POR GRECIA ORTIZ
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Investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) dejaron en evidencia los lujos con los que vivían Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como su entorno, durante el Gobierno del Partido Patriota (PP) que incluye contratos y beneficios para sus financistas. Sin embargo, esa vida ostentosa tuvo un alto precio que pagaron millones de guatemaltecos, quienes hoy ven comprometido su futuro por la corrupción sistémica que va más allá del gobierno del PP y que en realidad, se consolidó con el inicio de la era democrática en 1985.
Extensas propiedades, compras por miles de dólares en ropa y perfumes de reconocidos diseñadores en tiendas del extranjero, autos último modelo y tratamientos de belleza, así como un helicóptero y un avión, fueron sólo algunos de los lujos que disfrutaron Otto Pérez y Roxana Baldetti, así como sus allegados, con el dinero obtenido de manera ilícita, según la acusación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en el Caso Cooptación del Estado.
Aunque no se han judicializado casos del pasado, la práctica de Pérez y Baldetti no fue inventada por ellos, sino sólo fue una continuación de la manera en que ha venido operando el aparato estatal en su conjunto.
De acuerdo con la FECI, que imputó cuatro delitos a los exmandatarios, Pérez Molina adquirió fincas en Santa Rosa y apartamentos en Torre Condesa de la zona 14, asimismo recurrió a préstamos del sistema financiero con préstamos del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), en donde lo obtenido de forma ilícita se utilizó para cubrir gastos personales en tarjetas de crédito, viajes, lanchas, moto lanchas, motocicletas y vehículos de lujo.
Según las investigaciones, Pérez además invirtió en viviendas residenciales, en apartamento y oficinas que utilizaba junto a la exvicepresidenta. Entre 2013 a 2015, el exmandatario obtuvo un beneficio patrimonial, con un incremento de gastos y cancelaciones de deudas que no correspondían a lo que podía obtener como resultado del cargo que ocupaba, pues de su sueldo como mandatario por cuatro años devengó Q6,604,691.49 y lo registrado en sus cuentas personales asciende a Q18 millones 604,606.84.
La Feci detalló que dentro de los gastos se incluye un pago a la tarjeta de crédito para su esposa Rosa María Leal Pérez, por un total de Q356 mil en 2014, así también en 2008 y 2009 pagó a Baldetti la suma de Q71 mil 475.
Dentro de los bienes adquiridos se encuentra un vehículo Jaguar por un costo de $60 mil dólares, al que luego se le realizó un blindaje y una motocicleta Ducati modelo 2014, por un precio de Q243 mil 348. Además, se encontraron facturas por Q2 millones 451,289 que se pagaron para la remodelación de su casa ubicada en Vista Hermosa de la zona 15, entre otras excentricidades, donde destacan vehículos de lujo.
LOS GASTOS DE BALDETTI
Según la acusación del MP, Baldetti realizó diversas compras, entre estas el asta de la bandera de la iglesia Casa de Dios, cuyo valor estimado es de Q985 mil 800, ya que solo la bandera habría costado Q222 mil 716 y el asta $56 mil y el motor el resto.
La exvicepresidenta también gastó miles de dólares en reconocidas marcas de diseñador incluyendo compras en Barneys New York, Bergdorf Goodman, Burberry, Alexander McQueen, Channel, Louboutin, entre otros. Durante la audiencia también se conoció que la exvicemandataria invirtió en un tratamiento de liposucción y un trasplante para cabello. Asimismo se conoció que Baldetti llegó a cancelar en perfumerías Fetiche un monto de Q130 mil 119 sólo en fragancias.
Entre las evidencias de la Fiscalía se encuentra una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial, en la que se señala que los estados de cuenta de Baldetti superan en creces los ingresos que pudo tener como funcionaria pública.
Al año 2015 la cuentas de la exvicepresidenta registraba créditos de Q48 millones 55 mil 164. 84 y débitos de Q48 millones 699 mil 386.47. Además se reportan créditos en dólares por US$606 mil 960.95 y débitos por US$607 mil 055. 96.
La IVE también encontró pagos por notas de crédito superiores al nivel de ingresos de Baldetti.
Entre otras evidencias se encontraron facturaciones de las empresas fantasma creadas por Baldetti para manejar el dinero ilícito. Estas empresas reportan gastos en el supermercado la Bodegona, el Rincón Suizo, Gas e Inversiones Iximché, ferreterías, supermercados, comida y viajes, así como hospedajes turísticos y remodelación de viviendas.
También se encontró una factura por compra de un carro marca BMW valorado en Q228 mil y otra por la compra de un inmueble en Roatán, Honduras por al menos US$100 mil.
El MP imputó a los exmandatarios por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y asociación ilícita.
