POR KATERIN CHUMIL
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La Fiscalía de los Derechos Humanos busca imputar el delito de desaparición forzada al exjefe del Estado Mayor Presidencial, Benedicto Lucas García, por desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen.
Además, pidió ampliar la acusación contra de otros cuatro militares retirados, quienes ya están ligados al expediente judicial.
Lucas García ya enfrenta proceso y deberá ir a juicio por el caso conocido como Creomapaz, también relacionado a los vejámenes que cometió el Ejército contra población civil durante el conflicto armado interno.
De acuerdo con el Ministerio Público, es responsable de la desaparición forzada de al menos 558 civiles, entre 1981 y 1986. Las osamentas de las víctimas se encontraron en fosas, en la Zona Militar 21 de Alta Verapaz.
La audiencia en la cual sería implicado en el Caso Molina Theissen fue suspendida debido a que la Fiscalía no llevó una copia de la investigación para la Procuraduría General de la Nación, querellante provisional en el proceso.
Durante el desarrollo de la audiencia los abogados de los cinco sindicados solicitaron al juez conocer las apelaciones presentadas ante la Sala de Mayor Riesgo para que el caso no sea llevado en una judicatura de Alto Impacto.
LA DESAPARICIÓN
El 6 de octubre de 1981, soldados vestidos de civil irrumpieron en una residencia de la colonia Florida, zona 19, donde habitaba la familia Molina Theissen. De forma violenta sacaron de su vivienda a Marco Antonio, frente su mamá, Emma Theissen.
Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que el secuestro y desaparición del menor fue un acto de represalia, ya que su hermana mayor Emma Molina Theissen en días anteriores había escapado del destacamento militar donde estaba detenida ilegalmente.
Emma Molina fue capturada en septiembre de 1981 en un retén militar, porque supuestamente portaba propaganda de estudio y de discusión política. Durante los días que permaneció retenida contra su voluntad fue víctima de tortura y abuso sexual.
Ana Lucrecia Molina Theissen, hermana de la víctima, pidió justicia pronta: “Hemos aguantado 35 años, podemos esperar una semana más, aunque no es justo que se de este retardo”.
“Ningún niño, ninguna niña o ningún ser humano en el mundo, tienen porqué correr esa suerte maldita de ser desaparecido. La justicia no debe de ser solo para Marco Antonio, sino que Guatemala logre construir a partir de estos procesos garantías de no repetición que padecieron miles de docenas de personas en el país. Porque lo que se olvida, vuelve a repetirse, que Guatemala no sea un país de impunidad, sino de justicia y transparencia”, dijo.
