POR KIMBERLY LÓPEZ
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Las investigaciones contra la defraudación tributaria dirigidas por el Ministerio Público (MP) y las acciones judiciales contra empresas evasoras, impulsadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), están dando resultados. La brecha fiscal para junio de 2016 presentó una reducción de Q1 mil 952 millones en comparación con el año pasado, lo que quiere decir que el Gobierno de Jimmy Morales tiene mayor disponibilidad de recursos. Sin embargo, analistas consideran que la falta de planes concretos afecta la ejecución de los fondos.
Información de la SAT refiere que para junio pasado la brecha fiscal (diferencia entre la meta de recaudación y lo recaudado por el Estado) se ubicaba en Q301 millones, mientras que para el mismo mes de 2015 la cifra ascendía a Q2 mil 253 millones; siete veces más grande.
Esto también significa una reducción en comparación con lo registrado en junio de 2014, cuando la brecha alcanzó un monto de Q625.6 millones.
Tales cifras indican una recuperación importante de los niveles de recaudación fiscal, cuyo déficit se amplió a millardos durante el Gobierno del Partido Patriota.
En 2012, el primer año de la gestión de Otto Pérez Molina, ahora procesado por dirigir una estructura de defraudación aduanera, la brecha cerró en Q735 millones y se fue ampliando de forma alarmante.
En 2013 el agujero fiscal alcanzó los Q2 mil 77 millones y en 201, los Q2 mil 400 millones. Pero el año crítico fue el 2015, cuando el Estado dejó de recaudar Q4.5 mil millones de quetzales.
Esta agudización del déficit financiero fue la cúspide de un proceso que inició años atrás. Según un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) sobre el comportamiento de los ingresos tributarios, las finanzas públicas se deterioraron a partir de 2009.
El déficit fiscal aumentó hasta un 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el 2010, luego de que en promedio se había mantenido en alrededor del 1.7% del PIB, en el período comprendido entre 2001 y 2008.
El aumento del déficit fiscal a partir de 2009 fue resultado de una caída en los ingresos totales del Gobierno, que se redujeron del 12.8% al 11.7% con respecto al PIB, de 2007 a 2009, respectivamente.
La excepción fue el 2011, último año del Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuando lo recaudado superó la meta esperada.
ACCIONES JUDICIALES
Expertos aseguran que las mejoras en los niveles de recaudación se deben a la promoción de acciones judiciales contra empresas que presentaban irregularidades en sus declaraciones de impuestos.
Solamente en los meses de marzo a junio de 2016, como resultado del seguimiento a casos administrativos y jurídicos, la SAT logró la recuperación de un monto aproximado de Q900 millones.
La empresa Aceros de Guatemala S. A. fue la primera en ser notificada de un proceso de intervención en su contra por la evasión de Q255 millones. Días después, pagó al Estado Q783 millones en concepto de impuestos y sanciones, con lo que casi se logró cerrar la brecha fiscal a mayo.
A la empresa se sumó el Hotel Camino Real, que tras ser intervenido pagó aproximadamente Q45 millones; Farmacias Galeno, que depositó Q35 millones y Ajemaya, con Q27.8 millones. En tanto, Farmacias de la Comunidad aún adeuda Q5.8 millones a la SAT.
También se intervino la empresa Agropecuaria Bellamar Tiquisate S. A., dedicada a la exportación de banano, como consecuencia de la defraudación de más de Q140 millones. Para anular la medida, pago al fisco la cantidad de Q370 millones.
ACCIONES POSITIVAS Y ASPECTOS QUE MEJORAR
Las medidas judiciales han logrado una variación positiva en las cifras de ingresos para la SAT; sin embargo, a decir del analista y economista de la Universidad Rafael Landívar, Erick Coyoy, las mismas se tratan de acciones planteadas en gestiones pasadas, a las que la nueva administración dio seguimiento.
A su criterio, para evaluar las mejoras de la institución en cuanto a medidas de control y fiscalización, habrá que esperar los resultados de los próximos meses. Uno de estos indicadores será la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del trimestre de abril a junio, señala.
Lo indiscutible es que, en comparación con el Gobierno anterior, la administración de Jimmy Morales cuenta con la ventaja de una mayor disponibilidad de recursos y, de seguir el ritmo de la recaudación como hasta hoy, el Ejecutivo no debería tener problemas de escases de fondos con la ejecución presupuestaria.
“Si siguen creciendo los ingresos en los próximos meses seguramente alcanzarán la meta de recaudación del presupuesto. Así es que el Gobierno no tiene problemas para financiar el presupuesto de este año y se encuentran en ventaja al año pasado. Al principio tuvieron problema con el estira y encoge de recursos con el Congreso (solicitaron una readecuación presupuestaria), pero se los aprobaron, hicieron la colocación y ya tienen en caja los recursos para todo el año”, asegura Coyoy.
