POR KATERIN CHUMIL
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La Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal confirmó que Roxana Baldetti; su hermano, Mario Baldetti; el empresario Uri Roitman y 12 personas más deberán continuar en prisión preventiva mientras se resuelve su situación judicial.
La Sala de Apelación rechazó los 9 recursos de apelación interpuestos por los abogados de los acusados, quienes buscaban que fueran beneficiados con arresto domiciliar.
Los magistrados determinaron que las causas por las que fueron enviados a prisión los procesados no han variado y por ello confirmaron la resolución emitida por el juez de Villa Nueva, Arnoldo de Jesús Orellana.
En tanto, el Juzgado C de Mayor Riesgo, a cargo del Juez Víctor Ríos, deberá resolver si los 15 sindicados deberán enfrentar juicio por las acusaciones del Ministerio Público (MP).
Marilyn Anabella Sosa Azurdia, Lizbeth María Alonzo Azurdia, Sandra Nineth García España y Clara Mariel Carballo Carballo, señaladas por este caso, también pidieron medidas sustitutivas, pero están a la espera de que el juez programe una audiencia para conocer la petición.
LA ESTAFA
De acuerdo con el MP, los sindicados conformaron una estructura criminal que buscaba lucrar la adjudicación de un contrato por Q137.8 millones a la sociedad comercial M. Tarcic Engineering, para la compra de una sustancia líquida que supuestamente limpiaría el lago de Amatitlán.
El proyecto de limpieza era una estafa, ya que, según estudios de laboratorio, la fórmula estaba constituida en un 90% de agua salada.
La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan que con la llegada de Roxana Baldetti al poder, desde la Vicepresidencia se ejerció el poder sobre la Autoridad para el Manejo sustentable del Lago de Amatitlán (AMSA), manejada de forma extraoficial por Mario Baldetti.
Según las pesquisas, en torno al “manejo de facto” que desde la Vicepresidencia se ejerció en dicha entidad, se desarrollaron varias actividades fuera del marco de la ley, como por ejemplo, tráfico de influencias en la selección del personal clave en AMSA.
Así mismo se pretendía mantener control externo de los eventos de la entidad; influir en la firma de contratos lesivos para los intereses del Estado y beneficiarse en la adjudicación de convenios administrativos por medio de la entidad Empresa Productora y Comercializadora Industrial, Sociedad Anónima (EPCISA), y la emisión de instrucciones relativas al establecimiento de vínculos comerciales de AMSA con empresas.
