POR SAIRA RAMOS
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Un informe de fiscalización a contratos de infraestructura del periodo 2012 al 2015, realizado por diputados de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), evidencia que durante el Gobierno del Partido Patriota (PP) se adjudicaron 36 contratos de dragados y 32 de supervisión por Q1,704 millones a contratistas señalados en el Caso Cooptación del Estado.
De acuerdo con diputados de EG, 33 de los 36 contratos fueron adjudicados por el Fondo de Solidaridad Social por Q1,414 millones y los otros tres por Q207 millones la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
Dentro de las empresas que se beneficiaron por contratos de dragados está Alquiler de Tractores S.A., conocida como Altracsa, por Q168 millones, la cual es representada por Marco Antonio Recinos Sandoval; y Constructora del Atlántico S.A., que cobró Q102 millones, representada por Carlos Gabriel Guerra Villeda. Ambos prófugos de la justicia por el Caso Cooptación del Estado.
Otra de las empresas es Macor a quien el Gobierno del PP le pagó Q38 millones por dragados. A Macor la representa legalmente Julio Alejandro Quinto Tobar, quien fue aprehendido en el departamento de Zacapa bajo el señalamiento del delito de financiamiento ilícito electoral en el Caso Cooptación del Estado.
Los diputados de EG en su informe de fiscalización a los contratos de infraestructura informaron que detectaron la existencia de empresas como Innovación Constructiva S.A., Coingua y Planes y Construcciones S.A., fueron creadas para obtener beneficios del Gobierno del exbinomio presidencial de Otto Pérez y Roxana Baldetti
Durante la presentación del documento la jefa de EG, Nineth Montenegro, detalló que hubo contratistas de dragados y alquiler de maquinaria y equipo que requirieron de los servicios de empresas que supuestamente hicieron y supervisaron sus obras. Sin embargo, dentro de estas se detectó que la mayoría de estas son de reciente creación y con vínculos al expresidente Pérez.
SOBREVALORACIÓN
Durante la presentación del informe, los diputados de EG informaron que la empresa Inversiones en Tecnología y Construcción S.A., que supervisó obras de dragados por Q2 millones, representada por Otto René Flores Negreros, fue beneficiada con un contrato valorado en Q41.5 millones para reconstruir la Comisaría Regional de la Policía Nacional Civil (PNC), en Quetzaltenango, afectada por el terremoto del 2012.
A dicha compañía, la Contraloría General de Cuentas (CGC) le revisa un contrato adjudicado por la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), por 25 años, el cual fue firmado como usufructo oneroso por el exsubinterventor Julio Sandoval.
De acuerdo con una visita in situ de los diputados, la obra se pudo sobrevalorar hasta en 500 por ciento porque hay lavamanos de Q2 mil 461, mingitorios de Q5 mil 354, puertas desde Q4 mil 213 hasta Q8 mil 246, además, de inodoros de Q4 mil 350. Esta obra, según Montenegro solo tiene un avance físico del 75 por ciento.