LA FACTURA DE LOS LUJOS
En los últimos ocho años, ni el crecimiento económico, ni los programas sociales han logrado detener la espiral de la pobreza, que aqueja a más del 50 por ciento de la población del país y que afecta de forma especial a dichos sectores, según reveló la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 (Encovi) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el 2014 se contabilizaron 9 millones 373 mil guatemaltecos en situación de pobreza, es decir, el 59.3 por ciento de la población, de acuerdo con Encovi. Ocho años antes, en 2006, la pobreza alcanzaba al 51 por ciento del país, lo que representaba entonces a 6 millones 625 mil individuos.
Si bien ese aumento de más de 8 puntos en los indicadores de pobreza, que suponen un incremento de 2 millones 474 mil guatemaltecos en esa condición, tiene repercusiones para todo el país, quienes resultan más afectadas son las poblaciones indígenas y los menores de edad.
La Encovi 2014 muestra que la incidencia de la pobreza entre la población indígena es de 79.2 por ciento, equivalente a un 1.7 de veces mayor que entre la población no indígena (46.6 por ciento).
Entre 2000 y 2014 hubo un aumento en el porcentaje de población en pobreza en ambos grupos, aunque el aumento fue mayor en la población no indígena que en la población indígena, con 4.7 y 1.9 puntos porcentuales respectivamente.
En 2014, los departamentos de Alta Verapaz, Sololá y Totonicapán registraron los niveles más altos de pobreza (83.1 por ciento, 80.9 por ciento y 77.5 por ciento, respectivamente), mientras que los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla registraron los más bajos (33.3 por ciento, 41.1 por ciento y 52.9 por ciento, respectivamente).
En tanto según estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), durante el gobierno del PP, que prometió controlar la inseguridad del país con «mano dura», de 2012 a 2015 un total de 20 mil 182 personas perdieron la vida a causa de heridas provocadas por arma de fuego, arma blanca, explosivo, estrangulación y linchamiento, es decir en promedio cinco mil por año.
Otro reflejo también muestra que el Organismo Judicial, emitió un total de mil 606 sentencias de 2012 a 2016, en donde 378 fueron absolutorias y 1,228 representaron las condenatorias, es decir solo una mínima logró ser vista en los tribunales de justicia, mientras las sentencias en casos por homicidio en el mismo período significaron mil sesenta y dos sentencias.
CRISIS DEL SISTEMA DE SALUD
En el informe circunstanciado correspondiente a 2015, la Procuraduría de Derechos Humanos de la (PDH) destaca que en el país no se garantiza ni siquiera un mínimo nivel de salud, así tampoco se garantiza la salud física y mental.
«La crisis del sistema de salud ha sido recurrente en los últimos años y generalizada a todo el país y a todos los servicios y niveles, lo que ha sido señalado por el Procurador de los Derechos Humanos en diversos informes, pues ha realizado constantes y repetidas supervisiones y monitoreos al sistema nacional de salud el ámbito nacional», señala el informe.
Para la PDH, la crisis se ha manifestado a todo nivel con deficiencias en infraestructura, falta de equipo médico y de laboratorio, escasez de medicamentos, insumos y recurso humano.
Naciones Unidas le atribuye a la corrupción la manera en como merman los recursos disponibles a las instituciones, y en ese sentido el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señaló que en 2015 el estado perdió alrededor de Q4 mil 200 millones, un seis por ciento del presupuesto total, sólo en actos de corrupción, y que en el presupuesto destinado a salud representa tres cuartas partes a lo asignado a esa cartera.
El caso del pequeño Mykol Morales conmocionó a la opinión pública el pasado 29 de marzo, cuando murió a causa de un paro cardiaco en plena vía pública, ya que no pudo ser atendido a tiempo en el sistema de salud; su caso se sumó al de las estadísticas de muertes infantiles, pero que no necesariamente se atribuyen a condiciones de desnutrición, aunque esa situación convierta a los menores en víctimas mortales de problemas respiratorios o digestivos.
La madre de Mykol, con el afán de sostener a sus hijos, lava ropa ajena y se dedica a la elaboración de «guaipe», ellos sobreviven con Q1,700 al mes, un sueldo menor al que se estima en la canasta básica que se estima superior a los tres mil quetzales.
La Secretaria de Seguridad Alimentaria (Sesan), estableció que en 2012, doscientos diez niños murieron a causa de desnutrición aguda, en 2013 fueron 219, en 2014 disminuyó la cifra a 175 y en 2015 se registraron 183 decesos por esa condición.
EDUCACIÓN LIMITADA
El contraste de la opulencia de los gobernantes también contrasta con cifras del Ministerio de Educación que revelan que solo un 43 por ciento de los niños acuden a la escuela preprimaria, solo el 81 por ciento acuden a la primaria, y en básicos la cifra disminuye para ser un 47 por ciento.
