POR REDACCIÓN LA HORA
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De enero a mayo, el Congreso de la República pagó Q3 millones 065 mil 811.90 en concepto de salarios mensuales a 173 empleados contratados bajo el Renglón 011 desde 1983 al 2015, quienes forman parte de los 71 grupos familiares de trabajadores, diputados y exdiputados, según un informe interno de ese organismo.
El documento detalla que nueve diputados contrataron a sus parientes en el Legislativo. Entre estos destaca Manuel Barquín Durán, de la anterior legislatura, quien compartía la institución en la que trabajaba con siete miembros de su familia.
El clan de Barquín Durán significaba una inversión de Q89 mil 254.54 para el Congreso.
César Fajardo Morales, quien hasta hace uno días era parte de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), es el segundo congresista con más familiares en el Congreso.
Según el informe, por los salarios de los cuatro trabajadores la institución paga Q55 mil 742.5.
Los otros diputados con al menos un familiar en el Congreso son: Francisco Tambriz y Tambriz, Manuel García Chutá, Roberto Villate Villatoro, Oliverio García Rodas, Rodolfo Castañón Fuentes, Sergio Celis Navas y Elsa Leonora Cu Isem.
Además, en el listado de clanes se encuentran parientes de la directora legislativa, Ana Isabel Antillón; director de protocolo, Víctor Jaroslav Aburez García; la contralora general, Hilda García Roldán y el secretario del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, Alfredo Tumax Cayax.
CLANES BAJO LA LUPA
Después de que la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció penalmente a las Juntas Directivas 2014 y 2015, que presidieron los congresistas Arístides Crespo y Luis Rabbé, el departamento de Recursos Humanos entregó a la directiva de Mario Taracena un informe que evidencia las parentelas que trabajan en las diferentes unidades del Organismo Legislativo.
El Departamento de Recursos Humanos registró 71 clanes familiares en dicha entidad, pese a que un informe de la CGC encontró 160, según la auditoria entregada al Congreso el 30 de mayo pasado.
La diferencia, según el tercer vicepresidente, Rudy Castañeda, se debe a que no existe “certeza” si todos los grupos familiares señalados por la CGC son verdaderamente parientes.
El diputado Castañeda dijo que independiente la cantidad total de familias, la Junta Directiva solicitará a todos sus trabajadores que presenten una declaración jurada en la que hagan constar si tienen o no familiares contratados en ese organismo de Estado y con base en ello analizará pedir la renuncia voluntaria de los mismos.
Ayer, en su cuenta de twitter, el presidente Mario Taracena informó que, de conformidad con la nueva Ley Orgánica del Legislativo, empezará el proceso de remoción de familiares de diputados y empleados, pero Castañeda explicó que esto no puede hacerse sin la autorización de un juez, ya que los sindicatos de esa institución han denunciado la violación de los derechos de los empleados ante la Corte de Constitucionalidad y el tema está bajo estudio.
