POR GRECIA ORTÍZ
gortiz@lahora.com.gt
En una entrevista para “La Hora”, Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), señaló que la corrupción en el transporte colectivo data desde hace cinco gobiernos y es la principal responsable de la situación de precariedad de este servicio.
¿Qué opinión tienen sobre la propuesta de una iniciativa de ley que busca crear una intendencia nacional del transporte público?
En primer lugar esa propuesta fue presentada hace varios años por la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano y Extraurbano y fue adaptada por diputados.
Una de las preocupaciones es que ahora se incluye, dentro de esa propuesta, el tema de la administración del subsidio del transporte urbano, que ha demostrado ser un foco de corrupción. En todo caso sería posiblemente la institucionalización de la corrupción a través de este tipo de instituciones, porque tendría una repercusión negativa en el manejo de fondos públicos.
Aquí lo que hay que tratar es de evitar que existan ese tipo de subsidios, que han demostrado ser totalmente inoperantes, más bien han generado la descomposición del transporte colectivo, porque se ha convertido en un premio a la ineficiencia.
La iniciativa le quita a la Asociación Empresas de Autobuses Urbanos, AEAU, la facultad de administrar el subsidio y elimina la Dirección General de Transporte para trasladar toda la responsabilidad a una intendencia de transporte público ¿podría ser una solución para el tema del subsidio?
Lo que estaría tratando de evitarse es que asociaciones como la AEAU, que no han utilizado eficientemente los recursos públicos, ya no vuelvan a tener esa posibilidad, pero, posiblemente, de no tomarse las medidas y procedimientos que garanticen la transparencia y fiscalización adecuada de parte de la Contraloría General de Cuentas, sería solamente trasladar esa situación de vulnerabilidad de una organización de sociedad civil hacia un ente del Estado, ese sería el peligro que correría este tipo de propuestas sino están bien delimitadas.
¿Qué hace falta para modernizar el servicio del transporte público?
Primero, voluntad política, verdaderamente cambiar el transporte que está afectando a más de dos terceras partes de la población guatemalteca. No se ha tenido esa voluntad y disposición de terminar de forma contundente con los vejámenes que sufren las personas.
Dos terceras partes de las personas que usan el transporte público están en pobreza o pobreza extrema y el Estado de Guatemala no es capaz de proporcionarles un servicio de calidad ni un trato digno.
Habría que revisar con una comisión técnica el tema de las tarifas, que es un tema que ha tenido manejos políticos durante casi tres décadas, y ha sido parte también de esa situación de caos que vive el transporte público.
Según la propuesta la intendencia de transporte estaría a cargo del Ministerio de Comunicaciones ¿sería positivo?
Debería de estar independiente. La idea de la superintendencia del transporte público, más allá de una intendencia, es que tenga la autoridad y capacidad suficiente para ser ente rector del sistema de transporte. Vincularlo al Ejecutivo ha llevado a caos al transporte colectivo, toda vez que se ha prestado, a través de instituciones como la DGT, al manejo político en beneficio de ciertos sectores de transportistas.
¿Cuáles son las principales deficiencias que presenta el transporte público?
En primer lugar, tanto en el transporte urbano como extraurbano, la falta de interés de los prestadores de servicio a cumplir con los requisitos del Estado. Estamos hablando de que ha habido un desinterés de parte de los empresarios para el cumplimiento de derechos laborales. Hoy se trabaja a través de cuotas o con la renta del autobús y esto ha venido en detrimento de los operadores de servicio.
Otra situación que ha llevado a esta crisis es la incontrolable violencia y extorsiones que se han dado en este sector importante de la economía guatemalteca.
También se ha permitido la contratación de personal no necesariamente calificado para conducir autobuses, microtaxis, microbuses y existe una falta de autoridades competentes en las carreteras, ya que cada vez se ha ido reduciendo más su presencia.
Está, además, el tema de la corrupción en el manejo de los fondos públicos, que también se da en el sentido operativo; son un secreto a voces las mordidas que se cobran en carretera.
Y este tipo de situaciones aunado al estado de los buses, que la mayoría están obsoletos y ponen en riesgo la vida de las personas, así como la falta de control sobre las tarifas de pasaje.
¿Cuál es la relación de la corrupción con las deficiencias del servicio?
Eso ha sido un eje principal de la clase política que ha generado compromiso con sectores de transporte. Con acarreos en época electoral han beneficiado a transportistas en detrimento de la mayoría.
Por esa razón, hay sanciones cada vez más débiles, en el 1996 el transporte contemplaba sanciones más fuertes y ahora son más bajas.
Esta corrupción viene de unos cinco gobiernos atrás y hay que sentar precedentes. La solicitud es abierta a la CICIG para que, en el momento en que consideren conveniente, deduzcan responsabilidades de funcionarios públicos y personas que han estado cooptando el transporte colectivo o la situación de la prestación del servicio, porque muchos transportistas se sienten dueños del transporte.
¿Qué denuncias son las más frecuentes de usuarios del transporte?
Las más frecuentes son agresiones verbales por parte de pilotos y ayudantes del transporte urbano y extraurbano, pero esto no es casual, se da ante la falta de certeza del cobro. No hay un sistema que garantice hoy por hoy el cumplimiento de esas tarifas, entonces, esto da lugar a la inconformidad de los guatemaltecos, que culmina en violencia.
“La idea de la superintendencia del transporte público, más allá de una intendencia, es que tenga la autoridad y capacidad suficiente para ser ente rector del sistema de transporte. Vincularlo al Ejecutivo ha llevado al caos al transporte colectivo, toda vez que se ha prestado, a través de instituciones como la DGT, al manejo político en beneficio de ciertos sectores de transportistas”.
“Otra situación que ha llevado a esta crisis es la incontrolable violencia y extorsiones que se han dado en este sector importante de la economía guatemalteca”.
EDGAR GUERRA –PDH-
