POR REDACCIÓN LA HORA
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La empresa APM Terminals, que compró a Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) siete meses antes de que las autoridades nacionales revelaran la trama de corrupción que la llevó a firmar un contrato anómalo de usufructo con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), se ha declarado a sí misma como un tercero de buena fe en medio del escándalo. Su única intención, dice Susanne Marston, vicepresidenta de APM, es operar la terminal en la cual invirtieron millones de dólares.
Ayer, APM anunció que está anuente a que se declare la nulidad del contrato de usufructo entre TCQ y EPQ; sin embargo, mientras el Congreso no emita una opinión al respecto, el proceso contencioso administrativo iniciado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) continuará su curso. Y contra éste, la empresa ha presentado numerosas impugnaciones. ¿Es verdaderamente el grupo danés un tercero de buena fe?
LA HORA: El jueves de la semana pasada el interventor de TCQ propuso una solución, ¿por qué no tomaron ustedes la iniciativa?
S MARTSON Yo no lo veo así, exactamente, de esta manera que yo no tomé la iniciativa. He pasado nueve de las últimas doce semanas en Guatemala con el único propósito de encontrar una solución al problema.
L.H. ¿Usted fue parte de una negociación para que surgiera la propuesta del interventor?
S.M. No hubo ninguna negociación. He estado aquí y he pasado varias semanas en reuniones con funcionarios gubernamentales, las autoridades y el interventor, para poder demostrar nuestro interés en alcanzar una solución afuera de los tribunales.
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L.H. Ustedes alegan ser un tercero de buena fe, ¿por qué y como lo demuestran?
S.M. Nosotros adquirimos la terminal (portuaria) a través de un grupo español de compañías. Es un grupo de 11 terminales y TCQ es solo una de las terminales de la cartera. La transacción cerró el 8 de marzo y esto significa que en esa fecha nos convertimos en propietarios de TCQ. Cuando compramos TCQ no sabíamos nada de acusaciones, de las malas acciones o acciones incorrectas que datan de 2012, 2013 y 2014. Nosotros nos convertimos en propietarios en marzo de 2016 y no teníamos ningún conocimiento de lo que había pasado y es por eso que sentimos que somos terceros en este caso. Hemos gastado bastante dinero adquiriendo la terminal y tenemos la intención de que sea un proyecto exitoso, no únicamente para el beneficio de nosotros como compañía, sino también para el beneficio de Guatemala y su gente.
L.H. Ustedes representan a una empresa muy grande, ¿acaso no investigan a las empresas que adquieren? Bastaba con buscar en Google sobre TCQ y encontrar todos los señalamientos de corrupción en este caso, desde el 2012.
S.M. Tenemos un proceso de due diligence (debida diligencia) muy minuciosa; es un análisis de las compañías. Antes de comprar una compañía analizamos si es sólida. Y esto es lo que hicimos. Puedo contarle lo que hicimos para que nos sintiéramos cómodos de que TCQ fuera una empresa sólida. Cuando nosotros recibimos un informe de los vendedores sobre la compañía, no fue suficiente. Por eso solicitamos más información o una ruta de datos para establecer el origen de más documentos que querían darnos; también realizamos entrevistas con la gerencia con preguntas específicas y minuciosas sobre, por ejemplo, el cumplimiento sobre (medidas) anticorrupción, casos de corrupción; también analizamos específicamente datos de la compañía. Es un competidor; TCB (Terminal de Contenedores de Barcelona) fue un competidor para nosotros, así que de acuerdo con las leyes de competencia no podíamos obtener información que es sensible desde el punto de vista de la competencia, así que pedimos, como parte de este análisis, información que los vendedores solo quieren que uno tome o reciba; únicamente se solicita la información que no es sensible desde el punto de vista de negocios o desde la perspectiva de las leyes de competencia. Así que no hay ninguna manera de tener certidumbre en un 100 por ciento sobre lo que uno compra. Por ejemplo, cuando uno compra un vehículo usado, nunca sabe uno en un 100 por ciento qué es lo que tiene adentro.
L.H. Realmente solo bastaba con hacer una búsqueda sencilla en internet sobre todos los señalamientos de corrupción. Las evidencias de corrupción en TCQ no era información sensible; todo era público. ¿Y ustedes no lo vieron?
S.M. ¿Me puede enseñar los artículos sobre la corrupción en el acuerdo de usufructo antes de que firmáramos? No los vimos. Tuvimos un monitoreo y realizamos una investigación de las razones por las que había tanta bulla en relación al contrato de usufructo y no había ningún artículo.
