POR KIMBERLY LÓPEZ
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El pasado 24 de junio, la procuradora Annabella Morfín ya tuvo un primer acercamiento con los representantes de la empresa holandesa APM Terminals, en torno al Caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Sin embargo, este encuentro no llevó a un acuerdo ni estableció un compromiso de una próxima reunión entre ambas partes.
El departamento de Comunicación de la Procuraduría General de la Nación (PDH) informó que la reunión entre la procuradora Annabella Morfín y representantes de APM se llevó a cabo el viernes de la semana pasada.
Según indicaron, el encuentro surgió a solicitud de la empresa en mención; y durante la reunión Morfín se limitó a escuchar la postura de APM, así como la explicación de la forma en que ellos realizaron la compra del proyecto de TCQ.
En su papel como abogada del Estado, Morfín escuchó el planteamiento de la corporación holandesa, pero no establecieron algún acuerdo ni una futura fecha para reunirse.
El mismo día que se realizó la reunión, Morfín indicó que veía favorable la opción de llegar a un acuerdo con APM, bajo el argumento de que se evitarían pérdidas millonarias al Estado debido a lo costoso que podría llegar a ser un proceso judicial de este nivel.
“Entre los abogados tenemos un dicho: más vale una transacción a tiempo que un buen juicio que tarde 10 años”, indicó Morfín en esa ocasión.
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Aclaró que aún no era el momento de anticiparse y que previo a cualquier decisión se deberían priorizar los intereses del Estado.
No obstante, no indicó qué tipo de acuerdo consideraría favorable y si este no afectaría de alguna forma el proceso judicial en marcha por actos de corrupción en torno al contrato con TCQ.
La Hora ha intentado reiteradamente contactar a Morfín, pero no ha respondido las llamadas a su celular.
RESPALDO DEL PRESIDENTE
La propuesta de Morfín recibió el visto bueno del presidente Jimmy Morales. Al consultar con el mandatario respecto a esta opción, indicó que debido al prestigio y experiencia de la Procuradora confiaba en que su propuesta sería adecuada y, por tanto, contaría con su respaldo.
Sin embargo, también hizo mención de que un eventual acuerdo entre el Estado y la empresa holandesa no interferiría en el proceso de búsqueda de sanciones por actos de corrupción. Tampoco sería contrario a la solicitud de extinción de dominio que realizó el Ministerio Público para el proyecto de TCQ.
“Que haya una buena relación entre las partes no significa que se eche a perder el tema de la ejecución de justicia; se va tener el cuidado de no entorpecer nada que vaya en contra de castigar la corrupción y la impunidad”, aseguró el mandatario.
