa social a Banrural de forma correcta, pero se desligan de sus responsabilidades y trasladan el cobro de servicio al usuario cuando esto le compete al Estado. En este caso el usuario es el afectado”, afirmó Menchú.
ENTRE FAMILIARES
Al revisar la nómina de autoridades y empleados municipales de Chuarrancho se confirma que dos familiares de Marvin Danis Zurdo Vargas, propietario de la Abarrotería El Buen Precio, uno de los cuatro centros de canje, trabajan para la Municipalidad que está a cargo del alcalde Pablo Tocay Gómez, quien ganó las elecciones del 2015 con Libertad Democrática Renovada (LIDER).
El documento de acceso público colgado en la página de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), correspondiente al 2015, refiere que Ingrid Maricela Zurdo Vargas, familiar del comerciante, se desempeña como secretaria del Alcalde y Rosa Graciela Zurdo Vargas de Chocón, como asistente de Dirección de Obras de esa comuna. El salario de los parientes del tendero no se detalla en la nómina.
Por su parte, Selvyn Guox Pelicó, de Distribuidora Guox, otro de los centros de canje en Chuarrancho, es esposo de Estela Román Alvarado, propietaria de Distribuidora La Bendición.
Román Alvarado dijo que su Distribuidora ha sido beneficiada con otros contratos del Estado, sin embargo, estos no aparecen en el portal de Guatecompras.
Los únicos registros que aparecen en esa página son de Distribuidora Guox, que fue favorecida con dos contratos que suman Q33 mil 050. Estas adjudicaciones se dieron por el Ministerio de Educación (Mineduc) por la compra de alimentos para refacción de los alumnos. El primer contrato fue por Q18 mil 850 y el segundo por Q14 mil 200.
DENUNCIAN COBROS
El ministro Moreno indicó que, a diferencia de la bolsa solidaria, los líderes comunitarios no tendrán participación en la distribución de la tarjeta de transferencias condicionadas, ya que en ocasiones anteriores se utilizó este proceso para la compra de votos.
El colaborador eficaz del Ministerio Público en el caso Cooptación del Estado, Juan Carlos Monzón, reveló que el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) utilizaba los programas sociales con fines políticos y para ello se servía de la influencia de algunos líderes en las comunidades.
Para cambiar las reglas del juego, según dijo, el Partido Patriota (PP) pagó a estas autoridades para que no llevaran a votar a las personas que apoyaban a la oposición.
Moreno aseguró que esta estrategia no se podría repetir con la nueva modalidad del programa, sin embargo, usuarios entrevistados dijeron que algunos “lideres” de las aldeas Las Canoas, Las Conchas, Guadalupana y El Buen Pastor, de la zona 25, ya informaron a las familias que habitan en ellas que, a cambio de ser inscritos como beneficiarios del proyecto de transferencias condicionadas, deben pagar una cuota de Q2 hasta Q10.
Además, les dijeron que deben entregar una copia de su Documento Personal de Identificación (DPI), indicó un vecino del área que prefirió mantenerse en el anonimato.
En tanto, otra beneficiaria, quien pidió ser identificada únicamente como “Doña Alicia”, dio información de cómo un supuesto líder comunitario de Los Ocotes les ordenó a los “lideres” de las aldeas de zona 25, hacer el cobro de Q2 para pagar a la “asociación que trabaja en el censo” del Mides, el cual debería estar finalizado el 25 de agosto.
Consultado al respecto, el Mides aseguró que no se hace ningún cobro por la inscripción de los beneficiarios.
Estos hallazgos, según el análisis del experto Ronalth Ochaeta, pueden indicar cierto grado de nepotismo porque evidencian prácticas irregulares en las distribuciones de los beneficios del programa.
“Los datos me regresan años atrás porque se sigue dando el mismo patrón de los Gobiernos de la UNE, el PP y de Alejandro Maldonado. No es normal que se sigan repitiendo esas prácticas porque estas se tuvieron que quedar eliminadas con mecanismos de exclusión que se pueden implementar con la participación ciudadana y robustecer los procesos de transparencia en los que se implementa la política pública”, dijo.
COBRO A CAMBIO DE TARJETA
El Mides pretende implementar el programa de transferencias condicionadas a través de la tarjeta de débito Banrural en todo el departamento de Guatemala, según el ministro Moreno.
Hasta hoy el Mides ha entregado 1 mil 135 tarjetas en Chuarrancho, 641 en San Raymundo y 242 en San Juan Sacatepéquez.
El programa de transferencias condicionadas, de acuerdo con el ministro, se extenderá a las zonas de la Ciudad Capital con mayores índices de pobreza y pobreza extrema.
En el resto del país el programa de asistencia alimentaria del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), es el responsable de la licitación, adjudicación, compra, traslado y entrega de los alimentos a las familias que registran niños en estado de desnutrición aguda y vulnerabilidad en la seguridad alimentaria.
A la fecha, el MAGA ha entregado 56 mil raciones bolsas de alimentos en el interior de la República. El costo de dicha inversión fue de Q112 millones.
PRODUCTOS AUTORIZADOS
Con la subvención que empezó a entregar el Mides en Chuarrancho los 1 mil 135 beneficiarios del programa social pueden adquirir los siguientes productos básicos con los Q250 que se les transfiere de forma mensual.
Leche de vaca en polvo
Huevos de gallina
Pasta enriquecida cruda
Frijol negro en grano
Arroz blanco
Harina de maíz nixtamalizada (Maseca)
Azúcar blanca granulada
Aceite vegetal
Bebida nutritiva (Incaparina); y
Sal de mesa,
Mientras que los beneficiarios de la Bolsa Segura y Solidaria entregadas durante los Gobiernos de UNE, PP y Alejandro Maldonado recibieron:
Bolsa Segura
10 libras de frijol
10 libras de arroz
1 botella de aceite de 900ml
5 libras de harina de maíz
2.2 libras de mosh
3 libras de atol fortificado
Bolsa Solidaria
10 libras de frijol
10 libras de arroz
5 libras de harina de maíz
5 libras de Incaparina
½ galón de aceite vegetal