L.H. Si una de sus fuentes de referencia durante la investigación, previo a la compra, fue el Banco Mundial, ¿no les advirtieron estos de la carta que Acción Ciudadana les había enviado alertando del oscuro negocio?
S.M. IFC (Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo del Banco Mundial) tiene un papel crucial. Entonces, como parte de este proceso de debida diligencia también se habló con él porque tuvo un proceso similar antes de participar con TCQ, así que nos interesaron sus hallazgos y también hablamos con ellos sobre toda esta bulla sobre el contrato de usufructo. Ninguna de las respuestas nos indicó la existencia de la corrupción.
L.H. Si ustedes son un tercero de buena fe, ¿por qué han estado luchando para operar el puerto sin máquina de rayos X?
S.M. El puerto no está operando. Desafortunadamente, es un puerto que está inactivo. No hemos recibido licencias, que son necesarias para operar. Estamos preocupados, sin embargo, sobre la disposición en el acuerdo de usufructo que explícitamente dice que TCQ no tiene permiso de operar una máquina de rayos X. Definitivamente, cuando uno toma en cuenta que es un país que tiene un problema de drogas serio, yo puedo decirle que en muchas partes del mundo se utiliza siempre un equipo de rayos X en las terminales, y estamos determinados a implementar la maquinaria en Guatemala. Ya tengo el pedido preparado y únicamente espero una firma. Vamos a tener la máquina de rayos X en cuestión de pocos meses.
L.H. Si ustedes son un tercero de buena fe y usted ha mencionado que lo correspondiente es una concesión y no un usufructo, ¿por qué se oponen a la nulidad del contrato de usufructo?
S.M. Hay acciones legales, pero nosotros sujetos a estas acciones. No hemos iniciado ninguna acción legal en contra de nadie en Guatemala. Somos sujetos de litigios que se han presentado en contra nuestra.
L.H. ¿Está diciendo que no han planteado acciones contra el proceso de nulidad? Hay informaciones que dicen lo contrario.
S.M. Estamos defendiendo nuestra posición en los tribunales. Hemos recibido la notificación de la solicitud de anulación presentado por PGN en los tribunales y nos estamos defendiendo. Tenemos nueve casos y en todos estos nosotros somos la parte pasiva, no hay ningún caso presentado por nosotros.
L.H. ¿Ustedes entienden que la nulidad es importante porque el negocio fue corrupto?
S.M. La solicitud de la PGN no se basó en los alegatos del caso penal porque el caso penal todavía tiene que pasar por el juicio. Yo espero que después de que haya una decisión penal sí habrá otra petición de anulación, pero actualmente no la hay. Lo que hay es una intervención como una medida preventiva para un procedimiento de extinción.
L.H. Si ustedes son un tercero de buena fe, ¿qué han hecho para que Ángel Pérez Maura les responda?
S.M. Tenemos un acuerdo de acciones con los vendedores de TCB y uno de los vendedores es Ángel Pérez Maura y hay una empresa familiar. Nosotros hemos enviado muchas notificaciones a los vendedores sobre los términos especiales para esto. Cada vez que hemos recibido las notificaciones de la Procuraduría General y la intervención y del proceso de extinción. En cada caso, hemos notificado a los vendedores, incluyendo a Ángel Pérez Maura, sobre las acciones. También he notificado a los vendedores sobre la propuesta realizada por el interventor.
L.H. ¿Han planteado alguna acción legal en su contra? Él es un prófugo de la justicia.
S.M.Yo no creo que vaya a escapar de la justicia. Estamos realizando una investigación interna, la hemos terminado en un cincuenta por ciento. Después de terminar la investigación puedo analizar el litigio contra los vendedores, incluyendo los daños realizados.
Creo que tenemos un caso bastante sólido en contra de los vendedores. Se han comunicado conmigo varias veces con una solicitud de llegar a un acuerdo en relación a un reclamo en su contra y ni siquiera he discutido con ellos sobre lograr un arreglo.
He explicado a los vendedores el proceso que vamos a implementar. Finalizando nuestra investigación interna vamos a presentar una notificación sobre el reclamo de ellos y vamos a pedirles que paguen los daños. En el caso de que no paguen los daños voluntariamente vamos a entrar en un proceso de arbitraje en su contra y utilizar nuestros hallazgos como fundamento del caso. Les he explicado verbalmente que eso es lo que va a suceder.