Abelardo Medina, del ICEFI, también ve una situación ventajosa para la gestión de Morales. Sin embargo, asegura que existen condiciones que podrían considerarse como adversas.
“En términos nominales hay más disponibilidad de recursos de lo que han tenido gobiernos anteriores, pero la SAT como institución, tiene una situación de desventaja con respecto a lo que tuvieron sus anteriores”, indica Medina.
La percepción del analista es que Morales recibió una SAT y un Ministerio de Finanzas debilitados por la corrupción, por lo que la permanencia de la bonanza fiscal dependerá del trabajo de reestructuración de ambas entidades.
El superintendente Solórzano Foppa y el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, impulsaron una Ley de Fortalecimiento a la SAT que pretende dar herramientas a la institución para mejorar su trabajo de fiscalización, pero el Congreso terminó aprobando la normativa a medias.
UNA RECAUDACIÓN FUERTE, PERO UNA EJECUCIÓN DÉBIL
A pesar del escenario ventajoso en el que se encuentra Morales en materia de recaudación tributaria, los analistas ven deficiencias en la ejecución de los recursos con los que cuenta.
“No se tiene muy claro si es falta de experiencia y conocimiento de la administración pública o si es que no tienen planes concretos que impulsar”, opina Coyoy.
Según los datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas, hasta el 8 de julio, las carteras que encabezan los porcentajes de ejecución presupuestaria son el Ministerio de Trabajo (45.99 %), Educación (45.70 %), Relaciones Exteriores (42.30 %) y Defensa (42.02 %).
Por el contrario, el Ministerio de Comunicaciones (13.98 %), Desarrollo Social (18.01 %), Cultura y Deportes (27.12 %) y Agricultura (27.32 %) figuran entre las carteras con la ejecución más baja.
Los porcentajes anteriores, según el analista del ICEFI, pueden deberse al rezago en el traslado de fondos, así como a la falta de acciones planificadas.
Según el experto, cualquier ejecución por debajo del 42 por ciento, resulta alarmante, ya que repercute en la posibilidad de inversión para el crecimiento.
“Si yo tenía planificado hacer A y B, con recursos X y Y; y aún no me he gastado eso, quiere decir que no he hecho A ni B”, explicó Medina.
PRIORIDADES CUESTIONABLES
Otro aspecto que llama la atención de los economistas consultados es que, según los datos de ejecución presupuestaria, las prioridades del Ejecutivo son cuestionables.
El Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo, registra el porcentaje más bajo de cumplimiento, cuando la necesidad de invertir en la red vial e infraestructura es evidente, señala el ICEFI.
En el extremo opuesto se encuentra el Ministerio de Defensa, que figura con la cuarta ejecución presupuestaria más alta. “Sí es cierto que se asignó más plata al Ministerio de Salud y al Ministerio Público, pero todavía observamos algunas asignaciones intrascendentes para el bienestar de la sociedad como la asignación para el Ejército de la República, ¿qué sentido tiene dar más recursos al Mindef cuando este país no está en guerra?”.
“La baja ejecución puede ser falta de capacidad o falta de planes sobre cómo hacer las cosas o qué impulsar. Agricultura y Desarrollo Social tienen programas concretos pero no ejecutan, no hay acciones concretas y los recursos no son el problema”, explica.
Ambos analistas coinciden en que lo ideal es priorizar las áreas de seguridad, justicia y desarrollo social.
La Hora intentó comunicarse con el ministro Julio Héctor Estrada; sin embargo, no contestó las llamadas realizadas.
VEN LIMITACIONES EN REFORMAS
Luego de que el Congreso de la República aprobara “levantar” el secreto bancario para que la SAT pueda requerir información bancaria de los contribuyentes, el Organismo Ejecutivo aplaudió este paso, en tanto analistas consideraron que aún existen limitaciones.
Dentro de lo aprobado por el Congreso, los diputados establecieron que todos los artículos de la referida reforma aplican para el futuro en virtud que la ley no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal cuando favorezca al reo.
El analista Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) consideró que con lo aprobado la SAT no puede actuar en forma decisiva contra la evasión fiscal si no puede tener acceso a información sobre movimientos bancarios de contribuyentes antes de la vigencia de la ley. Los casos que se han descubierto ahora vienen de años atrás, recordó.
Según Linares, sería mejor que la SAT, como sucede en otros países donde hay capacidad de pago para evitar la evasión, tuviera la facultad para revisar la información de años atrás.
La opinión del Ejecutivo resultó más optimista. “Estos son avances positivos que están orientados a mejorar la recaudación tributaria en el país, tanto en el corto como en el mediano plazo”, dijo Heinz Hiemann, portavoz presidencial.
De la misma forma opinó el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, quien dijo que hubo pasos adelante para fortalecer las herramientas de fiscalización. Sin embargo, explicó que no queda clara aún la forma de redacción de la amnistía y que ese apartado se evaluará con expertos de la SAT y del Ministerio de Finanzas.
