POR K.CHUMIL
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La detallada resolución del juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, en el Caso Cooptación del Estado fue reconocida por expertos en temas de justicia, pues detrás de ella tuvo que existir un trabajo de análisis profundo.
“Estamos viendo a un juzgador que fundamenta sus resoluciones, y eso permite tener certeza sobre si las personas procesadas participaron en los hechos que se les sindican. Es fundamental ver que el juez es imparcial e independiente y toma como base los documentos como medios de prueba en el proceso”, indicó Oswaldo Samayoa, analista independiente.
A pesar de que los abogados han descrito la argumentación de Gálvez como una “resolución desordenada”, Samayoa resalta la capacidad del funcionario judicial de hilvanar los hechos y los personajes en una trama tan complicada como la de Cooptación del Estado.
“El juez debe de tomarse el tiempo que crea necesario, para que no quede ningún vacío y se esclarezca si ellos participaron probablemente en el hecho o no”, dijo.
Ramón Cadena, abogado y director de la Comisión Internacional de Juristas, coincide con Samayoa al señalar que el juez Gálvez ha hecho un trabajo de análisis “muy complejo y completo a pesar de la magnitud de las personas sindicadas en el caso”.
A decir de Cadena, en un proceso como el de Cooptación del Estado, en el que están involucradas empresas de cartón y personas jurídicas es fundamental una argumentación sólida.
Las resoluciones de Gálvez son consideradas cátedras de derecho, ya que en ellas analiza los hechos a la luz de las leyes y los tratados firmados por Guatemala.
“En el caso por Genocidio (cuya primera etapa conoció Gálvez), las resoluciones del juez fueron las únicas que los abogados no pudieron botar, porque él se preocupó por resolver con fundamentos cada una de sus impugnaciones en la audiencias”, reconoció uno de sus trabajadores.
INDICIOS DOCUMENTALES
Este mediodía el juez Gálvez terminó con el análisis de los indicios presentados por el Ministerio Público y, tras un receso, comenzó a resolver si abrirá proceso contra los 57 implicados.
Gálvez finalizó su argumentación exponiendo las evidencias que llevan a pensar que varios contratistas del Estado pagaron comisiones a cambio de recibir la adjudicación de contratos.
Para su análisis el juez utilizó el manual de Guatecompras y el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Estado. “Todo se puede corroborar en Guatecompras, no hay pierde”, señaló.
Además aseguró que entre las pruebas recabadas están los registros de ingresos a la casa presidencial, donde se revela que los contratistas sindicados eran asiduos visitantes de Otto Pérez Molina.
El togado citó a la defensa de algunos contratistas, quienes dijeron que sus clientes fueron extorsionados por el Gobierno del PP, «yo no me tomo un café con quien me extorsiona”, dijo en relación a las visitas.
Gálvez también hizo mención de los detallados informes que Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la Vicepresidencia, realizó para Roxana Baldetti. En ellos constan las tablas de las comisiones recibidas por cada negocio de corrupción.
A pesar de anunciar que hoy daría su resolución en este caso, el juzgador volvió a aplazar la audiencia para mañana indicando que tenía problemas para resolver debido a la hora. “Si ya lo estamos haciendo bien para qué correr”, indicó luego de dar un receso de 10 minutos, cerca de las 6 de la tarde.
