POR KATERIN CHUMIL
kchumil@lahora.com.gt
Desde el Caso La Línea hasta la investigación más reciente, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) han revelado redes extensas de corrupción de las que forman parte funcionarios, empresarios, abogados y operadores. Sin embargo, no todos los implicados están identificados y no todos los identificados están implicados. En cada expediente hay cabos sueltos, que por falta de evidencias, no han logrado ser conectados y aclarados. Las autoridades aseguran que continúan investigando, pero hasta el momento hay varias preguntas que quedan por resolver.
¿QUÉ HACÍA UN SUBCONTRALOR REUNIDO CON LA PLANA MAYOR DE LA LÍNEA?
Un informe de la CICIG en el Caso La Línea indica que en diciembre de 2014, Sergio Oswaldo Pérez López, entonces subcontralor de Calidad y Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas (CGC), se reunió con la plana mayor de la estructura de defraudación aduanera.
El contenido de las pláticas entre el exfuncionario y los supuestos miembros de la organización criminal es desconocido, pero el análisis de algunas llamadas telefónicas interceptadas a los participantes permite sospechar que pretendían influir para que Pérez López se convirtiera en el próximo contralor.
¿PRESIONABA ANABELLA DE LEÓN A LA LÍNEA?
En una de las llamadas telefónicas interceptadas en el Caso La Línea se menciona a Anabella de León, exregistradora general de la propiedad.
El contexto de la conversación son las presiones que supuestamente recibió la estructura por parte de un personaje externo.
En una llamada entre Mynor Pineda y William Estuardo Morales Lima, operadores de la estructura, el primero indica al segundo que la persona que está presionando es la registradora de la propiedad.
“Quiero hablarle del clavo de Batach porque ya está hablando hasta la Anabella de León, como que es del Registro Mercantil, la registradora está hablando por ese caso, que ya le habló al súper (superintendente) y es un vergueo para que nos den apoyo…”, le señala.
¿QUÉ SABÍA LA HIJA DE PÉREZ MOLINA SOBRE SUS PRESUNTAS EMPRESAS DE CARTÓN?
Las declaraciones del colaborador eficaz Salvador Estuardo González han advertido de la participación de Lissette Pérez Leal, hija del expresidente Otto Pérez Molina, en la administración de las empresas que ahora el MP y la CICIG identifican como “de cartón”, es decir, sociedades legalmente constituidas que sirven de fachada para esconder negocios ilícitos.
Alias Eco dijo en su declaración que en una ocasión se reunió con el expresidente, su hija, su nuera, Luisa Issacs y el contador Mario Contreras para establecer los mecanismos de funcionamiento de tales empresas.
En febrero de este año, el Juzgado de Extinción de Dominio embargó tres cuentas a Pérez Leal: una de Q500 mil, otra de Q260 mil y la última de Q300 mil.
Además embargó la empresa Pixel S.A., de la cual era representante legal. Esto debido a que el MP sospecha que fue utilizada como uno de los canales para la recepción del dinero proveniente de la defraudación.
¿ESTABA BLANCA STALLING DETRÁS DEL BUFETE DE LA IMPUNIDAD?
Iniciando su gestión en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la togada fue vinculada a un grupo de abogados dedicados al soborno de jueces, al cual se denominó “Bufete de la Impunidad”.
El nombre de Stalling fue mencionado en una de las llamadas telefónicas interceptadas a los sindicados del Caso.
“Nosotros aquí estamos al pie del cañón, no te estamos abandonando en absoluto, vos sabés. Blanca Stalling es la que está detrás y ellos (el bufete) tienen muy buena comunicación, estamos en esa”, señala el prófugo Luís Mendizábal a Javier Ortiz, alias el Teniente Jerez, procesado por el Caso de defraudación aduanera La Línea.
Ambos interlocutores son sindicados de pagar un soborno a la jueza Marta Sierra de Stalling, familiar de la magistrada de la CSJ, para que liberara a Ortiz y a otros dos cabecillas de La Línea.
