POR KATERIN CHUMIL
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), entregó esta tarde la acusación formal del Caso “TCQ”, que contiene la investigación en contra de Roxana Baldetti, Otto Pérez Molina y diez personas más, sospechosas de aceptar sobornos a cambio de firmar un contrato de usufructo a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
El fiscal Juan Francisco Sandoval presentó 607 medios de prueba ante el Juzgado B de Mayor Riesgo, entre ellos escuchas de llamadas telefónicas, información de dispositivos electrónicos, información de documentos de la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la Secretaría de la Presidencia.
También se presentaron 649 folios que contienen información documental. Por este caso ya fueron ligados a proceso un testigo y Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la Vicepresidencia y colaborador eficaz del Ministerio Público (MP).
Tras recibir la acusación, el Juzgado B de Mayor Riesgo deberá programar la audiencia de etapa intermedia, en la que se determinará si los sindicados deberán ir a juicio por los hechos que les imputa el Ministerio Público (MP).
ANTECEDENTES
En 2012, la empresa TCQ (subsidiaria de la española TCB) y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva y “sofisticada” terminal, en la cual tenían contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares.
Según las investigaciones del MP, para llevar a cabo dicho plan, desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se fraguó una compleja estructura criminal con roles definidos, la cual fue liderada por Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías, Juan Carlos Monzón Rojas y 11 personas más, quienes se aliaron para obtener beneficios económicos por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ.
Esta asociación tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del que la organización obtendría lucro, y para dirigir acciones llamadas a ocultar y blanquear los dineros recibidos de origen ilícito.
El pasado 6 de mayo, el Juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, resolvió abrir una causa judicial y enviar a prisión preventiva a 10 personas dentro del caso.
Los sindicalistas Julio César Zamora y Julio Esquivel también son procesados por este caso, pero fueron beneficiados con arresto domiciliario.
