POR VIRGINIA CONTRERAS
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Las comunidades de la Resistencia Pacífica La Puya y el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala, (CALAS), solicitaron al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Procuraduría General de la Nación el cierre definitivo de los proyectos mineros Progreso VII Derivada, El Escobal y Sechol.
A criterio de Rafael Maldonado, director del área legal de CALAS, la solicitud del cierre definitivo del proyecto minero Progreso VII Derivada, se debe a que, pese a no contar con una licencia de explotación, la empresa siguió extrayendo oro y plata.
En tanto, en el caso de las otras dos, considera que se violentó el procedimiento del Artículo 50 de la Ley de Minería, por lo que debe declararse insubsistente y anular en definitiva los proyectos.
“De manera inmediata, en un plazo de un mes, pedimos que cesen las operaciones de los proyectos mineros”, dijo Maldonado y añadió que de no realizarse tomarán acciones legales en contra del titular del MEM.