POR K.CHUMIL Y C. PALACIOS
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La compra del matutino “Siglo.21” por Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina estuvo plagada de anomalías e ilegalidades. Los detalles salieron a la luz esta mañana durante la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez en la audiencia de primera declaración del Caso Cooptación del Estado.
Según explicó el juez, la investigación del Ministerio Público (MP) estableció que en 2012 Juan Carlos Monzón creó, en conjunto con una trabajadora suya, dos sociedades anónimas.
Cada una de estas empresas prestó al Banco de Desarrollo Rural (Banrural) Q4 millones para comprar el medio de comunicación.
El 51 por ciento de las acciones de “Siglo.21” se vendieron por Q3.5 millones, sin presencia de los abogados de la corporación, dijo Gálvez.
Además, en 2013 Pérez Molina aprobó una exoneración del 90 por ciento de las multas tributarias de Corporación de Noticias, a la que pertenece el periódico. Esta fue una de las exoneraciones más altas que autorizó el Gobierno del Partido Patriota, señaló Gálvez.
Edín Barrientos, quien era accionista de la compañía, cerró la compra de “Siglo.21” y finiquitó la exoneración de impuestos.
Las evidencias documentales indican que Barrientos recibió Q7 millones en un inicio y luego le entregaron dos cheques prefechados por Q4 millones.
Tras la compra se nombró a Salvador Estuardo González Álvarez, alias “Eco”, como el director del periódico.
“Eco” administraba las empresas de Baldetti y Pérez Molina, por lo que mantenía a los entonces mandatarios informados sobre lo que ocurría en “Siglo.21”.
Baldetti disfrazaba el nombre del diario llamándolo “Siglo22”, según reveló el testimonio de Monzón.
Además de los exfuncionarios y Barrientos, por este caso enfrenta primera declaración, Adolfo Fernando Peña, expresidente de Junta Directiva de Banrural y Juan Abner Fonseca, gerente de negocios de la misma entidad.
AUDIENCIA CONTINÚA
Por tercer día, el juez Gálvez continuó con su argumentación en el Caso Cooptación del Estado, contra la presunta estructura de corrupción liderada por Pérez Molina y Baldetti.
El togado detalló que hay documentos que comprueban la compra de un helicóptero valorado en Q4 millones por parte de la estructura.
Según el MP, la aeronave fue un regalo de cumpleaños para Pérez Molina.
Jonathan Chévez, quien supuestamente lavaba el dinero ilícito, fue el encargado de la compra.
Según la declaración de un testigo, Chévez colocó una moña, botellas de licor y chocolates dentro del helicóptero.
Otro regalo para el entonces mandatario fue un automóvil Jaguar, cuyo costo es te US$100 mil.
Por estos hechos se sindica a los exministros Manuel López Ambrosio (Defensa), Ulises Anzueto (Defensa), Mauricio López Bonilla (Gobernación) y al expresidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez
El MP sospecha que los aportes se realizaron en efectivo para ocultar las transacciones y no dejar rastro del dinero. Lo que indica un ánimo de ocultar el origen y destino de los fondos.
Además, las cantidades entregadas por los funcionarios no están de acuerdo con las declaraciones patrimoniales presentadas en la Contraloría General de Cuentas al momento de acceder al cargo.
En algunos casos, si bien las declaraciones de probidad revelan capacidad de disposición dineraria, para cubrir el valor de los aportes acudieron a entregarlos en efectivo, en cajas o bolsas y en las instalaciones de las instituciones donde laboraban los funcionarios que aportaban.
RECIBIERON Q21.3 MILLONES EN 2014
El matutino “Siglo.21” no recibe aportes de fondos públicos, pero estos sí llegan hasta organizaciones no gubernamentales que tienen acciones en la casa matriz de ese medio, informó “La Hora” en mayo de 2015.
El 2 de enero de 2013, el matutino “Siglo.21” expuso en un editorial el nombre de los que entonces serían los nuevos accionistas de Corporación de Noticias S.A., la casa matriz de ese diario y de Al Día, dos medios de comunicación guatemaltecos con circulación impresa y digital.
La Federación de Cooperativas de las Verapaces (Fedecovera), la Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala (Fedecoag), el Instituto de Investigación y Desarrollo Maya (Iidemaya) y el Consejo de Investigaciones para el Desarrollo (Cideca) son los nombres que figuraron con participaciones en la empresa matriz.
En esa publicación, de hace casi dos años, Corporación de Noticias S.A. dejó en claro que “rechaza cualquier presión de personas, gobiernos nacionales o locales, partidos políticos, grupos económicos, religiosos o ideológicos que traten de poner la información al servicio de sus intereses…”.
En términos oficiales, el Gobierno no tiene participación ni influencia en el diario, pero sí tiene una incidencia económica directa sobre dos de los accionistas que se sumaron como accionistas de la casa editora.
Según informes del Ministerio de Finanzas Públicas, entre 2012 y 2014, Fedecovera recibió Q37.1 millones de recursos del Estado y Fedecoag obtuvo Q18.2 millones entre 2011 y 2014. ¿Estas entidades que, buena parte de su presupuesto dependen del Gobierno, pueden ser imparciales en su papel de accionistas de un diario?
