POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
“Quiero que hagas un trabajo especial”, le dijo la exvicepresidenta Roxana Baldetti a su ex secretario privado, Juan Carlos Monzón, antes de pedirle que pagara a líderes comunitarios para que no llevaran a votar a los beneficiarios de los programas sociales creados por el partido oficial, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuyos votos podían hacer perder al Partido Patriota (PP) la contienda electoral de 2011.
De acuerdo con el testimonio del mismo Monzón, quien ahora es colaborador del Ministerio Público (MP), una de sus tareas como mano derecha de Baldetti fue recurrir a sobornos de última hora para asegurar al PP una ventaja en los comicios del 2011.
Con su testimonio salieron a la luz, además de las redes de corrupción durante el Gobierno del PP, procedimientos a los que este partido recurrió para ganar las elecciones y colocarse en el poder.
“Quiero contarles de una actividad más, la cual se dio una semana antes de las elecciones de segunda vuelta, que fue bastante arriesgada…”. Así comienza Monzón, a narrar una de las jugadas del PP para fortalecerse en departamentos que simpatizaban con la UNE, que se había aliado con el partido Libertad Democrática Renovada (Lider) para los comicios, según el testigo.
Según Monzón, Baldetti le asignó “un trabajo especial”, que consistía en comprar a los “señores” dirigentes de los beneficiarios de la Bolsa Solidaria, para que no llevaran a votar a estas personas el día de las elecciones.
La estrategia era simple: posicionarse en departamentos como Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Quetzaltenango, en los que hubo una gran aceptación de la Bolsa Solidaria, uno de los programas sociales impulsados durante el gobierno del expresidente Álvaro Colom y su exesposa Sandra Torres.
Torres, entonces esposa de Colom, fue el rostro visible de dichos beneficios sociales y, de esa forma, ganó la simpatía en varios departamentos e inclusive, de sectores de la ciudad capital.
Monzón relató que el PP solicitó los nombres de las personas que tenían el control directo de la distribución de la Bolsa en unos departamentos.
Benedicto Cuc y “Pascual” (no específica primer nombre) son los únicos líderes comunitarios que Monzón menciona en su declaración y con los que recuerda haber “negociado” para restarle votos al partido Lider.
Según esta versión, Roxana Baldetti se comunicó con Monzón para darle instrucciones: “Mirá, reunite con ellos. Te van a llevar a Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Xela, porque allí estamos mal porque está fuerte la Bolsa Solidaria. Entonces, estos te van a contactar a las personas que manejan a toda la gente beneficiaria de la Bolsa Solidaria y que van a llegar a votar el día de las elecciones”, le dijo.
En calidad de colaborador eficaz, Monzón cuenta con detalles las instrucciones que recibió y la forma en la que ejecutó dichas órdenes.
Cuenta que Baldetti le entregó alrededor de cinco o seis millones de quetzales en efectivo. Acto seguido, le explicó que debía tomar un helicóptero para llegar a los lugares pactados y que en esta tarea lo acompañaría “Gloria” (no especifica nombre completo).
Gloria ya había hecho algunos contactos y estaría apoyando a Monzón en las visitas a los lugares. Además de ella, en la negociación estuvo Leonel Rodríguez, quien luego sería titular del Ministerio de Desarrollo, aseguró el colaborador.
Monzón continúa con su narración: “Cuando llegué a San Marcos, llevaba un millón de quetzales y se lo entregaba a cada persona que, según los líderes sindicales, refiriéndome a Benedicto Cuc y al señor Pascual, eran los responsables de tener bajo su control la movilización de las personas beneficiarias de la Bolsa Solidaria para el día de las elecciones. Debo mencionar que no conocía yo a la persona a quien le iba a entregar el dinero, sino que ya eran ubicadas por los líderes sindicales que ya mencioné”.
En los lugares que visitó los líderes comunitarios se acercaron a él para que les entregara el dinero pactado. Una vez entregado, les indicaba las instrucciones de “la señora Baldetti”, para que nadie fuera a votar.
Ellos les respondían: “no se preocupe, yo no los voy a llevar a votar y no se preocupe, voy a atrasar los buses y toda la cosa”, relató.
En Quetzaltenango, Xela, lo acompañó el hijo del luego diputado y candidato a la alcaldía de ese departamento, Armando Paniagua, señaló Monzón.
EL DEPARTAMENTO CON MÁS PESO
El caso que el exsecretario de Baldetti recuerda con más detalle es un soborno que tuvo que pagar en Cobán, Alta Verapaz.
Según Monzón, alguien le dijo que “el contacto de Cobán” se lo daría “uno que fue diputado de Cobán de parte de la UNE”. La persona era Rudy Pereira y fue él quien lo llevó a negociar, dijo.
