Por Redacción La Hora
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En una entrevista a la cadena internacional de noticias CNN, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, expresó que tenía conocimiento de que existe un plan para atentar en su contra, por lo que a criterio de analistas el Estado tiene la obligación de garantizar las funciones de Aldana, sin que exista presión alguna.
Aldana explicó que el Ministerio Público junto al Ministerio de Gobernación establecieron la posibilidad de que estructuras del crimen organizado en Guatemala, planeen un atentado en su contra. Esa información se obtuvo a través de los métodos especiales de investigación, a los que han tenido acceso.
La jefa del MP agregó: “Voy a regresar a Guatemala en unos días y espero que el Estado me dé esa absoluta garantía para ejercer mi función sin ningún tipo de presiones”.
La funcionaria expresó que las razones para que se orqueste el posible atentado, se deben a que “por primera vez en la historia estamos desarticulando estructuras incrustadas en el Estado guatemalteco”.
Por otro lado, destacó que dentro de las acciones que se han implementado, Jorge de León Duque procurador de los Derechos Humanos (PDH), solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares para ella y su familia tras las amenazas que ha recibido.
GARANTIZAR SEGURIDAD
El pasado 22 de junio, el vicepresidente Jafeth Cabrera reaccionó ante las campañas de desprestigio y ataques contra la Fiscal. En esa oportunidad Cabrera como el presidente Jimmy Morales expresaron su total respaldo a la Fiscal, al tiempo que calificaron los ataques como “cobardes”.
En ese sentido Helen Mack de Fundación Myrna Mack opinó, que es necesario ofrecer garantías a la Jefa del MP, teniendo en cuenta que se están realizando acciones jurisdiccionales en donde Aldana dirige las acciones de investigación y persecución penal.
“En este caso es responsabilidad de la Fiscal la investigación y persecución penal, y no por ello estás personas que cooptaron el Estado que todavía tienen algún poder, están ejerciendo esa presión para que ella se inhiba y que el miedo la paralice y ya no continúe con la investigación”, lo que va en detrimento de los guatemaltecos.
Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (Ipnusac), al igual que Mack, considera que el Estado es el responsable de garantizar la seguridad de los operadores de justicia, en donde ambos recordaron las amenazas que denunció el Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, hace unos días, y que interfieren en sus funciones.