¿SABÍA JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ SOBRE LOS NEGOCIOS EN EL IGSS?
El MP y la CICIG han descubierto tres casos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). En las llamadas telefónicas de los tres casos es recurrente la mención del alias “JD”, que según la Fiscalía podría ser el mote de Juan de Dios Rodríguez, expresidente de esa entidad.
El funcionario enfrenta proceso por el Caso conocido como IGSS-Pisa, debido a que, como parte de la Junta Directiva del Seguro Social, autorizó una contratación anómala para el servicio de diálisis peritoneal.
La Fiscalía señaló a toda la junta por no cumplir con su responsabilidad de evaluar de forma adecuada a la empresa que sería contratada; sin embargo, no se ha podido comprobar si Rodríguez u otro de los miembros adjudicaron el contrato con pleno conocimiento de la trama de corrupción que estaba detrás o si recibieron sobornos a cambio de hacerlo.
En una conversación entre Herberth García Granados, presunto artífice de las negociaciones, con Roberto Lorenzana Ortiz, representante legal de Pisa, este último pregunta con quién puede contactarse para lograr que se “bote” la adjudicación a la competencia, a lo que García Granados responde que solamente puede hablar con “JD”, porque él es “el que manda”.
¿AYUDÓ MARÍA EUGENIA VILLAGRÁN AL PP DE FORMA ILÍCITA?
La declaración del colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario de la Vicepresidencia, aportó más preguntas que respuestas a las investigaciones del MP y la CICIG. En su testimonio se mencionan nombres de funcionarios, cuya participación en la red de corrupción, que según las autoridades lideró Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, no está clara.
Una de ellas es la exprocuradora general de la nación, María Eugenia Villagrán, quien según Monzón, cuando fungía como presidenta del Tribunal Suprema Electoral, facilitaba al Partido Patriota una copia del padrón electoral y sus actualizaciones, para estar al tanto de la participación que tenía la organización política en los comicios electorales.
¿TIENE RELACIÓN ANTONIO CORO CON LAS PLAZAS FANTASMA EN EL RIC?
Monzón explicó cómo fue el enlace entre la Vicepresidencia y el Registro de Información Catastral (RIC), entidad que describe como “un nido de plazas” de los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Lider).
De acuerdo con el colaborador, cuando el PP ganó la elección y la estructura criminal comenzó a cooptar las instituciones estatales, el RIC ya estaba controlado por el alcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio “Tono” Coro, quien tenía un puesto directivo ahí.
¿MANEJABA ENRIQUE MONTERROSO NEGOCIOS DE CORRUPCIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD?
Monzón indicó que a finales de 2014, Baldetti le pidió que “se fuera a meter” al Ministerio de Salud. “No te vayas a meter en negocios de medicina ni nada, solo mira ahí qué es lo que tiene Luis Enrique (Luis Enrique Monterroso, exministro de Salud) y que te haga un reporte”, dice Monzón que le ordenó.
El colaborador eficaz explicó que asignó a uno de sus operadores para que controlara a Monterroso, pero éste último lo “bloqueó”, ya que él reportaba sus negocios directamente a Roxana Baldetti.
Monzón aseguró que la única vez que el exministro le entregó dinero fue en los primeros dos meses de su gestión, cuando le envió Q89 mil provenientes de “doctores”. El exsecretario privado aseguró que no sabe de qué se trataba dicho proyecto.
¿TENÍA NEGOCIOS JOVIEL ACEVEDO CON EL PP?
En sus declaraciones, Monzón contó al MP sobre las remodelaciones que se hicieron a la Casa del Maestro, ubicada en la 4a. avenida y 6a. calle, zona 1, la cual está al frente de la del líder magisterial, Joviel Acevedo.
Para estas modificaciones acordadas en un convenio con la Presidencia, Vicepresidencia y Acevedo, la empresa Alliancee pagó Q425 mil 321.48, las cuales estuvieron a cargo de Raúl Osoy Penado, presidente de la empresa Topsa.