En ese lugar, Monzón platicó con una mujer cuyo nombre no recuerda, pero sí recuerda la cantidad que le pidió a cambio de cumplir con la orden de “la señora Baldetti”.
“Mire, son US$150 mil (aproximadamente Q1 millón 125 mil) para que yo no lleve a los beneficiarios de la Bolsa Solidaria a votar, yo muevo bastante gente”, le dijo la lideresa. De inmediato, Monzón informó a su jefa por un mensaje.
“Jefa, la de Cobán me está pidiendo US$150 mil”, explicó a Baldetti. “¡Ah la gran púchica! Bueno, no te preocupes, vení a traerlos”, dice que le respondió.
En efecto, Alta Verapaz era uno de los departamentos en donde la Bolsa Solidaria condicionaba los votos para el PP y fue por eso que Baldetti entregó a Monzón la cantidad solicitada para concretar el soborno.
Todas estas fueron estrategias de última hora, pues fue apenas tres o cuatro días antes de las elecciones que Monzón visitó los departamentos para asegurarse que los beneficiarios no asistirían.
POLITIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
A partir de la narración de Monzón quedan en evidencia dos fenómenos: En principio, la forma en que los programas sociales fueron utilizados como un respaldo para asegurar votos y simpatía durante la contienda electoral por parte del partido oficial, la UNE, que según el colaborador, al no poder participar en la elección apoyó a Lider.
Según los datos del Ministerio de Finanzas, en los últimos ocho años, el total del gasto ejecutado en los programas de bolsas de alimentos, comedores públicos, escuelas abiertas y transferencias condicionadas fue de Q7 mil 13 millones.
El destino de estos fondos, así como el objetivo que tomaron los programas sociales fueron cuestionados desde la gestión de Colom. Por este motivo, durante el proceso de aprobación del presupuesto 2016 para el Ministerio de Desarrollo (Mides), la Comisión de Finanzas del Congreso cuestionó la asignación de recursos a dicha cartera e incluso la necesidad de su existencia, ya que su uso político quedó develado en las pasadas elecciones.
Según el expresidente Álvaro Colom, la pobreza fue el fenómeno que motivó la implementación del concepto de Cohesión Social, la percepción fue distinta.
La ayuda se opacó por señalamientos de falta de transparencia en la planificación y ejecución de los programas, así como por indicios de que se consolidaron como una plataforma electoral para el gobierno en turno y concretamente para la candidatura de Sandra Torres, quien los dirigió y luego se divorció de Colom para participar en política.
En la última campaña electoral, el prometer la continuidad de los programas sociales constituyó un aspecto clave en el discurso de los presidenciables para garantizar el apoyo de comunidades enteras, municipios y departamentos a los que ha llegado esta ayuda.
La forma en que se politizan estos programas es un mal sabido por muchos. Recientemente, el actual ministro de Desarrollo, José Moreno, indicó que al revisar el listado de beneficiarios se evidenció la forma en que muchos de los destinatarios no son personas en pobreza extrema, sino que tienen vínculos con alcaldes, diputados u otros.
BURLAR AL SISTEMA ELECTORAL
El segundo elemento evidenciado en la narración del colaborador eficaz es la forma en que el PP burló al sistema electoral para garantizar su triunfo en los comicios. A esto se suman las estrategias de financiamiento ilícito reveladas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, por las cuales Monzón y el exbinomio presidencia enfrentan proceso penal.
Estos vicios no son exclusivos del PP y en la campaña anterior, el hastío de la población con las organizaciones políticas llegó a su límite, provocando que algunos sectores demandaran la suspensión de las elecciones y una reforma profunda a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Sin embargo, hasta ahora, ni la una ni la otra sucedió. Aunque en enero el Congreso comenzó la aprobación del proyecto de reformas políticas, en el camino se debilitó la iniciativa, dejando de lado aspectos importantes tales como la limitación de la reelección de alcaldes y diputados, la votación uninominal, la paridad de género y étnica, los controles al financiamiento privado, etc.
Mario Guerra Roldán, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha mantenido una postura de rechazo a los “arreglos” de la actual Ley Electoral, en contraste con sectores que aplaudieron la sanción a estos cambios.
Según Guerra, las reformas no han contribuido en nada a generar mecanismos de anticorrupción y garantizar que estas formas de burlar la ley no se repitan.
“Los políticos burlan la ley. Estas reformas que acaban de discutir, en el momento en que las aprobaron, ya tienen en mente cómo burlarlas”, asegura.
Guerra sostiene que siempre que continúen los mismos rostros y prevalezcan los mismos intereses en los partidos políticos, de nada sirven las leyes o reformas.
“A los que hay que cambiar son a ellos, pero ¿Cómo lo hacemos si ellos tienen la sartén por el mango? Son los que están creando las leyes y jamás van a atarse de manos, todo lo que dictan se acomoda a sus intereses”, concluye.
