POR KATERIN CHUMIL
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El Juzgado de Primera Instancia Civil de Coatepeque ordenó la intervención del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) por el incumplimiento de una sentencia judicial que obligaba al pago de Q41.9 millones a favor de las familias Sarg Moreno y Sarg Palmieri.
La jueza Dora Leticia Monroy Hernández ordenó la medida el pasado 30 de junio para obligar al banco a cumplir con la resolución que fue confirmada por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Luis Velásquez, presidente y representante de la entidad bancaria, indicó que, a pesar de la intervención, seguirán operando con normalidad.
Adolfo Laparra Barrientos, interventor nombrado por el juzgado, detalló que en el año 1957 las familias Sarg entregaron en fideicomiso el terreno, valorado actualmente en Q300 millones, por una deuda que se tenía con el banco.
Las familias entregaron dicho terreno localizado en Coatepeque, Quetzaltenango, para la construcción de una lotificación; sin embargo el CHN perdió el bien en una subasta e incumplió con el contrato de fideicomiso, por lo que los afectados emprendieron acciones en su contra.
Laparra Barrientos explicó que la forma en que se intervendrá la caja del banco, aún no se ha definido con las autoridades de dicha entidad y reiteró que no se afectarán las operaciones bancarias ni a los cuentahabientes.
Según dijo José Sarg, en 2004, se requirió al CHN un pago por la referida cantidad dentro de un proceso conocido por más de 20 jueces de primera y segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia y la CC.
Ante la negativa de pago, se ordenó el embargo con carácter de intervención, pero la misma fue interrumpida por al menos 24 acciones de amparo planteadas por el banco, las cuales fueron declaradas sin lugar por parte de la CC, explicó.
Por su parte, el presidente del CHN, Luis Velásquez, aseguró: «estamos aceptando la resolución de un juez de Coatepeque. Este caso no es nuevo, viene desde 1957, pero luego tuvo sus procesos en los tribunales», acotó.
A decir de Velásquez, analizarán presentar una denuncia en contra de los abogados y familias involucradas por el delito de pánico financiero.
