POR REDACCIÓN LA HORA
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Fuentes del sector justicia informaron a La Hora sobre un plan en el Congreso para exonerar de responsabilidad penal a los diputados y funcionarios involucrados en las anómalas contrataciones y asignaciones de salarios en el Organismo Legislativo, pero luego de que saliera a luz la estrategia, los legisladores recularon.
En el marco de las reformas a la Ley del Servicio Civil del Congreso, esta mañana se pretendía plantear una reforma del artículo 100 para librar de culpa a los responsables de las anomalías recientemente descubiertas en el Organismo Legislativo.
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Según las fuentes, que pidieron el anonimato, había un acuerdo que involucra a varias bancadas legislativas que estarían interesadas en la regulación, ya que los diputados y funcionarios envueltos en casos de corrupción pertenecen a diferentes grupos.
Sin embargo, al cierre de esta edición, el Congreso reculó y solo trascendió una enmienda al referido artículo, propuesta por el presidente del Congreso, Mario Taracena y Manuel Conde, de la Comisión de Apoyo Técnico, que no hacía mención a las ilegalidades en las contrataciones.
Unas horas antes, fuentes bien informadas dijeron y mostraron a La Hora que existía la intención de librar de responsabilidad a los diputados señalados por anomalías.
PROCESOS PENALES
A finales de mayo pasado, fueron ligados a proceso los exdiputados Edgar Cristiani Calderón, Alfredo Rabbé, Carlos Herrera y el exdirector General del Congreso, José Luis Mijangos Contreras, por su participación en la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en el Congreso.
Además, el Ministerio Público presentó la solicitud de levantar la inmunidad a los diputados Julio César López Villatoro, Selvin Boanerges García Velásquez, César Emilio Fajardo Morales, Manuel Marcelino García Chutá y Carlos Enrique López Girón, para que sean investigados por abuso de autoridad y peculado por sustracción.
También se pidió levantar la inmunidad de los diputados Luis Armando Rabbé Tejeda y Arístides Crespo Villegas, señalados de abuso de autoridad y peculado por sustracción, y por nombramientos ilegales.
Una investigación estableció que los miembros de la Junta Directiva del Congreso durante el período 2014 y 2015 realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales.
Por otro lado, en noviembre pasado, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva el exdiputado y expresidente del Congreso, Pedro Muadi Menéndez, por su presunta participación en la red de plazas fantasma que operaba en dicho organismo.
Un tribunal condenó el 7 de junio a Claudia María Bolaños Morales y a José Estuardo Blanco Aguilar, colaboradores Muadi Menéndez, por su participación en la red de plazas fantasma en dicho organismo.
GUARDAN SILENCIO
Los diputados Ovidio Monzón y Manuel Conde fueron consultados por La Hora sobre este tema, pero ninguno respondió, con excepción de Adim Maldonado de FCN, quien indicó que presentar dicha enmienda sería contraproducente y una práctica de mala transparencia.
