POR GRECIA ORTÍZ
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El Sistema Penitenciario (SP) afronta en los últimos años una crisis de hacinamiento, corrupción y descontrol que lo convierte en una bomba de tiempo, según lo manifestó Zoel Franco, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICPP).

¿A qué desafíos se enfrenta el Sistema Penitenciario?
Son desafíos del SP, pero también del sistema de justicia en su conjunto. Uno de los retos que se le presentan a la actual administración del Ministerio de Gobernación es implementar un proceso de selección, para el nombramiento de las personas que van a ocupar los cargos de dirección, pues no se tiene establecido un sistema de selección de personal.
Tampoco se tiene el tema de la carrera penitenciaria y es algo que está establecido en la Ley y no se ha implementado, eso limita muchas cuestiones, es uno de los grandes desafíos porque no permite tener un sistema fortalecido e integrado.
El hacinamiento es un elemento que debe integrar al SP, al Organismo Judicial, la Defensa Pública Penal y el Ministerio Público para empezar a revisar las medidas. Ahora más o menos el 49 por ciento de la población o casi la mitad de la población está en condición preventiva, y ese es el otro problema.
Retomar el control efectivo de las cárceles logrará que no quede en manos de grupos paralelos que funcionen en las cárceles y que finalmente eso ha hecho que se convierta en un botín por los negocios que funcionan a lo interno, lo que no podemos negar.

¿Existe un abuso de la medida de prisión preventiva?
Se limita la posibilidad de otro tipo de medidas que no sean la prisión preventiva. Hay personas que hasta pasan dos años en prisión preventiva y, cuando en su caso no se tiene una sentencia libre, se eleva a una tercera instancia, por lo que muchas personas pasan hasta cuatro años en prisión y no puede seguir siendo así. El sistema debe ser más ágil y con la posibilidad de revisar los artículos como el que limita el uso de medidas no privativas de libertad.

¿Se beneficia la corrupción en los centros de detención con la falta de controles?
Hay mafias dentro de los centros de privación, entonces obviamente lo que sucede al no tener el control es que fácilmente se facilita la corrupción a lo interno de todo el sistema penitenciario, porque, por ejemplo, para entrar a hacer requisas hay que entrar a negociar.
El Ministerio de Gobernación ha estado intentando cambiar eso junto a las mismas autoridades del SP, pero siempre cualquier tema que sea controlado por estructuras a lo interno o estructuras criminales favorece a la corrupción.

¿Qué consecuencias se esperarían si continúa aumentando el hacinamiento?
El Sistema Penitenciario es una bomba de tiempo, una olla de presión que en un momento va a explotar sino se le toma en serio. El año pasado, según la Procuraduría de los Derechos Humanos, hubo muertes violentas en los centros de privación de libertad y eso es una alarma que hay que tomar en cuenta. Al principio de este año lo que sucedió en Izabal, lo de Granja Penal Canadá, y lo que ha sucedido en años anteriores, por ejemplo en el Boquerón Santa Rosa. Los centros de privación son una bomba de tiempo, va a explotar y lo que va a cobrar son vidas.

¿Por qué no se logra reintegrar a la sociedad a los privados de libertad?
La idea es que siempre tengan procesos sostenibles para lograr rehabilitar a las personas, pero eso no se logra en Guatemala. La cárcel de por sí, sea bonita o sea mala, siempre va a ser un espacio en donde se pervierte más a la persona, por eso tiene que permanecer el menor tiempo posible y con procesos adecuados de rehabilitación en las cárceles.

¿Existen programas de rehabilitación en los centros de privación de libertad?
No hay programas, usted pregunta qué programas hay, no hay programas de capacitación de formación para el trabajo, educación, el tema de la reestructuración del ámbito familiar queda roto con la privación de libertad. Debería haber un protocolo en donde los papás puedan ver a sus hijos, créame, les afecta ver a sus hijos, imagínese que va a pasar 25 años ahí y ni siquiera ve a su hijo. No hay programas para que ellos generen ingreso, por lo tanto no consiguen ser un soporte para la familia.
Ahora estamos viendo que la gente que tenía que invertir en seguridad y desarrollo se robaba el dinero, entonces no invirtió en las cárceles, si no invirtieron en políticas públicas usted va a ver que la cárcel es la reproducción de lo que somos en Guatemala y aquí se ven los estratos, hay cárceles con privilegios que no están con la misma población y se siguen manteniendo privilegios, eso nos debiera preocupar.

¿Es correcto que existan estas cárceles con privilegios?
Desde nuestro punto de vista, no es correcto, porque va contra la misma ley. Las cárceles deben ser de carácter civil y no militar. Por otra parte, en lo práctico, genera una falta de control del sistema penitenciario porque están en una base militar en donde quien manda es el jefe de la base militar. El mismo director del Sistema Penitenciario ha manifestado que les cuesta administrar ese tipo de cárceles porque prácticamente están fuera del ámbito del Sistema Penitenciario y por lo tanto no se sabe que es lo que está pasando adentro, muchos hablan de privilegios.

¿Por qué es necesaria la clasificación de los privados de libertad por pena y por delito?
Mire eso es con fines de atención para la rehabilitación, si no se conoce el perfil de la persona que está rehabilitándose no se le van a poder implementar programas de atención para la rehabilitación. Con eso se debe trabajar, no es para revictimizar, se debe clasificar para integrar programas de clasificación.

«Uno de los retos que se le presentan a la actual administración del Ministerio de Gobernación es implementar un proceso de selección, para el nombramiento de las personas que van a ocupar los cargos de dirección, pues no se tiene establecido un sistema de selección de personal».

«El sistema debe ser más ágil y con la posibilidad de revisar los artículos como el que limita el uso de medidas no privativas de libertad».
ZOEL FRANCO

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