POR REDACCIÓN LA HORA
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En el octavo día de audiencia de primera declaración del Caso Cooptación del Estado, cuatro sindicados rechazaron los señalamientos del Ministerio Público en su contra, desestimando el testimonio del colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón, y las pruebas documentales aportadas por la Fiscalía.
Luis Fernando Montiel Dávila, abogado y notario que escrituró la compra de propiedades de Otto Pérez Molina, dijo no entender la imputación en su contra, ya que solamente ejerció su función notarial.
«Realmente pienso que el MP, en su afán de hacer bien su trabajo, se lleva hasta a los notarios (…) Me parece injusta, incorrecta la actitud del MP porque me hace daño, todo lo he hecho bajo el orden de la Ley», señaló.
Montiel Dávila dijo que en 2008 creó Grupo Pixel a solicitud de Lisette Pérez Leal, hija del expresidente, el cual se utilizó para lavar dinero, según el MP.
Sin embargo, el abogado dijo que para crear estas empresas no incurrió en trámites ilegales y que no sospechó de la buena fe de sus clientes porque la familia Pérez Molina es «poderosa» y tiene capacidad económica.
«Grupo Pixel no es una sociedad de fachada, he visto a todos los empleados», afirmó.
Así mismo, Rafael Cetina Gutiérrez, también abogado y quien está vinculado a la estructura criminal por las escrituras que firmó para la exvicepresidenta Roxana Baldetti, señaló que «ser notario no es ser delincuente».
Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, quien se presume que aportó más de Q2 millones de origen ilícito para la compra de lujosos regalos de cumpleaños para Pérez Molina, realizó una detallada explicación de su trabajo al frente de la cartera, cuando se implementaron distintos proyectos que ayudaron al país, dijo.
El exfuncionario aseguró que fue transparente en su gestión. «Aquí he estado siempre a disposición de los órganos jurisdiccionales. Hubo más de 500 auditorías en el Mingob. Aquí hay una presunción de culpabilidad y no de inocencia», indicó.
Como otros implicados, López Bonilla criticó el testimonio del colaborador eficaz del MP, Juan Carlos Monzón: «Lo que dice Monzón es la verdad absoluta, pero no cuadran sus números con la imputación que hace el MP», señaló.
Él dijo que las investigaciones del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala «parecen juicios de inquisición» y que «ese es el costo de ser funcionario público». Aun así, afirmó que «confía en la majestad de la Ley».
Gustavo Alejos Cámbara, supuesto financista del Partido Patriota, explicó en forma breve que su aporte a la organización política fue en especie y que lo hizo con dinero de sus cuentas bancarias personales.
Alejos dijo que las empresas a través de las cuales hizo la donación no son de cartón y que a pesar de que entregó los fondos a Monzón, cree que no llegaron al partido, fueron robados por el colaborador eficaz.
En tanto, Dani Gento Crowel Mayorga, contratista del Estado que presuntamente pagó comisiones para ganar un evento de licitación de Q10 millones, dijo que no existió un arreglo previo y que su empresa participó en condiciones justas con otras compañías.
El juez a cargo del caso, Miguel Ángel Gálvez, suspendió la audiencia a las 13:00 horas y citó a los implicados para el próximo lunes, cuando se espera que pasen a declarar Baldetti y Pérez Molina.