Según Monzón, para la remodelación de la casa de los educadores se compró por órdenes de Baldetti, una cama y sabanas, una sala de recámara, un frigobar, una televisión, botes de pintura e insumos de limpieza; además, 50 camas imperiales para la Casa del Maestro.
¿FUE CARLOS BATZÍN OPERADOR DE LA ESTRUCTURA DE COOPTACIÓN DEL ESTADO?
El colaborador eficaz señaló a Carlos Batzín y Dwight Pezzarosi como los operadores de la estructura de corrupción en el Ministerio de Cultura y Deportes.
Hasta hoy, las autoridades solo han señalado a Pezzarosi por un contrato de seguridad firmado en el 2013, por el cual supuestamente la empresa le pagó una comisión del 10 por ciento.
¿POR QUÉ SE REUNÍA CARLOS MENCOS CON MONZÓN?
El nombre del contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, salió a relucir en los testimonios del Caso Cooptación del Estado como un visitante frecuente del exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, quien supuestamente fue operador de los negocios de corrupción del gobierno del Partido Patriota.
El juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, dio a conocer durante su resolución en la audiencia de primera declaración del Caso, que uno de los testigos de la Fiscalía mencionó al funcionario.
Según dijo, en la declaración consta que Mencos era uno de los muchos personajes públicos que visitaban con frecuencia a Monzón en su oficina, ubicada en el edificio Sixtino, en la zona 10 de la capital.
Además, el juez señaló que en conversaciones telefónicas interceptadas, se evidencia que los miembros de la estructura de corrupción sabían que Mencos sería contralor antes de su elección.
¿TUVIERON LAS MISMAS PRÁCTICAS OTROS PARTIDOS?
Las revelaciones del MP y la CICIG se han concentrado, en su mayoría, en el Gobierno del PP; sin embargo, es un secreto a voces que el financiamiento ilícito es una práctica que no es exclusiva del partido naranja.
Según indicó el comisionado Iván Velásquez durante la presentación del Informe de Financiamiento Ilícito de Partidos Políticos, “Guatemala es país un propicio para cometer delitos electorales sin ninguna consecuencia, ya que la impunidad es del 95 por ciento.
La CICIG determinó que quienes más aportan para campañas de un candidato a Presidente son los empresarios nacionales, proveedores de Estado, medios de comunicación y personas ligadas a estructuras criminales.
En el caso de la financiación de la candidatura de diputados, los mayores financistas son ONG que se alimentan de fondos públicos.
Las empresas que trabajan proyectos de construcción de obra pública son quienes financian más a los candidatos para alcaldes.
¿SE LIMITA LA CORRUPCIÓN AL GOBIERNO ANTERIOR?
De la misma forma, la corrupción ha estado presente en todos los gobiernos y no solo en el del PP.
En la investigación del Caso TCQ, se reveló que las negociaciones entre la empresa española y el Ejecutivo se remontan al Gobierno de la UNE, y que fue Gustavo Alejos, exsecretario general de Álvaro Colom, el principal operador.
Alejos también está involucrado en el Caso Negociantes de la Salud, contra una estructura que manipulaba las adjudicaciones de contratos por medicamentos en el IGSS para beneficiar a sus empresas. ¿Sabía Colom de las prácticas de su secretario?
PREGUNTAS SIN RESPUESTA
Las preguntas se siguen acumulando con la investigación de cada caso. El juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Caso La Línea, explica de forma reiterada que, tan solo de ese primer expediente, surgieron tres Casos más: TCQ, la Cooperacha y Cooptación del Estado.
Alrededor de los casos mencionados quedan varias preguntas sin respuesta: ¿Son los procesados los únicos implicados en los negocios de corrupción que han llegado a tribunales? ¿Qué tan avanzadas están las investigaciones contra estas personas? ¿Hay indicios de los negocios de corrupción durante el Gobierno del PP que no se gestionaron a través de Juan Carlos Monzón?
