Por Grecia Ortíz
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El titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano, expuso ésta mañana tras una citación efectuada por el bloque Alianza Ciudadana, que unos Q3 mil millones sería el monto del adeudo tributario en tribunales.
Solórzano señaló que existe un estimado en adeudo tributario de más de Q3 mil millones, que se encuentran en disputa en diferentes instancias del sistema de justicia.
Los casos van desde el ámbito penal hasta lo económico coactivo, explicó el funcionario, en referencia a los procesos que incluso datan desde hace unos 20 años.
“-La cifra-, para nosotros es un rango muy grande. Para poder empezar a ser efectivos, esos cerca de tres mil millones, sin duda alguna eso requiere un esfuerzo muy grande la Intendencia de Asuntos Jurídicos y lo estamos trabajando”, dijo.
Asimismo añadió que para lograr recuperar esta cifra, se está fortaleciendo la institución con más abogados y se está trabajando en conjunto a Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para determinar la mora de muchos casos que no han logrado avanzar y que les permitirá determinar cuáles pueden ser las medidas a tomar.
Solórzano aseguró que la cifra se mantiene en cambios constantes, pues hay entidades que han buscado efectuar convenios de pago para solventar su situación. “Son varias áreas en las cuales estamos trabajando para lograr recuperarse, o en este caso defendernos de algunos argumentos”, explicó.
En tanto el funcionario lamentó que existan procesos en los tribunales, incluso de la década pasada: “Nuestro sistema judicial sabemos que está muy cargado de muchos tipos de casos, lamentablemente debo admitir que si se dan ese tipo de procesos hay muchos casos de la década del 2000 y algunos otros ya se han presentado de 2010 a la fecha”.
En cuanto a la brecha fiscal, el funcionario explicó que hasta finales del mes de mayo existía una brecha fiscal en tributación de un estimado de Q216 millones, aunque la misma podría variar a la fecha.
Por otro lado a la reunión también acudió Carlos Mencos, titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), con diputados del bloque Alianza Ciudadana, que cuestionaron la concesión de la carretera Palín Escuintla a la empresa Marhnos y que se tiene previsto finalice en 2023.
En tanto Mencos, destacó por otro lado que se ha detectado a través de auditorías que existen parlamentarios que han realizado cuestionables contrataciones de personal, incluyendo amigos, familiares y allegados.
Finalmente apuntó que en los últimos días se han enviado a la Procuraduría General de la Nación 17 contratos, para su evaluación, “se están evaluando contratos de usufructo oneroso que están en las portuarias, y otros, pero no precisó en detalles sobre esos procedimientos.
