POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
ASÍ SE COMERCIALIZA EL SERVICIO EN UNA CÁRCEL EN LA QUE EL ESTADO NO TIENE EL CONTROL
En el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, donde están recluidos 4 mil 925 privados de libertad en 13 sectores, existe dos formas de comercializar el servicio de Internet: a través de la administración del propio centro penitenciario y por medio de los voceros de cada sector (que son privados de libertad). El acceso a este servicio varía y tiene costos de entre Q50 a Q1 mil 500.
Fuentes recluidas en esa cárcel coinciden en que la administración del centro cobra Q1 mil 500 a quienes desean hacer uso de la red inalámbrica que se encuentra en esa oficina por varias semanas. La clave para conectarse la cambian constantemente «como estrategia» para cobrar nuevamente, indican.
En la administración hay computadoras y los reclusos pueden utilizar el internet en esas máquinas a cualquier hora, o pueden llevar su teléfono o Ipad a este lugar.
En los sectores la modalidad es otra. Los routers son adquiridos por los voceros (privados de libertad) de cada sector, que en total son 13. Ellos pagan una cuota a los directivos de la cárcel para ingresarlo y después comercializan la clave de la red inalámbrica por Q50 a Q150 por reo.
Debido a que no todos los reclusos tienen las mismas condiciones económicas la tarifa varía, en algunos sectores es menos y en otros el costo es mayor. En este caso, el servicio se proporciona regularmente de seis de la tarde a cinco de la mañana; el monto se paga diario, según las fuentes.
Los sectores que tienen mayor capacidad económica son el 1, 7 y 13, de acuerdo con las personas entrevistadas.
«En el sector 1 están los reos acusados por lavado de dinero, secuestros y robos. En el 7 están los que fueron soldados, policías y algunos narcotraficantes. En el sector 13 están los exfuncionarios», detallan.
A esos privados de libertad se les exige más, porque han acumulado fuertes sumas de dinero, por lo tanto, la cuota para conocer la clave y conectarse a la red inalámbrica vale hasta Q150 diariamente, indicaron.
«En las cárceles hay de todo: gente que puede pagar Q50 y hasta más de Q150. Los que le mencionamos -de los sectores 1, 7 y 13- entran computadoras portátiles, IPhone, Ipad y unos aparatos que parecen reproductores de música», explicaron.
¿PARA QUÉ REQUIEREN EL SERVICIO INTERNET?
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Por otro lado, fuentes del SP dicen que el servicio de Internet es usado para navegar, enviar mensajes por WhatsApp, hacer uso de las redes sociales, subir fotografías u opinar sobre diferentes temas.
«Lo usan para enviar mensajes, ver el Facebook, Twitter o entretenerse en Internet. Si usted busca el perfil de alguno de ellos -de los privados de libertad- va a encontrar que como les gusta subir fotos de ellos y sus novias», explica un guardia del SP que pide que se omita su nombre por seguridad.
BLOQUEADORES SOLO INHIBEN SEÑAL DE CELULARES
Este vespertino consultó a Ricardo Sagastume, director del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones (Cetel) que solo representa a TIGO, para conocer si las soluciones técnicas que supuestamente continúan implementando, a pesar de que la Ley de Control de Telecomunicaciones en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura y Transmisión de Datos quedó sin efecto, también pueden bloquear la señal de Internet, respondió que no y reiteró que el SP debe implementar controles para evitar proporcionar Internet.
«La pregunta del millón es ¿por qué hay servicio de Internet en un centro penitenciario? La tecnología que se estaba ofreciendo era para las llamadas, ahora, a través del Internet por medio de una laptop se puede hacer llamadas vía Internet. No puede haber ingreso de ese material, ni mucho menos un servicio de Internet en un centro», argumentó Sagastume.
El director de Cetel dijo que cuando la normativa que ahora está derogada estaba vigente, demandaba implementar las soluciones técnicas para evitar la señal de telefonía celular, sin embargo, no existió colaboración integral de parte de la cartera del Interior.
«Los mecanismos técnicos propuestos para cada centro penitenciario requerían de una lista de colaboración por parte del Ministerio de Gobernación, (Mingob): seguridad para los técnicos que llegaran a instalar -los aparatos-, energía eléctrica, que no hubiera acceso de personas a las torres que se estaban instalando. Había una serie de condiciones que tenía que cumplir el Mingob para que las soluciones técnicas propuestas pudieran cumplirse a cabalidad, lo cual podríamos decir que nunca se tuvo al cien por ciento el aporte de las autoridades en ese momento», indicó el entrevistado.
