POR: KATERIN CHUMIL
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Juan Carlos de Paz, defensor de los colaboradores eficaces del Ministerio Público, exige más seguridad por parte de las autoridades para sus clientes. “Como defensa nos preocupa la seguridad de los colaboradores, porque el sábado pasado hubo un intento de amotinamiento y fue con el propósito de ejecutar a Juan Carlos Monzón y a Salvador Estuardo González alias “Eco”.
A decir de Paz, Juan Carlos Monzón y Salvador Estuardo González alias «Eco», necesitan que las autoridades del Organismo Judicial y Sistema Penitenciario tengan protocolos de seguridad más rigurosos y se cumplan las órdenes de seguridad ordenadas por el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo.
En requisas realizadas por parte del Sistema Penitenciario en mayo pasado, en Pavoncito, se encontraron dos armas de fuego, las cuales estaban escondidas dentro de una caleta.
Después de las filtraciones de audios y la declaración de Juan Carlos Monzón como colaborador, a través de diversos medios de comunicación se pone en tela de juicio la seguridad de Juan Carlos Monzón y alias “Eco”.
Rudy Esquivel, portavoz del Sistema Penitenciario, indicó: “las medidas de seguridad que se les están brindando (a los colaboradores) son con estándares de niveles altos, ellos mantienen este protocolo de seguridad alta a solicitud del Organismo Judicial”. Asimismo explicó que existen varios colaboradores en diferentes unidades penitenciarias, bajo ciertas condiciones, quienes también mantienen seguridad.
SINDICADOS
Según la acusación del MP, Monzón y alias “Eco” son responsables de haber designado a distintas personas que se encargaban del control externo de las aduanas, distribuir los porcentajes dentro de miembros de la organización y participar en las decisiones a más alto nivel dentro de la misma.
De acuerdo con el MP, Monzón recibía por lo menos el 4 por ciento del dinero defraudado.
La CICIG y el MP estiman que entre el 8 de mayo de 2014 y el 15 de abril del año 2015, la red obtuvo por lo menos Q28 millones 556 mil, dinero que fue repartido entre todos los integrantes de la estructura y que fue producto del ingreso anómalo de por lo menos mil 561 contenedores de mercadería.
Alias “Eco”, presunto administrador de la estructura de defraudación aduanera “La Línea”, era parte de los líderes operativos de una organización criminal dedicada a cobro ilegal de comisiones a importadores, a cambio de una reducción en los impuestos por el paso de mercancías en las aduanas.
En una audiencia del caso “Eco” confirmó las acusaciones del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que señalan a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti como los líderes de la estructura.
