POR REDACCIÓN LA HORA
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Analistas reaccionaron luego de que ayer trascendieron un plan en el Congreso para exonerar de responsabilidad penal a los diputados y funcionarios involucrados en las anómalas contrataciones y asignaciones de salarios en el Organismo Legislativo.
Christians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (Ipnusac), añadió que Guatemala cuenta con la peor clase política de América Latina, considerada como “perversa, criminal, mañosa, corrupta”, que se interesa únicamente en proteger sus propios intereses.
Finalmente, el analista aseguró que la población espera que se eliminen las redes familiares que existen en el Organismo Legislativo, con políticos capaces.
“Este organismo del Estado es prácticamente inoperante, disfuncional y desprofesionalizado, lo mínimo que podríamos esperar es una propuesta más real, en donde se depure a todos los malos trabajadores que tiene el Congreso, que han ingresado bajo intereses políticos”, puntualizó.
Castillo también aseguró que la acción que pretenden los congresistas incluso podría ser considerada como “hipócrita”, porque levantan expectativas de la depuración del Congreso y promueven este tipo de decisiones.
EL PLAN
En el marco de las reformas a la Ley del Servicio Civil del Congreso, ayer se pretendía plantear una reforma del artículo 100 para librar de culpa a los responsables de las anomalías recientemente descubiertas en el Organismo Legislativo.
A decir de Renzo Rosal, analista político independiente, la amnistía que esperan lograr los congresistas está planteada desde un punto de vista político y no jurídico.
“Muy probablemente –el artículo– sea violatorio del Código Penal o de otra legislación del país. Además, me parece un instrumento de negociación para quedar bien”, expresó.
Rozal considera que la propuesta es opaca y busca mantener ciertas “cuotas de poder y puntos de no transparencia”.
El artículo, afirmó, es contradictorio al espíritu de transparencia que la sociedad demanda.
A criterio del experto en justicia, Oswaldo Samayoa, la normativa se convierte en un obstáculo para la lucha contra la corrupción que se ha impulsado en el país.
“Que los propios diputados del Congreso estén buscando decretarse exoneraciones administrativas o penales, primero nos daría un mal mensaje, y segundo nos está diciendo que hay quienes están tratando de esconder algo o proteger algo o alguien. Y lo tercero, creo que jurídicamente es una norma que podría ser atacada de inconstitucional o no ser vigente”, dijo.
Samayoa recordó que la Ley del Servicio Civil no podría tratar de derogar las disposiciones del Código Penal, lo que llevaría a un debate más técnico y jurídico, “de hacerlo –los diputados– se están atando la soga al cuello ellos mismos”.
RATIFICAN ANTEJUICIO CONTRA BOUSSINOT
El Ministerio Público ratificó los señalamientos contra el diputado Christian Boussinot por la creación de plazas fantasma dentro del Congreso. La magistrada de la Sala Primera de Apelaciones, Aura Marina Mancilla Solares, designada contralora del antejuicio recibió los medios de prueba esta mañana.
CSJ DEBE CONOCER RECUSACIÓN DE RABBÉ
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia deberá conocer una recusación contra la jueza Sonia Santizo, de la Sala Tercera de Apelaciones, presentada por el diputado Luis Rabbé para separarla del proceso de antejuicio en su contra. Esta acción ha mantenido paralizado el caso por casi dos meses.
Secuestran expedientes
POR SAIRA RAMOS
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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), secuestró del Departamento de Personal del Congreso 179 expedientes de empleados legislativos, informó el presidente Mario Taracena.
El requerimiento que fue declarado bajo reserva lo autorizó el juez décimo de Primera Instancia Penal, Walter Villatoro, quien conoce los señalamientos en contra de diputados y exdiputados por un caso de plazas fantasma en el Legislativo.