Sin embargo, en marzo del año pasado, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), que era la entidad encargada de velar para que la ley se cumpliera, multó a los tres operadores de telefonía con Q6.9 millones por no implementar las soluciones técnicas de bloqueo de señal. (Lea el recuadro Empresas de telefonía rechazaron sanciones por Q6.9 millones).
INVESTIGACIÓN INTERNA
Por otro lado, el ministro de Gobernación (Mingob), Francisco Rivas, dijo que implementan acciones para evitar que esta situación continúe. El funcionario admitió que el problema existe y que realizan una investigación interna para deducir responsabilidades sobre estos hechos.
«Estamos conscientes de este tipo de debilidades que en el SP se está gestando, especialmente en las cárceles donde hay mayor población reclusa y mayor peligrosidad. Esta clase de dispositivos de carácter electrónico, los hemos detectado. Estamos haciendo una investigación a lo interno de los cuatro centros más importantes para determinar quiénes son las personas que están dirigiendo esto. Ya tenemos un indicio de quiénes pueden ser. Adicionalmente, estamos en el proceso de investigación administrativa para determinar si hay alguna responsabilidad por parte de autoridades en cada centro», indicó el Ministro.
De acuerdo con el funcionario, el abandono del sistema carcelario data desde hace muchos años y actualmente afecta en la administración.
«En los años 50 se definieron políticas para atender los problemas que hoy estamos viviendo: antros y escuelas del crimen, centros de violación a los derechos humanos y 20 años después se concretan las primeras acciones que se iniciaron en esos años. De esa manera se crean las granjas penales con un enfoque de rehabilitación, pero con un enfoque agrícola. A partir de ese momento, en los años 70, el SP quedó abandonado por parte de las autoridades», indicó.
Rivas lamentó que el abandono provocó sobrepoblación, ausencia de infraestructura y poco fortalecimiento a la carrera penitenciaria, aunado al reducido presupuesto, en comparación con las demandas que tiene el SP.
«Eso ha representado un hacinamiento fuerte en base a la infraestructura carcelaria, hoy en día tenemos más de 20 mil 500 privados de libertad y los centros solo tienen capacidad para 6 mil 800. Tenemos solo 21 centros de privación, de esos 14 son para prisión preventiva, 4 de ellos son para condena, 3 son de máxima seguridad, pero todas las prisiones están colapsadas. No hay una carrera para la guardia penitenciaria, el presupuesto de Q500 millones prácticamente solo nos sirve para gastos de funcionamiento. Además, tenemos una deuda de Q72 millones en concepto de alimentos», reiteró.
El Ministro ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que apuesta por una reforma penitenciaria y no por la privatización de las cáceles; así lo argumentó hace algún tiempo al ser consultado.
«No comparto el criterio de privatizar los centros de privación de libertad, estoy comprometido con la reforma del SP. Hemos sentado las bases, este Gobierno iniciará con la reforma, que definitivamente es inaplazable. No podemos continuar con estos antros que en lugar de rehabilitar se violentan los derechos humanos de los mismos privados de libertad, no se les reeduca, no se les rehabilita», dijo Rivas.
El entrevistado afirmó que entre las acciones para reformar el SP se puede destacar la edificación de prisiones en Escuintla en terrenos extinguidos al crimen organizado y que fueron donados por la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) al Mingob.
«En este momento el Estado no tiene recursos financieros para construir una cárcel, menos con los problemas de corrupción y administración que nos dejaron en un intento de construir una cárcel, pero también existe un plan de la Alianza para la Prosperidad, la buena voluntad de la cooperación internacional que están dispuestos a construir dos centros de privación de libertad para el próximo año y uno este año», explicó el titular de la cartera del Interior.
EMPRESAS RECHAZARON SANCIÓN DE Q6.9 MILLONES
El 26 de marzo de 2015, la Gremial de Operadores de Telefonía rechazó la sanción impuesta de Q6.9 millones por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), pues argumentaron que sí implementaron las soluciones técnicas que demanda el Decreto 12-2014, Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura, la cual fue derogada este año.
Los representantes de las tres empresas de telefonía dijeron que interpondrían un recurso de revocatoria ante los entes competentes, pues a partir de la entrada en vigencia de la normativa -25 de diciembre de 2014- cumplieron con los requerimientos solicitados.
De acuerdo con la Gremial, no existía transparencia sobre el mecanismo empleado que determinó que no funcionaron las soluciones técnicas realizadas.
Los empresarios rechazaron la sanción de Q6.9 millones impuestos por la SIT, pues consideraron que resultaba «ilógica» esta medida; citaron el ejemplo de las Bases Militares -Matamoros y Mariscal Zavala- donde se les señalaba de no bloquear la señal de celular, cuando ni siquiera les permitieron el ingreso para instalar los equipos.