Un millón 600 mil jóvenes entre las edades de 13 a 24 años no asistirán este año a las escuelas e institutos nacionales, porque se encuentran fuera de la cobertura del sistema de Educación, según afirmó el ministro Óscar Hugo López.
En cuanto a las deficiencias en instalaciones, se estima que más de 1 mil 700 no tienen la categoría de escuelas, porque son estructuras consideradas como «champas» y que carecen de las condiciones necesarias para impartir clases.
Esa situación lleva a que el Ministerio de Educación estime que en el 2030, hasta 3 millones de personas, entre los 13 a 24 años, no tengan acceso a la educación, lo que generaría vagancia, drogadicción y violencia.
En promedio, los guatemaltecos tienen solo 4.8 años de estudio, lo que significa que no se llega a estudiar el quinto grado de primaria, por eso «todos los que tienen más cursos, son privilegiados».
CORRUPCIÓN NO ES NUEVA
Para Jorge Wong, del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, es evidente que las condiciones en las que se encuentra el país no necesariamente corresponden solo a los actos de corrupción descubiertos recientemente, sino al problemas sistémicos que tienen que ver con el gobierno del Partido Patriota y todos los anteriores.
El experto ejemplificó que uno de los casos en los que podría existir corrupción es en la adquisición de las «bolsas solidarias», que se constituyeron como programas sociales en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, y que no ayudaron a combatir la pobreza, pero que sí beneficiaron a proveedores de alimentos.
De acuerdo con el experto, esta situación sólo demuestra que la corrupción es un problema sistémico, que necesita de soluciones contundentes.
Wong dijo que el Caso de Cooptación del Estado «abrió la caja negra» y se descubrió cómo funcionaban los partidos políticos en Guatemala con el amparo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos a conveniencia
La autonomía del TSE, para el experto, es una situación que debería ser cuestionada pues en papel se ha mantenido, pero la realidad denota otra verdad: «El tribunal estuvo viendo como pasaba todo, y una de dos o hizo bien su trabajo, o tuvo que callar la boca o simplemente las herramientas no les dejaron hacer y se conformaron con lo que los partidos políticos les daban».
Pero además agrega que la responsabilidad es compartida: «Creo que como ciudadanía tenemos un poco de culpa por dejar que estás cosas pasaran».
GUATEMALA: UN PAÍS RICO, PERO DISTRIBUIDO ENTRE LOS CORRUPTOS
«Cuánta gente se pudo haber beneficiado de los recursos públicos, y cuanta gente hubiese podido tener un mejor destino y no haberse muerto, ¿Cuánto dinero se invierte en los programas sociales?», se cuestionó Ronalth Ochaeta, especialista en políticas públicas, sobre los recursos desfalcados al Estado.
Ochaeta afirmó que el dinero obtenido a través de la corrupción, se podría haber empleado a favor del país pero no se hizo, lo que contrasta con que la clase media disminuyó y aumentó la pobreza extrema. «Guatemala es un país rico, pero distribuido entre los corruptos», indicó.
El tema para el experto radica en que el sistema político está capturado por corruptores, y es hasta ahora que se tiene un MP fortalecido por el que se ahora se obtienen resultados.
Al que igual que Ochaeta, Lizandro Acuña del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac, apuntó que la corrupción e impunidad son dos flagelos que se acompañan y que repercuten en la democracia y gobernabilidad de un país, que se muestran en un declive en las instituciones del Estado.
«Prácticamente si se tiene un Estado débil con un presupuesto debilitado, obviamente las instituciones no van a responder a las necesidades básicas de sus ciudadanos, en garantizar el acceso a la justicia, salud, seguridad, el trabajo que consiste en el desarrollo, se beneficia solo un determinado sector», enfatizó.
Estas estructuras paralelas, de acuerdo al entrevistado, han utilizado al Estado como un sistema de protección para poder ejercer acciones al margen de la Ley que afectan a toda la población.
PUENTES Y CARRETERAS DE MALA CALIDAD
A criterio de Carlos Martínez, analista económico independiente, la inefectividad de la gestión pública para generar un desarrollo en la población más pobre necesitada de salud, seguridad y alimentación es producto en gran medida de la corrupción.
«Este no es un fenómeno nuevo, por supuesto que podríamos decir que el gobierno de Otto Pérez Molina es el más corrupto de toda la era democrática, pero no solo es ese, hay hechos que aún o se han cuantificado», destacó.
Los señalamientos o cuestionamientos a su parecer también lograrían alcanzar los últimos gobiernos en donde se construyeron puentes y carreteras de mala calidad, «la corrupción ha afectado en todos los ámbitos, la inefectividad de la gestión pública para tener mejor seguridad, educación, salud, se deben a la extendida corrupción que hay en el país».
