POR SAIRA RAMOS
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APM Terminals, parte del grupo Maersk, aceptó pagar una reparación civil al Estado de Guatemala por US$43.2 millones, unos Q327.4 millones, además de anular el contrato del usufructo de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y firmar un nuevo contrato de concesión que deberá ser aprobado por el Congreso de la República.
A través de un comunicado APM Terminals dijo estar de acuerdo con la propuesta que hizo hace cuatro días el interventor Alejandro Aizenstatd, el cual buscaba que ese conglomerado repare al Estado por las ilegalidades en la creación de la empresa TCQ.
En el boletín, el conglomerado aceptó la anulación voluntaria del contrato de usufructo oneroso y que éste se cambie a una concesión la cual deberá ser aprobada por el Congreso de la República. La nueva firma, debería hacerse por un plazo de 21 años y al terminarse todo el equipo de TCQ pasaría a ser propiedad del Estado.
En ese mismo comunicado, APM Terminals espera que las autoridades acepten los términos de la propuesta y puedan alcanzar un acuerdo para comenzar a operar esa necesaria y moderna terminal, importante para el crecimiento económico y la competitividad, anotó el boletín su vicepresidenta Susanne Marston.
El 8 de marzo del 2016, APM Terminals se convirtió en el propietario de TCQ como parte del proceso de adquisición de TCB. Después de dicha compra, APM se enteró de la “conducta indebida” realizada por TCB y pese a no estar asociado a estas acciones, la empresa se “tomó muy en serio las denuncias de corrupción”.
Ante el anuncio del conglomerado, el interventor Aizenstatd dijo estar satisfecho con que APM Terminals haya aceptado la propuesta ya que contiene requisiciones fuertes para la empresa.
“En mi calidad de interventor lo que emití fue únicamente mi sugerencia, ahora será la Procuraduría General de la Nación –PGN- quien deba emitir la respuesta oficial de parte del Estado de Guatemala ya que sin ella no hay acuerdo alguno”, manifestó en un comunicado.
RECONOCE ANOMALÍAS
En el Congreso de la República tras suspenderse una citación donde se abordaría la negociación entre el Estado y APM Terminals, el comisionado presidencial de competitividad, Enrique Godoy, se refirió al anuncio de APM diciendo que con esto el conglomerado aceptó que hubo “anomalías” en el procedimiento.
A decir de Godoy, en el comunicado los propietarios de TCQ reconocen que el procedimiento que adquirió TCB no fue el adecuado.
“El que hayan aceptado la propuesta del interventor nos acerca un paso más, sin embargo, habrá que encontrar el mecanismo político y legal para que esto pueda darse. Fue una decisión de mutuo acuerdo, ahora le corresponde al Congreso participar”, en la negociación dijo el comisionado.
