POR KIMBERLY LÓPEZ
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El comisionado de Puertos y Aeropuertos, Enrique Godoy aseguró que considera que la empresa holandesa APM Terminals al no descartar denuncias contra el Estado de Guatemala solamente se está defendiendo de acciones que continúan en proceso.
Según Enrique Godoy, las acciones que ha tomado APM Terminals contra el Estado son parte de una respuesta normal a las acciones que el país está tomando respecto al contrato lesivo con la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
“Lo que ha hecho APM es reaccionar a las acciones, el Estado sigue demandándolos porque la solicitud de nulidad sigue en pie”, explicó Godoy.
Semanas atrás, la Procuraduría General de la Nación (PGN), presentó una solicitud de nulidad al contrato firmado con TCQ.
Según Godoy, APM considera que sus derechos se están violando y por ello, es normal que ya hayan iniciado acciones en contra de dicha solicitud de nulidad.
“Así como el Estado actúa porque considera que hubo algo inapropiado de parte de ellos, ellos están defendiéndose de las acciones que el Estado está tomando”, justificó el entrevistado.
En esa línea, explicó que pese a que existe una negociación para hacer un nuevo contrato con APM, mientras esto no se concrete los procesos de demanda continúan.
PROPUESTA DE INTERVENTOR
Para lograr el posible saneamiento de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), el interventor de la misma, Alexander Aizenstatd, sugirió un arreglo con la empresa APM Terminals, el cual incluye la anulación voluntaria del contrato anómalo y una reparación millonaria al Estado.
Aizenstatd detalló que el nuevo contrato sería una concesión y debería ser aprobado por el Congreso de la República.
Según el interventor, las condiciones del nuevo contrato de concesión deberían incluir un plazo de 21 años, que corresponden al plazo pendiente del contrato original. El contrato existente es prorrogable hasta 50 años.
Godoy explicó que la propuesta de Aizenstatd busca resolver la situación con APM Terminals, de una forma extrajudicial, es decir, que ambas partes se pongan de acuerdo para la anulación del control y así, plantear uno nuevo.
Sin embargo, esta propuesta debe ser analizada por la Procuraduría General de la Nación (PGN).
“Mientras no se lleve a cabo la acción de desjudicializar, las dos partes van a seguir actuando: uno demandando la nulidad y otro defendiéndose de esta”, explicó Godoy.
