POR KIMBERLY LÓPEZ
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El presidente Jimmy Morales se pronunció respecto a un posible acuerdo con representantes legales de la empresa holandesa APM y la Procuraduría General de la Nación (PGN), y aseguró que esta no interferirá en los procesos de justicia.
“Que haya una buena relación entre las partes no significa que se eche a perder el tema de la ejecución de justicia; se va tener el cuidado de no entorpecer nada que vaya en contra de castigar la corrupción y la impunidad”, aseguró el mandatario.
Para Morales, es normal que pueda existir un acercamiento entre las partes involucradas, tanto la demandada como la demandante.
No obstante, resaltó que si a ambas partes les resulta conveniente que las instalaciones de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) puedan funcionar, se apostaría por una opción que se orientara a eso.
Para argumentar su comentario, el mandatario hizo mención de que en ocasiones anteriores ya se han intervenido instalaciones que se han echado a perder y tuvieron un costo alto para el país.
“Siempre he abogado porque los intereses del pueblo de Guatemala, incluso el recursos económico, sea protegido”, agregó.
A manera de resumen, Morales indicó que lo ideal sería lograr que la justicia sea pronta y cumplida; que se castigue la corrupción y no se permita la impunidad; y que el Estado pueda hacer uso de las instalaciones de la Terminal de una forma transparente, para pagar las deudas que ya se están contrayendo.
Asimismo, destacó que cada una de las personas que están a cargo de este proceso legal por el Caso de TCQ, es decir la procuradora Annabella Morfín y el interventor, Alexander Aizenstatd, son funcionarios de confianza y con todas las capacidades para abanderar el proceso.
Morales dijo que considera que Morfín es una abogada respetable y conocedora de todos los temas y que por ende respaldaría la propuesta que ella plantee como mejor solución.
Abogados han opinado respecto a que un eventual acuerdo entre la PGN y APM podría enviar un mensaje de tolerancia a la corrupción.
Por ahora, no se ha programada una reunión con dicha empresa y aún se desconoce el tipo de acuerdo al que se podría llegar en aras de priorizar los intereses del Estado y no afectar el proceso judicial del Caso TCQ.
