POR VIRGINIA CONTRERAS
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En el marco del foro “EITI ¿Una iniciativa suficiente para la transparencia fiscal de las industrias extractivas?”, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó que 8 de cada 10 municipios que tienen algún tipo de licencia minera presenta conflicto social.
El Icefi, detalló que el contexto en el que se desarrolla la industria extractiva en el país, posee escasa regulación ambiental, falta de consenso en las comunidades, poca transparencia y cuestionables beneficios económicos y fiscales.
El Instituto añadió que el sector de minas y canteras representa menos del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales, además de no ser generadora de mayores fuentes de empleo y al analizar los beneficios fiscales que poseen, representan menos de 0.05 por ciento del presupuesto
Por ello, el Icefi considera que la iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) se enfrenta con limitaciones de carácter legal para cumplir con su objetivo.
VICIOS
Para Ricardo Castaneda, economista del Instituto, estas falencias se reflejan en el artículo 24 de la Constitución Política de la República, el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la literal a) del artículo 101 del Código Tributario, que evitan la divulgación de información sobre el pago de impuestos a terceros.
“El artículo 24 de la Constitución plantea que es punible revelar cualquier información relacionada con el pago de impuestos a terceros, por lo tanto, las empresas que participan en este acuerdo lo hacen de forma voluntaria, no se les puede obligar y se debe recordar que la transparencia no es un acto voluntario”, señaló el experto.
De acuerdo con Castaneda, la EITI evidencia que desde sus inicios en el país, ha estado marcada por vicios e incumplimientos del estándar internacional.
En tal sentido, refirió que al comenzar el proceso de la iniciativa, el Gobierno optó por invitar directamente a varias organizaciones para que se sumaran a la misma, motivo que constituyó una clara infracción de requisitos de adhesión del estándar de la EITI.
RECOMENDACIONES
El Instituto enfatizó en que es urgente transitar de iniciativas internacionales a reformas nacionales que permitan el fortalecimiento legal e institucional del marco en el que se desenvuelve la industria extractiva.
La Hora se comunicó con la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext) para solicitar su postura sobre las opiniones vertidas anteriormente, pero al cierre de esta edición, no se logró obtener la misma.
