POR VIRGINIA CONTRERAS
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El Movimiento Pro Justicia supone que existen grandes retos en cuanto a la implementación de la Ley de Equipos Terminales Móviles, derivado de un análisis realizado por ese grupo, en el cual se evidencia que, entre otras cosas, la Superintendencia de Telecomunicaciones no ejerce ninguna supervisión sobre los registros de comercializadores, importadores, vendedores y distribuidores.
Según Pro Justicia, los hallazgos se dieron luego de que fueran supervisados 357 locales y se demostró que el 54 por ciento no cuentan con la constancia de la licencia para operar de forma visible, situación que se dio solo en el área metropolitana.
FALENCIAS EN EL SP
La directora de la organización, Carmen Aída Ibarra, indicó que en el caso del Sistema Penitenciario (SP), las falencias en este tema continúan, puesto que las llamadas por extorsión continúan saliendo de los centros carcelarios por la falta de control en el registro corporal para las personas que ingresan a estos lugares, siendo los procedimientos vigentes y deficientes.
En este sentido, señaló que las autoridades encargadas no cumplen con individualizar el delito de ingreso de celulares, en cuanto a las visitas, abogados, guardias o funcionarios del sistema, que de alguna manera colaboran con los privados de libertad.
Ante estos señalamientos, Luis Carlos de León, director del SP, indicó que continúa el bloqueo de señal por parte de las telefonías y están trabajando en reforzar la seguridad en los centros penitenciarios para evitar el ingreso de celulares.
SUBREGISTRO
Ibarra, además, destacó que se ha encontrado un subregistro en las denuncias de robo de celulares, ya sea porque la población no confía en las autoridades o prefieren no iniciar procesos penales, por ser trámites que demandan tiempo por parte del usuario.