L.H. ¿Cómo llevan ustedes las acciones que ha planteado Ángel Pérez Maura para que ustedes no difundan información acerca del proceso?
S.M. Desafortunadamente me sorprendió esto. Desde el primer día he dicho que tenemos que investigar estas acusaciones, que tenemos que colaborar con las autoridades para realmente entender este problema. Y he recibido muchas cartas en las que él nos está pidiendo no compartir información con las autoridades. La he rechazado y éste caso reciente es la consecuencia de que no hemos sido condescendientes.
L.H. Si no están pensando en demandar al Estado de Guatemala como usted comentó el día miércoles, ¿por qué contrataron a un abogado, socio de un diputado, que le ganó una demanda al Estado de Guatemala por un caso de usufructo que no tuvo el escrutinio público ni la investigación de las autoridades?
S.M. Este bufete, Central Law, tiene muchas más capacidades que demandar gobiernos. Cuando me comuniqué con Central Law no sabía de todas sus capacidades en las investigaciones internacionales, no fue la capacidad que estaba buscando. Lo que estaba buscando era una combinación de capacidades legales y la capacidad de explicarme a mí el contexto político para traducirme a mí el entorno económico y político aquí en Guatemala. Porque creo que un caso como el nuestro no se puede resolver en los tribunales. Creo que es un caso que hay que resolver afuera de las instituciones legales.
L.H. ¿Qué respuesta dará APM a la propuesta del interventor?
S.M. Hemos dado ya una respuesta al interventor el viernes por la mañana. La respuesta dice que aceptamos la propuesta y que nos gustaría que el Gobierno considere un periodo de concesión más largo de lo sugerido, que es de 21 años. También dije que realmente estábamos muy negativamente impresionados porque el acuerdo de usufructo excluyó una máquina de rayos equis y como cuestión de buenas prácticas, por supuesto vamos a instalar una máquina de rayos X. Tenemos un programa de cumplimiento muy sólido y como resultado, por supuesto vamos a implementar las clausulas anticorrupción, hacer capacitaciones de corrupción utilizando el programa estándar que tenemos acá en Guatemala y por supuesto vamos a trabajar con EPQ para mejore sus habilidades técnicas.
Desde hace semanas hemos sugerido que la corrupción es dañina a la sociedad y a su desarrollo económico y social y por lo tanto vamos a continuar, así como hacen en otras partes del mundo, trabajando con los gobiernos para luchar en contra de la corrupción y el narcotráfico. Para nosotros como compañía, nos gusta trabajar con un país que tiene bajo control la corrupción.
L.H. ¿Está dispuesto APM a aceptar la nulidad del contrato y proseguir con uno nuevo apegado a la ley y sometido a la voluntad del Congreso?
S.M. Sí, a mí no me interesa tanto el nombre, de si es usufructo o es concesión, lo que interesa es un acuerdo que nos permita operar la terminal, que nos ofrezca una longevidad legal y que no se va a cuestionar en los tribunales. Me gustaría tener una solución de largo plazo para operar la terminal, así que esto para mí no ha sido problema. Si el usufructo no es la figura apropiada vamos a ir con la figura apropiada.
L.H. Denunciarían ustedes cualquier insinuación de algún diputado que pida algo a cambio con tal de aprobar una eventual concesión
S.M. Hemos colaborado con las entidades investigativas. Hemos compartido información que encontramos en la investigación interna. Cuando encontremos algo que pueda ser interesante para la CICIG y para el MP vamos a continuar compartiendo esto, simplemente porque creemos que es necesario para poder luchar contra la corrupción en el país. Eso también nos ayuda internamente con establecer ejemplos. Las personas se sienten orgullosas si trabajan para una compañía que tiene integridad empresarial y un punto de vista en contra de la solución.
RECHAZAN ACUERDO
El diputado Carlos Barrerda, del partido Unidad Nacional de la Esperenza (UNE), se pronunció ayer contra el acuerdo propuesto por el interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd y cuestionó su potestad para negociar con APM.
«¿A cuenta de qué negocia en nombre del Estado un acuerdo con APM cuando hay un proceso de nulidad? El Congreso no puede aprobar una concesión hecha a dedo donde no estuvo la PGN», dijo.
Barrera emitió dichas declaraciones luego de que se suspendiera una citación por el caso TCQ, debido a la inasistencia de la procuradora general, Annabella Morfín, y el interventor.
