POR REDACCIÓN LA HORA
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La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó en firme la sentencia dictada contra Jacobo Esdras Salán Sánchez y Napoleón Rojas Méndez, militares retirados, acusados de participar en el desvío de Q120 millones del Ministerio de la Defensa Nacional, durante el gobierno de Alfonso Portillo.
La Cámara otorgó un amparo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el cual deja en firme la condena.
En junio de 2014 los militares fueron condenados a cinco años y tres meses de prisión por el juez Julio Ramírez Perdomo, del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, quien los encontró responsables por el delito de peculado, por su participación directa en el desvío de Q30 millones del Ministerio de la Defensa Nacional durante el mandato de Portillo.
Sin embargo, en marzo del 2015 la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal declaró con lugar una impugnación de la defensa de los acusados, anuló la sentencia y ordenó repetir el debate, el cual se programó para el próximo 20 de julio.
De acuerdo con la argumentación de la Sala existían incongruencias entre la acusación que hizo el Ministerio Público (MP) y la sentencia emitida por el juez Ramírez Perdomo.
EL CASO
Salán Sánchez y Rojas Méndez, exjefes de seguridad del expresidente Alfonso Antonio Portillo Cabrera, son señalados por el MP y la CICIG de participar en el desfalco de Q120 millones del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), en 2001.
De acuerdo con las investigaciones, los militares retirados colaboraron en el traslado de Q30 millones de los Q120 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
José Armando Llort Quiteño, expresidente de la institución bancaria y quien fue colaborador eficaz del MP, declaró al ente investigador que luego del traslado, depositó el dinero en empresas y cuentas vinculadas con su persona.
Por este caso también fueron enjuiciados el expresidente Alfonso Antonio Portillo Cabrera, el exministro de la Defensa, Eduardo Arévalo Lacs, y el extitular del Ministerio de Finanzas, Manuel Hiram Maza Castellanos.
Los investigadores los señalaron de participar en la sustracción de los fondos, después de que el exmandatario autorizara una transferencia de Q120 millones al Ministerio de Defensa, con el Acuerdo Gubernativo 16-2001.
El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal absolvió a los entonces funcionarios argumentando que las pruebas presentadas por la fiscalía era insuficientes para comprobar que los acusados incurrieron en peculado.
